SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, denunció que tras la emisión  de un reportaje en el que reseñó las auditorías llevadas a cabo por la Cámara de Cuentas a los partidos políticos en 2008, surgen testimonios de personas que aseguran no ser beneficiarios de los cheques que, según el organismo fiscalizador, fueron entregados por algunas de las organizaciones.

Luis José Ramos Castillo, uno de los supuestos beneficiarios, aseguró estar “sorprendido” al ver su nombre publicado junto al de otras personas que supuestamente recibieron cheques del Partido Popular Cristiano por concepto de apoyo logístico.

De acuerdo con los datos arrojados por la auditoría de la Cámara de Cuentas, la suma entregada a Ramos Castillo ascendió a RD$248,000.

El parido no entrego la documentacion justificativa, ademas de que dichos fondos no fueron depositados en una cuenta a favor del candidato.

”Yo me sorprendí, porque nunca he visto ese cheque en mis manos” afirmó Castillo.

Asegura que por algún tiempo se relacionó profesionalmente con esa organización política pero nunca sus honorarios ascendieron a ese monto.

“De esa cantidad yo no he recibido cheques de ese partido, si recibí un cheque de 10 mil pesos para un trabajo publicitario, porque yo tengo un programa y en ese entonces tenia un programa, yo soy periodista y cualquiera que se acerque a mi yo le hago cualquier publicidad pero no de ese monto” afirmó.

La abogada Laura Acosta afirmó que “en ese caso hay dos niveles de responsabilidad, el relativo a las personas responsables del manejo de esos fondos dentro del partido político, frente al estado dominicano que es quien le provee esos fondos públicos”.

Acosta sostiene que estos casos deben ser investigados, “si existieron maniobras fraudulentas como usurpar la identidad de personas, falsificar documentos, si eso se comprueba, para poder cobrar dinero por otra persona, entonces ahí hay una responsabilidad frente al estado dominicano”.

Según denunció El Informe otro joven que se encuentra en los Estados Unidos  llamó negando que cobrara un cheque por un monto de RD$331,000 emitido por el Partido Demócrata Popular, por alegadamente haber colocado unas vallas.

En este caso la Camara de de cuentas dijo que no se solicitaron cotizaciones a otras casas comerciales.

La institución también dijo que no se indican los lugares donde fueron instaladas las mencionadas vallas ni se presenta la documentacion que evidencia su recepcion por parte del partido.

Tras investigar sale a la luz que esos 331 mil pesos fue el monto fue entregado a una financiera para el saldo de una deuda del presidente del PDP, Ramón Nelson Didiez Nadal.

La abogada Laura Acosta asegura que la auditoria realizada por la Cámara de Cuentas debió ser entregada al ministerio público para que ampliara las investigaciones.

El artículo 145 del Código Penal establece que "Será condenado a la pena de reclusión mayor, el empleado o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometiere falsedad, contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rúbrica, alterando la naturaleza de los actos, escrituras o firmas, suponiendo en un acto la intervención o presencia de personas que no han tenido parte en el, intercalando escrituras en los registros u otros actos públicos, después de su confección o clausura".

La fecha en la que supuestamente fue entregado el cheque es algo que llama la atención de Ramos Castillo. Según la Cámara de Cuentas el monto fue pagado el 25 de mayo del año 2008, nueve días después de haber concluido las elecciones.

El artículo 405 del Código Penal, sobre estafa dice que "…Cuando los hechos cometidos sean en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables serán castigados con pena de reclusión menor si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la reclusión mayor si alcanza una suma superior, y, en ambos casos, a la devolución del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de ese valor, no mayor del triple del mismo".

Ramos Castillo, quien también dice ser dirigente peledeísta asegura no se quedará de brazos cruzados.

”Tengo que tomar acciones legales, porque mi nombre no puede andar por ahí, hay una auditoria, ahora esta eso parado pero tu no sabes si en un momento determinado a mi me pueden llamar”, expresó Ramos Castillo.

La Cámara de Cuentas envió a la Junta Central Electoral, organismo encargado de regular a los partidos políticos,  los resultados de las auditorias realizadas a 22 organizaciones. Las mismas revelaban que se habían gastado más de 600 millones de pesos sin los soportes correspondientes.

Según Roberto Rosario, presidente de la JCE,  “lo que ocurre es que desde el punto de vista de ley, la junta no tiene capacidad jurídica para intervenir más que en los momentos en que los partidos ejecutan el gasto en los periodos electorales”.

”Ahora que hace la junta con esa información, ustedes mismos la solicitan, que hacen, la solicitamos, una vez la cámara de cuentas emite un dictamen, es decir ya da un resultado, los hallazgos que se produzcan en esa auditoria, corresponde darle seguimiento al Ministerio Público y al orden judicial, si es que se detectara que en el manejo de esos recursos públicos ha habido alguna irregularidad que implique un dolo” dijo Rosario.

Rosario considera que  “si la irregularidad no tiene consecuencias dolosas, es decir que a su vez pudieran generar sanciones penales pues no tiene que ir alla, solamente se aplicarían medidas correctivas a lo interno pero si hay acciones dolosas es decir mala utilización de los fondos que le han sido asignados en otra función que no es lo que establece la ley, entonces si pudiera ir a un juzgado de primera instancia si correspondiera para conocer de esos casos”.

“Lo que quiero decir es que una vez concluido el periodo electoral y una vez emitida la proclamación ya ese tema sale de lo que es el ámbito de la Junta Central Electoral, lamentablemente es así” dijo Rosario.

Los resultados de las auditorías tienen fecha del 2010, dos años despues de las elecciones, pero nadie se había interesado por ellas. Acosta asegura que tanto la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República y la propia Junta Central Electoral debieron remitir dichas auditorias al ministerio público, para que investigara los indicios de irregularidades hallados en las auditorias.

Roberto Rosario dijo que “si me generó preocupación el contenido de esos informes pues tenia que tomar una acción, la que podía tomar conforme a la ley era simplemente establecer reglamentaciones que transparentaran el uso de esos recursos.”

Lo que Acosta califica como una irresponsabilidad “Eso es una irresponsabilidad, eso es una irresponsabilidad, que un funcionario publico que tiene la obligación de auditar y de verificar el uso de esos fondos que tiene la obligación de remitirlo a otro organismo de control para que audite y que ademas tiene la obligación en el código procesal penal de denunciar cualquier hecho fraudulento, y que diga que le sorprende, es una irresponsabilidad”.

La jurista insiste en que pese a no haber hallado elementos que comprometan la responsabilidad penal de los involucrados, el hecho de encontrar indicios de irregularidad, es razón suficiente para remitir dichos expedientes al ministerio público.

El Informe intentó comunicarse con José Peguero Méndez, presidente del PPC, partido que emitió el cheque a nombre de Luis José Castillo, pero “Nos dieron todo tipo de pretextos, desde que se estaba dando un masaje, hasta que estaba en el interior y luego que sencillamente no estaba”.

Acosta señala que aun es posible sancionar aquellas irregularidades que constituyan infracción penal del año 2008, dependiendo de la infracción cometida y del tiempo de prescripción de cada delito.