En la República Dominicana el comportamiento de las autoridades fue y sigue siendo similar a la mayoría de autoridades en los países, con intervenciones reactivas, improvisadas, erráticas y en ocasiones desacertadas. En el inicio de la Pandemia hubo intento de sesgos en relación al acceso a las pruebas y "mejor tratamiento", en beneficio de grupos sociales que siempre han sido privilegiados y en perjuicio de los que no tienen cuotas de poder político, económico o social; incluso llegó a plantearse un costo a la población para poder realizar las pruebas en laboratorio privado, de suerte se produjo una oportuna rectificación, pasando el Estado a asumirlas y subsidiar a las Administradoras de Riesgos de Salud, ARS.

Durante los tres primeros meses de la pandemia, la situación fue horrible, se realizaron tres procesos electorales, uno fallido y dos realizados en medio de la expansión de la enfermedad. Fue desbastador ver por los medios de comunicación a personas demandando pruebas y tratamiento sin respuestas, fallecían en sus casas sin auxilio, fueron muy triste los videos y reclamos de familias indefensas sin poder recibir atención para sus parientes, constituyo un sufrimiento colectivo e impotencia y, una vergüenza social que evidencia la incapacidad de un sistema sanitario incapaz, desigual e inequitativo y hasta insensibilidad de la clase política nacional, aunque digan lo contrario.

Se politizo negativamente el proceso para abordar la situación, tanto por las autoridades y también por la oposición, unos y otros jugaron con la salud de la población poniendo en grave riesgo la misma, por haber desarrollado dos (2) procesos electorales en fase crítica de expansión de la pandemia, sin tomar todas las medidas y sin crear condiciones pertinentes y necesarias para la prevención y el control de la pandemia.

Es evidente el hecho, de que las autoridades no asumieron la responsabilidad de suspender las 2 últimas elecciones, por temor a la presión política y social en el momento, por las grandes movilizaciones sociales que se produjeron en contra del gobierno cuando fue suspendida la primera elección. Mientras, la oposición política se limitó a negar la existencia o la gravedad de la pandemia, argumentando que la intención de las autoridades vigentes de suspender las elecciones era para seguir gobernando de facto.

Otro elemento a destacar fue la indefensión y desamparo en que quedo la población que no estaba afectada por el virus, pero necesitaba la atención a otras patologías, fue penoso ver la denegación y cierre de servicios y atención,  sobre todo en el sector privado, porque en los inicios de la pandemia pocas clínicas y consultorios privados atendían a los que requieren un cuidado, un diagnóstico y tratamiento, salvo contadas excepciones. Una clara demostración de la necesidad de un sistema de salud público, universal y gratuito.

Mientras, las instituciones reguladoras emitían resoluciones que no se cumplían y no hubo nunca régimen de consecuencia para la denegación de servicio. En cambio, desde el sector privado, una vez abrió sus clínicas, establecieron que para realizar cualquier procedimiento médico, los pacientes deberían tener la prueba PCR realizada, como requisito obligatorio y hacer un pago adicional por equipos y materiales de bioseguridad, cuyo monto es a discreción del proveedor del servicio.

La irresponsabilidad adquirió una dimensión casi colectiva, en los partidos políticos, realizando actividades proselitistas multitudinarias, en las que no había forma alguna de mantener el distanciamiento social. Sin embargo, paradójicamente se establecieron medidas de seguridad militarizando los territorios con aplicación más rigurosa en los barrios más pobres de las ciudades, sin que estas medidas estuviesen acompañadas de intervenciones sanitarias eficientes para la prevención y contención del virus.

Antes al contrario, la militarización fue excusa para reprimir, maltratar y hasta dar muertes a ciudadanos de un conglomerado angustiado, estresado y en pánico frente a la incertidumbre de no saber, cómo podrían sobrevivir ante la emergencia sanitaria por la que tenían que estar confinados en sus hogares, cuando al mismo tiempo carecían de los recursos básicos para la vida cotidiana, recursos entre los cuales están el agua, los alimentos, energía eléctrica y una vivienda digna para evitar el hacinamiento.

La mayoría de esas personas, para suplir medianamente las tres primeras necesidades mencionadas, tenían que salir cada día a trabajar en el sector informal o en empleos precarios. Eran demasiadas preguntas sin respuestas en un micro y macro entorno asfixiantes cargados de incertidumbres y desamparo, frente a un grave problema de salud que por nuevo, en lo inmediato, también sin respuestas certeras desde la comunidad científica del mundo.

En medio de tantas incertidumbres, parecería que no importaba para ningún sector político el costo sanitario de las marchas, caravanas partidarias y las otras movilizaciones sociales, en efecto, previo y posterior a la última elección se produjo un incremento considerable de personas contagiadas y muertes por efectos del CORONAVIRUS, con una tasa de positividad que llegó a más de un 30 % , no obstante el subregistro.

La demanda poblacional para realizarse la prueba PCR experimento un incremento frente al cual el sistema sanitario no pudo responder y la oferta de camas de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, fue también insuficiente en ese momento crítico, la sobrecarga de trabajo en el personal sanitario, poco margen de protección para los mismos y los graves problemas de precariedades económicas y sociales en las condiciones de vida de la mayoría crearon una situación agobiante, desesperante y frustrante en el país.

Una vez el gobierno de turno perdió las elecciones, en medio de la grave crisis de credibilidad, marcado deterioro ético que venía arrastrando y una deslegitimación social profunda, se intensifico la irresponsabilidad gubernamental al no tomar medidas más drásticas y eficaces de contención y mitigación de la pandemia. Esto contrasta con algunas medidas importantes de gestión de la crisis aplicada en el ámbito de la protección social, antes de las elecciones.

Luego de las elecciones se continuó priorizando las medidas para la atención de casos: la habilitación de mayor número de camas COvid 19, más camas de UCI y dotación de EPP. También se aumentaron las pruebas diagnósticas, medidas que pueden considerarse como positivas, pero no hubo cambio en la estrategia general frente a la pandemia.

Entre los mayores afectados por la pandemia destacan los trabajadores (la mayoría de los cuales son del sector informal de la economía) y los trabajadores de salud. Se llegó a perder o cerrar más de 20,000 mil puestos de trabajo en el sector turismo y en los trabajadores del arte y espectáculos públicos; los trabajadores a cuenta propia tuvieron que cerrar, las trabajadoras domésticas fueron enviadas a sus casas, algunas con apoyo de su empleadora, pero la mayoría sin apoyo a pesar del grado de vulnerabilidad económica y social de estas.

De gran impacto social fueron los fallecimientos tanto de envejecientes, con graves repercusiones emocionales al interior de las familias, de figuras públicas de mucho arraigo social y también de los no famosos.

Los trabajadores de los servicios de salud fueron afectados considerablemente, falleciendo cientos de estos (ha sido difícil encontrar datos exactos) solo entre medicxs, enfermerxs y bionalistas han fallecidos más de 100. Al inicio no se les dotó de los equipos de protección personal para la bioseguridad adecuada, han sido sometidos a extensas jornadas laborales en condiciones de precariedad; solo en 4 establecimientos de salud se crearon las condiciones mínimas de protección ya finalizando el segundo mes, más adelante se fue regularizando la situación en todos los establecimientos designados para COvid 19.

Actualmente ha habido un descenso en los principales indicadores; sin embargo, las precariedades en que viven la mayoría de la población, las carencias y necesidades de bienes básicos para una vida social, biológica, fisiológica y culturalmente digna, solo se vislumbra como una utopía en medio de la situación, por consiguiente, poseer los altos niveles de defensa necesarias para enfrentar el virus se ven reducidas.

Concluyó que la gestión de la crisis sanitaria producida por la pandemia, fue y sigue siendo errática, que ni las autoridades pasadas ni las presentes han entendido realmente cómo proceder de la mejor manera posible frente a una pandemia, y no es por falta de conocimientos científicos y técnicos, es simplemente por colocar la economía por encima de la salud de la población.

De otra manera no se puede entender que hasta el momento, no hayan establecido un cordón epidemiológico en aquellos lugares donde aparecen mayor número de casos, a los fines de identificarlos y tratarlos oportunamente, identificar a los contactos y proceder a cortar la cadena de propagación del virus con una real vigilancia epidemiológica, más allá del simple registro y difusión de datos estadísticos.

Ese panorama, no permite pensar en un buen pronóstico a corto plazo, más aun que se acerca el invierno con la irrupción del Virus de la Influenza y otros virus gripales. Ojala y las nuevas autoridades no sigan con oídos sordos y hagan caso a propuestas como la necesidad de aprovechar para desarrollar el primer nivel de atención con un adecuado control sanitario en los territorios, pero eso sí, con la participación social en salud real, en el que la población pueda ser parte no solo de las actividades, sino también de las decisiones para la garantía del derecho a la salud.

A pesar de la situación, quiero seguir con esperanza y optimismo!.