Las últimas décadas han sido testigos del proceso de fraccionamiento por el cual atraviesa el territorio nacional como producto de la elevación de entidades municipales, aumentando el número de municipios de ciento veintiuno (121) a ciento cincuenta y cinco (155) y los distritos municipales de treinta y tres (33) a doscientos treinta y dos (232), para un incremento porcentual de un 28% y un 603% en un período de veinte años (1993 – 2013).
Este proceso de división ha sido detenido en los últimos años, con apenas seis elevaciones de entidades municipales, sin embargo, el mismo ha sido sustituido por una estrategia silente de división territorial en la cual se traspasan las mismas competencias que tienen los Ayuntamientos hacia las Juntas de Distrito Municipal, provocando así un fraccionamiento de nuestro territorio hasta llegar hoy a un total de trescientos noventa y tres (393) gobiernos locales.
Desde la autonomía financiera hasta la más reciente separación del mecanismo de elección de los funcionarios que integraran los órganos ejecutivos y normativos de los gobiernos locales, son algunas de las acciones que se han impulsado por distintas vías para garantizar, a juicio de algunos, que los recursos y la toma de decisiones pueda llegar a todas las partes del territorio.
Las evidencias muestran que este proceso de fraccionamiento solo ha debilitado la gobernanza local y la transferencia calculada en función de la población ahora es repartida en varias manos, las cuales no han implementado mecanismos de coordinación para priorizar y potenciar los pocos recursos que tienen disponibles. En la actualidad el 79% de las entidades municipales recibe por concepto de transferencias del gobierno central menos de cuatro millones de pesos mensuales y de este total el 44% apenas recibe un millón quinientos mil pesos mensuales; lo cual reduce la posibilidad de impulsar iniciativas focalizadas en solitario en beneficio de todos los residentes.
El escenario descrito amerita fortalecer con urgencia la institucionalidad prevista en las leyes vigentes, donde se establece el vínculo entre el Ayuntamiento y la Junta de Distrito Municipal a través de la desconcentración; figura utilizada con el objetivo de empoderar a los funcionarios de los distritos municipales en la administración de sus territorios y a la vez fomentar la coordinación operativa entre las entidades municipales que forman parte de un territorio municipal. Esto garantiza revertir el fraccionamiento instaurado, consolidando gobiernos locales cohesionados para el beneficio de toda la población sin importar el lugar donde resida.
Erick Dorrejo M.
@erickdorrejo