“Los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal”

La corrupción es la causa y el problema esencial de muchas violaciones de derechos humanos. En los países que padecen corrupción a todos los niveles como el nuestro y que ésta tiende a coexistir con una insuficiencia institucional en cuestión de respeto de los derechos fundamentales.

Nos hace entender el carácter sistémico y estructural del fenómeno, dónde los culpables de actos corruptos, no son perseguidos, ni sancionados, o son beneficiados con distintas formas de “perdón”,  amnistía, indultos, excarcelaciones por motivo de enfermedad, donde se apuesta a la prescripción, a las excusas absolutorias a desaparecer o perder los expedientes de casos de depredación del erario público.

Por eso la transparencia ha recibido mucha atención en la última década para  la ¨mejora de la gobernabilidad¨ y para luchar contra la corrupción y no desde un enfoque de derecho, que ayude e impulsar la transformación de la sociedad y las relaciones Estado-Sociedad.

Pero la transparencia ha pasado a ser un principio administrativo, es decir, es un valor permanente, que siempre debe estar presente a la hora de seleccionar los medios para materializar el fin del Estado, la transparencia se ha asociado y a veces igualado con la información.

Sobre todo en nuestro país que históricamente se ha caracterizado por el ocultamiento y la confidencialidad en el manejo de los asuntos públicos, por un enraizado  autoritarismo y por la ausencia de formas democráticas de convivencia, por eso  es un imperativo urgente la construcción e implementación de instrumentos, como parte de procesos, que permitan aumentar la transparencia, para gestión pública de calidad que garantice una vida digna a la población.

Para muchos la transparencia es recibir o tener acceso a la información, para nosotros es el medio para la construcción de un Estado de Derecho. Si bien, se puede decir que la información es una condición para la transparencia y que se trata de una condición necesaria, hay que decir también que se trata de un referente insuficiente, pues otros instrumentos, políticas, normas y mecanismos, además de la información, deben relacionarse para que se materialice el principio de la legalidad como pilar fundamental de un Estado democrático.

Porque sin un Estado de Derecho, sin transparencia, no podemos hablar de una democracia, porque se ve limitado e impedido el imperio de la ley y a su vez las garantías de los derechos fundamentales sean estos políticos, sociales, económicos o culturales.

Por eso la transparencia en la gestión pública no debe ser vista sólo como un resultado material expresado en documentos. La transparencia es ante todo un proceso político- administrativo, cuyas estrategias, etapas y tránsitos sirven al ejercicio de la ciudadanía, dando esencia a los procesos de democratizar la democracia para avanzar en un proceso de ciudadanización.

En ese sentido la administración pública dominicana presenta grandes retos y desafíos para introducir una cultura política ética, de transparencia, integridad, que permita el funcionamiento sobre la base de principios, valores, basada en la justicia, el control y la rendición de cuentas de las instituciones.

Si en  la República Dominicana queremos aumentar los niveles de transparencia, la ciudadanía espera que las instituciones trabajen, que las leyes se cumplan, que cuando se cree una institución para cumplir un oficio, lo efectúe, que cuando el Estado disponga la implementación de una política de transparencia o austeridad se cumpla y que cuando prohíba algo, no se haga. No podemos hablar de transparencia en un Estado en el cual la improvisación, el dispendio y la discrecionalidad en el manejo de lo público son unas de sus características.

Por eso la población duda de las instituciones, lo que da paso modelos de conducta que alientan el individualismo, la prevalencia del interés individual sobre el colectivo, la ausencia de compromiso con lo público, el rechazo a lo social, el enriquecimiento personal por encima de cualquier otro propósito.

Todo esto porque nos encontramos en la desviación social, que es cuando cualquier tipo de comportamiento se aleja de las normas generalmente aceptadas en una sociedad, a lo que el sociólogo francés Émile Durkheim llamo la Teoría de la Desviación Social y formuló el concepto de anomia o debilitamiento de la moralidad común.

La anomia, es la falta de normas y es el indicador del proceso de declive de una sociedad, sobre todo cuando las instituciones del Estado tienen el efecto contrario del que era su fin original. Esto demuestra que el sistema político, económico y social ha fracasado.