Punta de Lanza

Rol de la Defensoría del Pueblo en la agenda climática (3/4)

Los derechos ambientales son intrínsecos a la vida; incluyen el aire, el agua y el suelo limpio para la generación actual y las futuras. Esto implica el reconocimiento de los derechos colectivos y los intereses difusos; y son materia de justicia, pues generan efectos distributivos en la población.

Por Yildalina Tatem Brache

Es conveniente insistir (ya me he referido a ello en los artículos anteriores de la serie), que laDefensoría del Pueblo tiene como misión la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados en la Constitución, frente a los actos hechos u omisiones de la administración o particulares.

El asunto es cómo traducir ese bien jurídico tutelado a través de la Defensoría de una cuestión teórica importante y necesaria a una cuestión práctica, que mire a cada persona y resuelva situaciones concretas.

No es un secreto que hemos hecho un uso irracional del planeta; hubo un estadio de nuestra evolución en que considerábamos que el rol humano era “explotar” los recursos de la naturaleza. Aunque hay una comprensión de que ese camino nos llevó a una afectación tal que continuarlo sería nuestra propia destrucción, los parámetros preestablecidos de alguna manera siguen imponiéndose. Así que corresponde al Estado establecer los equilibrios adecuados, buscando las vías de cumplimiento para la preservación de los intereses y garantías de una forma que no termine solo en la plasmación teórica, y se respete la preservación de lo colectivo; en este caso la conservación del ambiente para quienes ya habitan el territorio, como para las que se proyectan serán nuestros descendientes.

De ahí que sea primordial de que se cumpla el artículo 11 de la Ley 19-01, “El Defensor del Pueblo no podrá pertenecer a partido político alguno, ni participar en actividades de carácter político partidario...” Es el propio pluralismo político que, al hacer la ley, reconoce la necesidad de la contención desde una figura independiente en el ejercicio de su rol. A primera vista puede opinarse que, si existe un Ministerio de Medio Ambiente, qué tiene que ver la Defensoría del Pueblo con este tema, pero, insisto, ahí precisamente está la médula del servicio de esta institución; en que vela por la acción y la implementación de políticas enmarcadas en el cumplimiento de las convenciones y la ley. Para que en los arreglos institucionales haya mecanismos efectivos para la institucionalización de la participación en la formulación de políticas públicas y en su gestión. La forma en que se fiscaliza la gestión pública puede hacer la diferencia entre una intervención eficiente o una corrupta.

El equilibrio estatal obliga a que haya otras instancias que puedan ser garantes frente a las desviaciones en la tutela de las cuestiones ambientales que posibilitan alteraciones al ámbito natural, algunas de carácter permanente y difíciles de revertir. Ese balance está a cargo de la Defensoría del Pueblo; para contener cualquier vulneración del gobierno en cuanto a la prevención, mitigación, remediación, promoción y prospectiva para el resguardo de los derechos de ambiente.

La Defensoría del Pueblo, se convierte en una instancia clave para el registro y seguimiento a denuncias de violación a las leyes ambientales por las autoridades locales y nacionales, exigir la asunción de responsabilidades de las personas que violen la legislación actuando a nombre y representación del Estado. Hay que recordar que es una instancia autónoma que solo se debe a la Constitución y las leyes, así que es el espacio por excelencia para la alerta temprana y la exigencia de cumplimiento, no desde la subjetividad, sino desde la exigencia de cumplimiento del marco legal.

Es importante recordar que el Estado es el responsable último de lograr que el territorio cuente con las mejores condiciones para garantizar la vida de las personas. El equilibrio de poderes es básico para cumplir este rol. La Defensoría mantiene latente la capacidad de reaccionar y controlar los posibles desmanes de las autoridades responsables. Para, por una parte, contener a quienes produzcan el daño, y por la otra, dar respuesta frente al daño, en la restauración y cumplimiento de sanciones. Y, además, en su rol de responsable de la concientización social y el establecimiento de una cultura social de respeto a los derechos.

En definitiva, es un mecanismo fundamental para la influencia de que las decisiones de carácter ambiental que se tomen en el país se realicen desde la asunción de pautas y condiciones para el resguardo de los derechos frente al cambio climático; sobre las acciones necesarias que el Estado debe tomar para minimizar los impactos en la vida de cada ser humano, con independencia de los intereses de los incumbentes de turno en un gobierno determinado.

Los derechos ambientales son intrínsecos a la vida; incluyen el aire, el agua y el suelo limpio para la generación actual y las futuras. Esto implica el reconocimiento de los derechos colectivos y los intereses difusos; y son materia de justicia, pues generan efectos distributivos en la población. O sea, desde las Defensorías del Pueblo se trabaja para el derecho ambiental como derecho humano y el equilibrio necesario entre los intereses envueltos. De ahí la importancia de la generación de informes de las actuaciones de la administración, la generación de mecanismos institucionales de gestión, como reportes de monitoreo de conflictos sociales, análisis de la formulación, reformulación e implementación de la política ambiental; generar alianzas con instancias de la sociedad civil que trabajan en la protección del ambiente, y potenciar la instalación de su protección en la agenda pública. Y de ser necesario propiciar la presentación de Acciones de Amparo jurisdiccionales para evitar daños y riesgos ambientales. Mecanismos preventivos y mecanismos judiciales a favor de las personas.

En la próxima entrega, y última de esta serie, plantearé algunos puntos sobre el accionar de la Defensoría si soy honrada con la designación.

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