Estado y transparencia

Redoblemos la lucha: La corrupción, crece y se expande

Por Carlos E. Pimentel Florenzán

“No se corrige lo que está mal, cuando no se actúa con energía, sin contemplación contra la  institucionalización de la corrupción y la impunidad en la administración pública”.

La República Dominicana entre los países con más altos niveles de corrupción en el Índice de Percepción de la Corrupción IPC 2013, dado a conocer la semana pasada. El país sigue retrocediendo en esta materia y ahora ocupa el lugar 123 de 177 países incluidos en la medición, con una puntuación de 29 puntos de 100, ubicado en la categoría de los países percibidos con altos niveles de corrupción.

La lucha contra la corrupción demanda voluntad y firmeza de los gobernantes, para enfrentar la impunidad y garantizar la real independencia de los órganos de control y de investigación de la corrupción. Sino superamos la complicidad de los actores políticos con las acciones de corrupción e ilegalidades, seguiremos retrocediendo en todas las mediciones de este fenómeno que se realice, porque  nuestras instituciones no investigan, ni sanción la corrupción.

La manifestación más visible de la corrupción e impunidad, es el cúmulo de denuncias sin resolver, sin investigar y sin sancionar en todos los ámbitos de la estructura del Estado, aunque mucho se ha discutido sobre ello a través de los medios de comunicación, hasta ahora ha fracasado rotundamente en su esclarecimiento y sanción penal.

El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y para crear conciencia contra el fenómeno y sus características, consecuencia y efecto en la calidad de vida de la gente, como la garantía de los derechos fundamentales, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Partiendo del hecho que en el país tenemos poco que conmemorar en este día. Es propicia la ocasión y debe servir para que la ciudadanía redoble sus esfuerzo y acciones en contra de los problemas y amenazas que nos plantea la corrupción y la impunidad, enquistado en el engranaje del aparato estatal y en convivencia con grupos económicos y empresariales, quebrantando las instituciones, los valores de la democracia, la ética y la justicia, desapareciendo el imperio de la ley.

También es propicia la ocasión, para analizar y demostrar la ausencia de políticas anticorrupción efectivas, que toque los elementos sistémicos y estructurales de la corrupción rampante y profunda presente en el Estado dominicano.

Al día de hoy en el país, registramos pequeñas medidas cosméticas o mediáticas que se impulsan desde diferentes instancias del Estado, que no tocan la raíz en lo profundo del problema de la corrupción y seguimos por las ramas, no se quiere agarrar el tronco. Al tiempo que se crean y recrean mitos de supuestos avances en esta materia que son  insuficientes y limitados para encarar el fenómeno, como resultado, no logrando impactar y reducir el robo del erario público.

La otra demanda de la sociedad es el cumplimiento del deber como Presidente de la República y las prácticas de un buen gobierno  e impulsar acciones decididas en materia de combate a la corrupción y a la impunidad, las cuales hasta el momento se muestran débiles, mientras el Ministerio Público hace una denegación flagrante de su desempeño al archivar denuncias y querellas de corrupción sin haber realizado una rigurosa investigación.

Con esas acciones, el Gobierno ha revelado que no sólo no tiene la determinación de frenar uno de los males más profundos en la gestión pública, sino que está dispuesto a dar la espalda a la demanda ciudadana de conocer la verdad sobre cómo se han manejado los recursos públicos en el pasado reciente y en los actuales momentos.

Recordemos cuando se indicó que se actuaría solo por el rumor público en los casos de   comportamientos contrarios a la ética y a la integridad, en este año se produjeron varias denuncias las cuales no han sido atendidas debidamente y no se han evidenciado acciones tendentes a detenerlas y sancionarlas.

La República Dominicana en materia de persecución de la corrupción en el 2013, quedará con varias denuncias pendientes, entre ellos, a manera de ejemplo.

1)         Según el Consejo Económico y Social (CES) se produjeron 24 violaciones a la Constitución y a las leyes, que generó el descomunal déficit fiscal con el que la gestión gubernamental cerró el año 2012 provocado por un uso desmedido de los recursos públicos en un año electoral. Algunos de los altos mandos de las instituciones que incumplieron la Constitución y las leyes siguen al frente de instituciones estatales sin que se les investigue.

2)         El Pleno de la Cámara de Cuentas entregó en abril al Ministerio Público los resultados de las 54 auditorías que confirman que funcionarios de un igual número de instituciones violaron la Constitución y las  leyes que comprometen su responsabilidad legal. Las auditorías detectaron malversación y dispendio de recursos por RD$ 4 mil millones desde 2004 hasta el 2008. Sin embargo, la mayoría de estas auditorías se encuentran archivadas en la Dirección de la Persecución de la Corrupción Administrativa y en diferentes fiscalías, sin que el Ministerio Público inicie acciones legales y sin que el ejecutivo los destituya.

3)         La  desestimación de la querella interpuesta contra  el ex-Presidente Leonel Fernández, el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y el ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), actual Senador de la República, Félix Bautista a los que se le señalan como responsables de falsedad en escritura pública y uso de documentos falsos, desfalco, cohecho, prevaricación y violación a la ley de crédito público.

4)         El archivo de la querella contra el ex-Presidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo por prevaricación,   concusión, el perjurio; lavado de activos, incremento patrimonial derivado de actividades  delictivas y la proscripción de la corrupción, alegando que los hechos imputados no constituyen  tipos penales en la República Dominicana,  decisión tomada sin ninguna investigación.

5)         Las denuncias de corrupción en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), sin ninguna acción o consecuencia.

6)         La denuncia pública de omisión de los bienes que componen el patrimonio en la declaración jurada del doctor Marino Vinicio Castillo, titular de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y asesor del Poder Ejecutivo en Asuntos de Narcotráfico, sin ninguna acción de investigación, mientras amplios sectores demanda la destitución.

7)         Las denuncias de corrupción en los ayuntamientos de Santiago, San Cristóbal, San Francisco de Macorís y otros muchos que pese a las demandas de la población no se investigan.

8)         El caso presentado que vincula al Ministerio de la Juventud, donde el dispendio y violación a la Ley de Compras y Contrataciones Pública, ameritan al menos una investigación.

En ese sentido los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, es una muestra que el rol  del gobierno de Danilo Medina frente  a la impunidad  ha sido penoso, desalentador. La  falta  de compromiso de verdadera voluntad del Ejecutivo,  permitirá que los niveles de corrupción, crezcan y  se  expanda.

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