Educación y Democracia

¿Qué pasa en el Poder Judicial? (2 de 2)

Por Francisco Alvarez Valdez

Además de las carencias materiales que afectan el Poder Judicial, los criterios que ha aplicado el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) han generado desaliento en muchos jueces valiosos.

La primera selección de jueces por parte del CNM en el  año 1997 no fue del todo satisfactoria,  pero como estábamos saliendo de uno de los periodos más oscuros de la justicia, generó esperanzas de que el proceso de selección fuera mejorando con el tiempo. Pero ocurrió todo lo contrario: fue empeorando.

En el año 2001 el presidente Hipólito Mejía dio el primer paso al organizar prácticamente una tragicomedia de evaluación pública de los aspirantes a ocupar tres vacantes existentes en la SCJ (recuerden la pregunta de Pacheco a Mirian Germán: ¿cuántos jueces tiene la SCJ?), para finalmente incurrir en una indefendible repartición, otorgándole a Joaquín Balaguer el derecho a designar uno, al Poder Judicial otro, y reservarse el tercero para el PRD.  Entonces  ¿para qué evaluación?

Debido al traspié del año 2001, se aprovechó la reforma constitucional del 2010 para introducir una disposición que volvió a levantar las esperanzas en los jueces de carrera: el artículo 180 dispone que el CNM al conformar la SCJ deberá seleccionar las tres cuartas partes de sus miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial.

En la Constitución del año 2010 también se incluyó una disposición transitoria que obligaba al CNM a evaluar a los miembros de la SCJ de ese momento para determinar si los confirmaba o no. Debió haber sido una disposición saludable pues los entonces jueces de la SCJ tenían ya un tiempo considerable en funciones sin que nadie los hubiese evaluado, pero el momento presagiaba peligro debido al control que el entonces presidente Leonel Fernández claramente tenía sobre todos los miembros del CNM, incluyendo al senador reformista y al diputado perredeista.

Se abrió un proceso de evaluación, que incluyó a los jueces de la SCJ y a los aspirantes a la misma, nuevamente por televisión, donde quedó demostrado que el presidente Fernández era el director, productor y protagonista de la película.

El pecado de Hipólito Mejía del 2001, la repartición, fue reproducido nuevamente en el 2012 pero con mucho más elegancia. Cada miembro del CNM pudo colocar a sus favoritos y el presidente Fernández, con mucha habilidad política, no dejó fuera de la repartición al PRD, como el PRD había hecho con el PLD en el 2001, pero, claro, favoreció al sector del PRD que le interesaba.

Algunos hechos concretos fueron realmente bochornosos, como el de Julio Anibal Suárez, quien tenía derecho a una evaluación de desempeño y su separación del cargo solo podía ocurrir, por mandato constitucional,  sustentado en los motivos contenidos en la Ley de Carrera Judicial, pero se le separó del cargo sin explicar los motivos y sin seguir el debido proceso, violentando sus derechos fundamentales. Lamentablemente el Tribunal Constitucional declaró inadmisible el recurso que el afectado elevó, lo que no permitió que se conociera el fondo del caso y que se estableciera un precedente que protegiera a los jueces de decisiones políticas partidarias como la de la especie.

Se ha generado una percepción pública muy fuerte de que los criterios que seguirán siendo utilizados son los de seleccionar a aquellas personas que tienen padrinos o madrinas en los partidos políticos, lo que obligaría a los jueces que desean tener oportunidad de alcanzar una posición en la SCJ a buscar esos apoyos, que en la mayoría de los casos, aunque admito que no en todos,  podría dañar la indispensable independencia que deben exhibir los jueces.

Se podrá rebatir este argumento con nombres y apellidos de jueces actuales de la SCJ que se han ganado una merecida reputación de independientes, además de capacitados e íntegros, y a pesar de todo alcanzaron una posición en la SCJ. El problema es que esos jueces conforman la excepción. Tenemos que cambiar los paradigmas para que la excepción sean los jueces que no reúnen las condiciones y no aquellos que sí la reúnen.

Pensando en excepciones, Miriam Germán Brito es una, pero le costó primero dos intentos frustrados para alcanzar una posición a la que debió haber llegado en el primer intento en el 1997, pero las influencias políticas partidarias se lo impidieron.  Se debe reconocer que ella persistió y gracias a su persistencia alcanzó la posición merecida, pero solo cuando su selección ya no lastimaba potenciales acuerdos con otro partido, cuyo desaparecido líder nunca le perdonó su independencia.

Si queremos una carrera judicial fuerte, que sea capaz de retener a los talentos que va formando, debemos garantizar que los jueces asciendan por la aplicación estricta de los criterios establecidos en la Ley de Carrera Judicial, basado en los méritos acumulados, años en servicio, cursos de post grado, producción bibliográfica y su evaluación de rendimiento. ¿No les parece lógico que si la Constitución obliga al CNM a retirar a los jueces de la SCJ solo por las causas indicadas en la Ley de Carrera, debe seleccionarlos de acuerdo a los criterios que norman la carrera judicial?

El Consejo General del Poder Judicial debería diseñar una estrategia que le permita defender, a través de los dos miembros que posee en el CNM,  la aplicación de criterios basado en méritos a la hora de escoger a los jueces de la SCJ. Para esos fines, lo primero que debería hacer es mejorar la transparencia del escalafón  de la judicatura previsto en el artículo 21 de la Ley de Carrera Judicial, tal como se lo solicitó la presidenta de Transparencia Internacional en una visita que le giró en febrero del año pasado. Así, no solo el Consejo, sino todo el país conocería en qué lugar del escalafón está cada juez, los abogados y la ciudadanía conocerían cuáles podrían ser los sustitutos de cualquier vacante que se presente, y el CNM tendría menos espacio para seleccionar basado en criterios de intereses partidarios.

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