El cobro del 1% del “valor de mercado” de los vehículos como impuesto de circulación va a traer múltiples dificultades para su aplicación efectiva porque dos automóviles de la misma marca, año, modelo, cilindraje, difícilmente tengan el mismo valor real salvo que estén en cero kilómetro.

Un vehículo viejo descascarado indudablemente cuesta 30,000 pesos menos que uno similar que conserve su pintura o haya sido recién pintado.

De forma similar, un carro que tenga un motor recién cambiado (usado) tiene un costo superior entre 40,000 y 100,000 pesos en comparación con otro similar cuyo motor tenga desgastes y esté consumiendo aceite.

Pudiera seguir enumerando extras, como música, luces, adornos, sistemas de seguridad… pero son tantos y tan obvios que no vale la pena seguir describiéndolos para saber que el cobro de ese impuesto será desigual porque se rige por una tabla que no puede determinar esas condiciones.

¿Cómo determina la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) estas diferencias en el valor real de mercado de vehículos similares con condiciones particulares muy distintas?

Me gustaría saber qué va a hacer la DGII cuando la tabla le indique que un auto de cuatro cilindros, año 2000, tiene un valor de mercado de 250,000 pesos y por tanto debe pagar 2,500 pesos de impuesto de circulación, pero ese mismo vehículo, la misma DGII lo tiene valorado en 150,000 como parte de los bienes muebles del propietario en su declaración jurada para fines del pago de Impuesto sobre la Renta.

¿Cuál será el valor real de mercado?

La prisa con que fue preparado y aprobado en el Congreso Nacional este impuesto como parte del paquete tributario de noviembre de 2012 no permitió reparar en este tipo de detalles, por lo que ante la realidad cruda que se presenta en su aplicación práctica, lo mejor es volver al sistema anterior como sugiere el periódico Listín Diario en sus editoriales del miércoles y jueves de esta semana, donde señala razones económicas y sociales de mucho peso.

Si el gobierno persiste en cobrar el impuesto a la circulación en base a una tabla, además de ser un sistema injusto, perjudicará en mayor proporción a los vehículos utilitarios y al transporte de carga, pese a que su intención supuestamente es poner a pagar “lo justo” a los autos y jeepetas de lujo.

Estoy plenamente consciente de que quienes planificaron el nuevo sistema del pago de este impuesto utilizaron como señuelo el supuesto interés de gravar el alto cilindraje y el lujo, pero su real intención fue marcharle nuevamente a la clase media con carritos para ir a su trabajo u oficinal, que sin duda constituyen el grueso del parque automotor de República Dominicana.

El presidente Danilo Medina prometió durante su campaña electoral que gobernaría para darle poder de compra a la clase media, pero el paquete tributario constituyó un golpe al poder de compra –sin aumento salarial del sector público ni del sector privado salvo para altos funcionarios- que ahora queda en evidencia con el impuesto a la circulación de vehículos.

El gobierno que renunció a obtener muchos millones de dólares al negarle la licencia ambiental a Falcondo para la explotación de Loma Miranda “para preservar el ecosistema”, bien podría no aplicar este impuesto para proteger a los seres humanos –la obra maravillosa de la naturaleza- y no volver a golpear a la clase media que no puede prescindir de su propio medio de transporte para cumplir con sus compromisos personales y familiares.

En un país donde el transporte público es uno de los más subsidiados del mundo, más inseguro, peligroso e irresponsable, sangrar con impuestos a los propietarios de vehículos particulares es el camino expedito para perpetuar el parasitismo de “sindicatos” y “dirigentes” sin conciencia de clase, pero con mucho poder de chantaje a un Estado que en lugar de acabar con eso, lo transfiere al universo de tontos que aguanta la carga sin protestar.

Aguante eso, presidente Medina, que el país se lo va a agradecer.