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Paraíso delincuencial, coto de caza Guaricano y Piantini´s hunting ground

Por José Alfredo Guerrero

En las crónicas de las decenas de asaltos diarios que se publican en los periódicos o en los cientos que se cometen y son difundidos en las redes sociales por las víctimas, hay que sustituir las palabras “residencial”, “barrio”, “ensanche” y “urbanización” por una que mejor describe a todos los sectores: coto de caza.

El azote de la delincuencia es igual en Guaricano, Paraíso y Piantini, dando la razón al jefe de la Policía Nacional que comparó el fenómeno con la peste medieval que mataba por igual a plebeyos y aristócratas.  “Estás en lo cierto…”, dirían Lucas o Chaparrón Bonaparte.  Los motoristas que atracan a madres en la fila de autos para recoger los niños del Lux Mundi, Notre Dame y Saint George, también depredan en los alrededores de la Escuela Guaricano Adentro, el Colegio Parroquial Betania y el Centro Laboral Peña Gómez.

La reciente declaración de la máxima autoridad policial coincide con la campaña de profilaxis profunda con que se estrena cada jefatura.  En esta depuración masiva, en su versión trigésimo octava si se empieza a contar desde 1978, volvemos a ser espectadores de las críticas de la institución a quienes deben dar continuidad al trabajo de combatir los malhechores: el ministerio público, que presenta acusación, y a los jueces, empezando con los que imponen medidas de coerción, que deben dar sentencia.  A esa impunidad en los procesos judiciales, en una conclusión de boomerang, atribuye la entidad el auge de la delincuencia, claro bajo el supuesto de que todos los expedientes son presentados por oficiales de los buenos y como los códigos mandan.

De acuerdo con la PN en que la escasa probabilidad de condena es un factor que ponderan los criminales a la hora de hacer su análisis de riesgos o costo-beneficio para emprender acciones delictivas.  Sin embargo, lo que éstos primero consideran es la eventualidad de encontrar resistencia por parte de las potenciales víctimas o agentes del orden, en el robo o atraco a mano armada; segundo, la posibilidad de una investigación efectiva que conduzca a su arresto, con las formalidades de obtención de pruebas y respeto a las normas procesales que hoy impiden arbitrariedades contra los inocentes.

Al comparar la delincuencia con una peste, la institución que ejerce el monopolio de la fuerza pública para combatirla está admitiendo que no da abasto para enfrentarla.  De vez en cuando es que una patrulla o motor saltamonte puede pasar por la Manuel de Jesús Troncoso, donde está el Notre Dame School, en el Paraíso’s Hunting Ground; o recorrer la Calle de Los Feos, en el Coto de Caza Guaricano, para proteger el área de la Escuela Padre Sindulfo.

Si no tiene personal y recursos para esta actividad preventiva, es lógico que similares restricciones se tengan en lo que respecta  a la investigación y seguimiento a las denuncias. De hecho, es una realidad que sólo un porcentaje pequeño de los robos y asaltos son reportados a la Policía Nacional, una inercia de los agredidos que se fundamenta en su reputación ancestral de ineficiencia para combatir la delincuencia común.  Completa este escenario de escaso riesgo de resistencia y persecución por parte de las autoridades, la nula posibilidad de autodefensa por parte de las víctimas o testigos, así como la falta de iniciativa de las juntas de vecinos para explorar la solución de seguridad privada preventiva

El atracador en motor que, en una fila de autos frente a un colegio, disimuladamente le toca el vidrio a una dama, y en segundos le muestra el cañón de una pistola, empujándola desde un bolso deportivo con tirantes, y hace señas al artículo que le interesa robar, lo hace en su calidad de Rey del Plomo.  Rivalidad en fuego letal no encontrará en la asustada madre, que tiene el tino de entregar con calma lo requerido, o en testigos que deben limitarse a contemplar atónitos e impotentes el atraco.

Este incentivo para ejercer su profesión criminal se la otorga una ley de armas de fuego promulgada para evitar otro susto como el del año 1965, cuando militares armaron a la población civil para restablecer la democracia y defender la soberanía.  Aquí, como en todos lados, este tipo de legislación impide a la gente decente o grupos vulnerables la posibilidad de defenderse contra quienes siempre cometerán sus fechorías armados hasta los dientes.

Es hora de ir cambiando esa asimetría. La ciudadanía estaría así preparada para enfrentar a los bandidos y disminuir la frecuencia de sus ataques como resultado, por ejemplo, del disuasivo incremento de los linchamientos en defensa propia.  Un cambio abrupto de tendencia también veríamos en las muertes violentas de mujeres por parte de sus parejas o exparejas sentimentales.

Con una pequeña y fácil de manipular pistola calibre 22, muchas mujeres estuvieran dando hoy testimonio de haber evitado la muerte cuando las atacó un monstruo celoso.  Una campaña para fomentar valores de respeto y tolerancia se asimilaría con la facilidad de la tabla del uno, si se combinara con un aumento sustancial de  la probabilidad de convertir, con una balita de las que rebotan, un cráneo machista en una máquina de pinball.

En cuanto a la seguridad privada preventiva, que limite o controle el tránsito de delincuentes en lo que hoy son sus terrenos de cacería, considero que es la única opción viable para los sectores de clase media y alta. El Piantini, donde perdió la vista en un atraco la Ing. Francina Hungría, y donde se asalta hasta en la fila de los colegios al sol de las dos de la tarde, no recibirá prioridad alguna en los planes públicos de Barrio Seguro.

Por un tiempo, gracias a las personas influyentes que viven en el área. aumentará la vigilancia policial.  Pero, a  pesar de su importancia en las recaudaciones del impuesto a la vivienda suntuaria o en las que percibe el gobierno por otros conceptos de los negocios que allí operan,  el compromiso de las autoridades será siempre con los más pobres.  En los cotos de caza del polígono central no se reparte bono gas o bono luz, ni habrá seguridad pública permanente.

Así como sus moradores lo han hecho con el agua y la energía, están abocados, si quieren vivir tranquilos, a demandar privadamente un servicio que extienda la seguridad de sus condominios a las calles, con un balance de respeto a la libertad de tránsito y al derecho a la defensa que quisiera brindar, pero no puede, la policía pública.

Con un plan coherente y números bien concebidos, es posible que el costo de este servicio, pueda acreditarse contra el impuesto a la vivienda suntuaria, garantizando así su continuidad por los próximos cinco años. Para que se animen y lo tomen en serio, noten la generosidad fiscal que muestra el Gobierno a quienes producen las comedias dominicanas que hoy no pueden ir a ver caminando en los cines del sector, digo del coto de caza premium para delincuentes. ¡Juntas de Vecinos y ADESINC qué están esperando!

 

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