El pacto de "solución" al tema del director del centro de cómputos de la JCE, rubricado por los presidentes del PLD y del PRD, por su forma, contenido, las partes envueltas y el origen que lo motivan, constituye una afrenta. Además, otra demostración de que el PLD y su gobierno son sordos ante cualquier demanda que se les haga, sin importar razones ni sector social, político o económico que la formule.
Con esa salida al conflicto, pretendidamente técnica, se mantiene el problema político que significa la permanencia en su cargo un director del centro de cómputos de la JCE cuestionado por el partido mayoritario y por los partidos que participan en el presente torneo electoral. Contra todo reclamo, el gobierno y su partido mantienen su posición de fuerza sobre el tema, imponiendo una pretendida solución que no despeja las dudas sobre la diafanidad de los resultados electorales, e introduce como actor político a una institución religiosa que institucionalmente no se le reconoce como parte política.
Pero, esa virtual demostración de fuerza, esa impudicia disfrazada de tozudez para no ceder ante el generalizado reclamo de que del referido centro de cómputos saliera su cuestionado director, solamente puede realizarse por la complicidad de los principales actores del arreglo/comedia, por una parte, y por la incapacidad del sector del candidato presidencial del PRD de resolver el factor Vargas Maldonado, el cual, mientras más tiempo tomen en despejarlo, más daño hará al proyecto de aquel.
Con el arreglo, el presidente Fernández potencia un protagonismo que disminuye el candidato de su partido, atiza las diferencias en el PRD y manda el mensaje de que tiene el control de todas las instituciones del Estado; Vargas Maldonado aprovecha su referencia partidario/institucional para tratar de apuntalar su verdadero proyecto/fijación : impedir el triunfo del partido del cual es formalmente presidente; el sector hegemónico en la Iglesia Católica, a pesar de que su principal mediador/agente político evidenció su limitada legitimidad, con su participación en este arreglo afrentoso busca solidificar su presencia política.
El sector de Mejía podría justificar la aceptación del arreglo, diciendo que fue informado del mismo y que puede nombrar el "representante" del PRD en el "directorio" del que forma parte Frías y que controlará Roberto Rosario; también porque ha servido para bajar las tensiones en las relaciones con Vargas, pero ese arreglo no ha sido más que otra imposición del gobierno, con la complicidad de un sector eclesial que siempre se decanta por lo peor y los peores y un intolerable desconocimiento de la existencia de otros partidos que, independientemente de sus tamaños, tienen derecho a ser tomados en cuenta al momento de tomarse decisiones que les conciernen.
Hipólito había expresado su rechazo a cualquier salida al conflicto que implicase la permanencia de Frías en el centro de cómputo, ahora debe aceptar lo contrario, pero también reflexionar que en política, particularmente en los procesos electorales, no se hacen declaraciones o toma de posiciones si no se tiene la suficiente fuerza para sostenerlas. Está claro que la "salida" es contraria a lo que realmente desea y puede ser motivo de conflictos y de peligro al momento del conteo de los votos.
Está claro que el arreglo a que se ha llegado consterna a la mayoría de la gente que, por sentido común, entendían que había que eliminar el motivo del conflicto del PRD con la JCE y está igualmente claro que si el presidente de ese partido llega a ese acuerdo, desconociendo ese sentimiento, no lo hace por una voluntad de zanjar un problema político sino para aprovecharlo en el sentido de lo que son sus expectativas: una derrota de Mejía, la cuál de manera clara y reiterada lo expresan algunos de sus seguidores.
Estamos nuevamente ante un arreglo afrentoso, fruto de la politiquería, la bellaquería y la pusilanimidad de determinados sectores de los poderes fácticos y formales del país. Estamos ante otra demostración palmaria de prepotencia (abuso de poder) del presente grupo que controla todas las instituciones del Estado.