A sólo 125 días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, continúa el debate sobre la ley de reforma federal al cuidado médico –denominada coloquialmente como Obamacare– que promueve con vehemencia el presidente Barack Obama, con la idea de hacer más accesible los servicios que se prestan a segmentos de la población con ingresos limitados. Al menos, eso es lo que los demócratas enfatizan.

La ley, declarada hace poco constitucional en partes por el Tribunal Supremo, enfrenta las dudas y  resistencia de algunos gobernadores estatales demócratas y republicanos por diferencias en algunas cláusulas que implicarían un mayor costo financiero para sus contribuyentes, al obligarlos a ampliar la base de cobertura entre personas por debajo del nivel de pobreza, so pena de ser castigados con otras regulaciones directas de índole federal.

La intención a prima facie parece buena. Se estima que en la nación hay más de 30 millones de ciudadanos sin seguro médico. En su dictamen, los jueces del Supremo permiten a los estados la opción de aceptar o no la expansión de los beneficios del programa de Medicaid, no Medicare, dirigido a los pobres, para familias con ingresos máximos de hasta 133 por ciento del límite de definición federal de pobreza, en o cerca de 30-mil dólares anuales.

El problema está en que ese programa de cuidado médico varía sus requisitos de manera geográfica en 33 estados, en los cuales la definición de pobreza  oscila en unos 22-mil dólares de ingreso anual por familia. De ahí la resistencia de estados como Virginia, Texas, Colorado, Louisiana, Florida, Wisconsin y otros donde en caso de ser adoptada, ya que ello queda a su discreción, implicaría un mayor desembolso de fondos públicos estatales en tiempos de crisis y de déficit por doquier.

El gobierno federal estima un gasto de 430-mil millones de dólares de los contribuyentes en la expansión del Medicaid en la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El incentivo es fuerte y los desafíos son muchos

Por ello, el gobernador de Wisconsin, Rick Walter, anuncia que no tomará acción alguna para poner en vigor el Acta de Reforma a la Salud, confiando en que las elecciones de noviembre lleven candidato republicanos al Congreso y a la Casa Blanca y anularla por completo, tal y como amenaza el aspirante presidencial Mitt Romney, quien puso en práctica una ley similar cuando era gobernador de Massachussets, la cual está vigente.

Más allá de las intenciones políticas y demagógicas que contaminan el debate sobre la salud, el consenso general entre votantes republicanos y demócratas es que se necesita reformar los servicios médicos en Estados Unidos, en vista de sus costos astronómicos y sus consecuencias en la salud general de la población. Todo el que reside en la nación sabe a ciencia cierta que el costo de los servicios médicos es demasiado alto y no llega a una parte de la población limitada por sus ingresos.

Algunos funcionarios de la Administración Obama dicen que ello no les preocupa ya que tarde o temprano, muchos estados renuentes se integrarán a la reforma, tal y como ocurrió a principios de la creación del Medicaid hace una generación y a pesar de la resistencia de algunos gobernadores en ese entonces. Aseguran que el gobierno federal cubriría en su totalidad los gastos de la expansión en los primeros tres años, y a partir de ahí, el 90 por ciento, lo que estiman es un buen negocio para los estados.

¿Qué significa la reforma de salud de Estados Unidos para los gobernadores preocupados, a sabiendas de que en política lo único cierto es la incertidumbre? Sólo un ejemplo, el estado de Mississippi con altos niveles de pobreza, en cifras frías: 400-mil nuevos enrolados y un costo estimado en diez años de mil-700 millones de dólares. El teniente-gobernador Tate Reeves dice simplemente que los contribuyentes no pueden asumir esa carga fiscal.

El caso es similar en la Florida. El gobernador Rick Scott advierte que la ampliación de la cobertura de servicios médicos para “los pobres” tendría un efecto devastador para la economía estatal, ya que cada programa de gobierno sobrepasa sus promesas, finaliza sin fondos para operar y termina ofreciendo cuidados y pagos deficientes, lo que sería perjudicial para los contribuyentes.

El Medicaid es financiado de manera conjunta por el gobierno federal y por los gobiernos de los estados. Representa un dolor de cabeza para ellos prestar dicho servicio, por las cifras que consume en sus presupuestos, en particular a mujeres embarazadas, niños y ancianos por debajo de los límites de la pobreza.

La elegibilidad difiere con amplitud de estado a estado. Algunos de ellos limitan

la cobertura para adultos con niños y a mujeres embarazadas, mientras otros la extienden a todo el que esté por debajo de los límites federales de la pobreza.

Del 2007 al 2009, millones de estadounidenses buscaron ayuda en el Medicaid debido a la pérdida de empleos, la recesión y una baja drástica en los ingresos, lo que aumentó los gastos del programa en promedio un 6,6 por ciento por año, según la Fundación Kaiser.

Sin duda alguna, muchos estados dirán no, gracias, al gobierno federal, ya que el Medicaid y otros programas estatales en por lo menos diez estados concluirán con déficit el año fiscal el 30 de septiembre. Otros, recibirán la reforma a la salud con los brazos abiertos. La mayoría se han sobrepasado en sus presupuestos operacionales.

En el proceso, se pronostica que muchos estadounidenses pobres de bajos ingresos, y quienes no calificarán para recibir la asistencia en los servicios de salud, quedarán ahogados por las políticas de sus estados que exigirán por ley, a partir del 2014, que cada uno compre la cobertura de cuidado médico o de lo contrario sería penalizado.

Esta parte de la ley fue objetada por el Tribunal Supremo al opínar que ello equivale a un tipo de impuesto que corresponde definir al Servicio de Rentas Internas federal y no a la Casa Blanca, ya que ello implica que muchos contribuyentes quedarían atrapados entre el mandato de adquirir un seguro y la realidad de que no pueden hacerlo por limitaciones económicas.

Otros observadores descartan una crisis potencial en la reforma revolucionaria cuando señalan que la decisión del Medicaid es mínima, en vista de que el gobierno federal cubriría entre el 90 y el 100 por ciento de los costos, lo que tendría el éxito garantizado.

El gobierno federal estima un gasto de 430-mil millones de dólares de los contribuyentes en la expansión del Medicaid en la próxima década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. El incentivo es fuerte y los desafíos son muchos.

En el frente político, sea quien sea que gane las elecciones el 2 de noviembre, estará bajo presión en los esfuerzos para reducir el creciente déficit nacional. Algunos dicen que los republicanos reforzarán sus esfuerzos para retrasar la puesta en vigor de la ley y el seguro de intercambio con los estados, a fin de ahorrar en los subsidios federales, que se anticipa podrían totalizar cerca de 350-mil millones de dólares en diez años.

En conclusión, lo cierto es que cuando Estados Unidos conmemora este 4 de julio 236 años de su gloriosa independencia, la ciudadanía  tomará tiempo para reflexionar a fondo la solución a los numerosos desafíos que enfrenta la nación, políticos, sociales, económicos y morales, y cuya decisión se tomará en las urnas con la misma gallardía y tranquilidad conque lo ha hecho durante más de dos siglos, sin el germen divisivo de la polarización, la demagogia y el populismo que propugnan algunos.