Opinión

Ministerio Público, fiscales y el nuevo presupuesto

El presupuesto para el año 2021 es deficitario, por lo que se esperan estrecheces en las condiciones laborales de sus miembros.

Por Juan Alberto Liranzo

El presupuesto que se plantea asignar al Ministerio Público para el año 2021 asciende a unos 7,005.6 millones de pesos dominicanos, lo que constituye una disminución de un 40% en la partida presupuestaria con relación a la asignación otorgada al presente año.

En virtud del inminente presupuesto la Procuradora General de la Republica, Mag. Miriam Germán Brito, consideró que dicha partida resulta insuficiente para garantizar la persecución efectiva del Crimen, y no es para menos, pues no se puede pretender que una institución como el Ministerio Publico que tiene a su cargo instituciones auxiliares de investigación y la responsabilidad de ejercer una dirección efectiva en las investigaciones de los crímenes y delitos, pueda subsistir con tan pobre asignación.

El presupuesto para el año 2021 es deficitario, por lo que se esperan estrecheces en las condiciones laborales de sus miembros.

Frente a la nueva realidad el MP tendrá que replantearse la administración de los recursos a lo interno de la institución, estableciendo desde el órgano de gobierno parámetros más justos de distribución y nuevos criterios en la administración de la mermada partida.

Existe en aras del debate un compromiso casi histórico con los miembros de la carrera del MP que apunta a reivindicar derechos que están consagrados en la Ley 133-11.

La omisión de dichos derechos afecta más gravemente a los fiscalizadores quienes se encuentran en igualdad de condiciones laborales con los Procuradores Fiscales y sin embargo en franca desventaja salarial. De hecho, en el tren de la función pública los agentes del Ministerio Publico se constituyen en el renglón más desventajado de todo el aparato estatal afectando más directamente a los fiscalizadores.

El desconocimiento de los derechos a modo de beneficios prescritos en la Ley Orgánica del MP no solo lacera la dignidad individual de cada uno de sus miembros, sino que también afecta la debida función del fiscal en el trabajo diario.

En ocasiones los fiscales deben obtemperar a descensos, levantamientos y operativos en sus propios vehículos y con una mínima o nula protección. No se cuenta con suficientes flotillas de llamadas que le permita al fiscal comunicarse debidamente con todas las personas que resulten relevantes en sus investigaciones, y en la mayoría de los casos el fiscal debe llamar a decenas de personas haciendo uso de sus propios recursos.

La seguridad de los miembros del Ministerio Público también es un problema a atender. En las fiscalías existe una suerte de providencia que protege a los Procuradores Fiscales y fiscalizadores en sus horarios laborales, estando normalmente a la suerte de sus propias previsiones. No se les garantiza a los miembros del Ministerio Publico un arma de fuego, pero tampoco la seguridad que requiere sus funciones, quedando en su mayoría a merced de una situación de vulnerabilidad.

Para justificar las condiciones materiales sobre las cuales trabajan los miembros de la carrera del Ministerio Publico se apela con frecuencia a la escasez presupuestaria, las cuales según se aduce no basta para cumplir al menos con el derecho de los fiscales a cobrar sus vacaciones.

No obstante, llama la atención corroborar en las nóminas la institución la existencia de sueldos administrativos de lujo capaces de competir con lo devengado por un Procurador General Adjunto. Preocupa saber que frente a la necesidad de dignificar el salario de los fiscales los mismos no han experimentado un aumento en más de 4 años, ya que el ultimo ocurrido más o menos en ese tiempo se trató de una nivelación salarial no así de un aumento en el sentido estricto de la palabra.

Las nuevas autoridades del Ministerio Público, incluyendo los nuevos representantes al Consejo Superior, tendrán un gran reto entre sus manos. Deberán postular no solo para garantizar la eficiencia en el trabajo de las investigaciones de los crímenes, sino también en hacer del Ministerio Público una institución más humana para sus miembros, y para ello se tendrá que comprender mejor el valor de una buena administración de los recursos frente a la escasez de los mismos

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