Según una investigación realizada por la Fundación Justicia y Transparencia, donde revela que desde el año 2006 al 2013, los Ayuntamientos y Juntas Distritales del país, han malversado más de cien mil millones de pesos, es un ingrediente nuevo, que ha de ser tomado muy en serio por la sociedad civil en sentido general, para emprender acciones inmediatas que frenen la corrupción que impera en el manejo de los fondos destinados a estas instituciones descentralizadas.

La Ley 176-07, del Distrito nacional y los Municipios, que modifico supuestamente para mejorar las cosas a la Ley 3455, solo ha servido para otorgarle más poderes a los Alcaldes y Encargados de Juntas Distritales, para que manejen a su merced los fondos municipales que reciben a través de la Ley 163-00, más los ingresos propios que generan por el cobro de los arbitrios municipales y otros impuestos, además de los arrendamientos de locales, solares, los cementerios, los coliseos gallísticos, las subastas de mataderos y carnicerías, entre otros.

La lucha contra la corrupción no necesariamente le corresponde al Gobierno de turno, son otras las instancias responsables de velar por el manejo adecuado apegado a las normas y al sistema de contabilidad gubernamental, cuyas normativas están claramente establecidas. Sin embargo son muy pocos los funcionarios del gobierno y los municipales que las respetan.

De ahí la preocupación del gobierno del Presidente Danilo Medina, de enfrentar decididamente el flagelo de la corrupción y por ello la Contraloría General de la Republica que es el órgano oficial de fiscalización interna está llevando a cabo un programa piloto en varias instituciones, a los fines de evitar el dispendio de los fondos públicos o mejor dicho el dolo y la malversación que es lo que ocurre siempre por mecanismos que todos conocemos pero que muy pocos tienen el valor de denunciar.

La Ley 176-07 es clara y precisa y establece prisión e imposibilidad de ocupar un cargo público durante 5 años a todo Alcalde, Alcaldesa o Director (a) de las Juntas Distritales que incurran en actos de corrupción en el manejo de los fondos públicos, sin embargo la Cámara de Cuenta, que para mí no es más que una Cámara de Cuentos, nada hace al respecto, conscientes de que todo lo que revela el informe de la Fundación  Justicia y Transparencia es cierto y creo que se quedó corto el informe.

Pero como siempre ocurre cada vez que se detecta irregularidades en uno de estos Ayuntamientos o Junta Distritales, salen los padrinos entiéndase la Federación Dominicana de Municipios y la Federación de Juntas Distritales, a defender a sus compañeros, argumentando cosas en los medios, para tratar de impedir el que los mismos sean sometidos a la acción de la justicia y paguen por las acciones de corruptela que han cometido.

A mi juicio, esta modalidad de corrupción ha sido uno de los principales males que ha inducido al incremento de la desigualdad social en el país y que por demás ha dado cabida a un incremento desproporcional de las acciones delincuenciales, pues si los de arriba se roban los cuartos del pueblo, los de abajo dicen vamos a robar también nosotros.

La única diferencia es que el que se roba los millones que deberían ser destinados para devolvérselos al pueblo en bienes y servicios nunca caen presos, porque se hacen las víctimas, los de abajo que se roban un pollo, un motor o un televisor por decir algo, esos si van de inmediato a la cárcel y son condenados.

Si los actuales miembros de la Cámara de Cuentas, no se sienten con la suficiente capacidad, vocación de servicio y responsabilidad patriótica de defender los mejores intereses de los dominicanos (as), lo que deberían es renunciar a sus posiciones y darle la oportunidad a que verdaderos profesionales, puedan organizar el desorden administrativo con el que actualmente están operando las Instituciones Centralizadas, Descentralizadas y Autónomas y eso solo se lograra cuando sean llevado al banquillo de los acusados todos los servidores público que se involucren por la ambición desmedida de obtener recursos y enriquecerse a costa del pueblo dominicano, en acciones de corrupción y sean traducidos a la acción de la justicia, incautados los bienes adquiridos con los recursos hurtados y condenados a las penas establecidas claramente en nuestro Código procesal Penal.

Reitero una vez más que es una responsabilidad de todos los dominicanos y dominicanas, empoderarse y emprender acciones inmediatas y contundentes, para combatir decididamente las acciones de corrupción no solo en el gobierno de turno, sino también la corrupción que existe en el sector privado con la evasión fiscal y las falsas declaraciones de impuestos, que son apadrinadas por funcionarios y empleados de los organismos oficiales recaudadores y que solo ha permitido que un grupo de empresarios se enriquezcan a costa de los impuestos que pagamos cada uno de los dominicanos (as), a través de la adquisición de bienes o servicios.

El Presidente Danilo Medina diez meses de gobierno, ha dado una clara señal de que hará un gobierno ético, moral y transparente y hasta ahora lo ha hecho, por eso creo que es el momento de emprender acciones que conlleven a erradicar este flagelo que tanto daño le está haciendo al mundo al igual que el narcotráfico, poniendo en peligro la estabilidad de las futuras generaciones y la paz mundial, que pese a todos los esfuerzos realizados desde hace décadas no se ha podido lograr.