Educación y Democracia

La 168 correrá la misma suerte que la doctrina Parot

Por Francisco Alvarez Valdez

En estos últimos días la Gran Sala del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) ha desautorizado la doctrina Parot establecida por decisiones de las altas cortes de España (Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional), y esta será la suerte que correrá la sentencia 168 dictada por el Tribunal Constitucional dominicano (TC) cuando la misma sea examinada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH).

La doctrina Parot fue establecida por el Tribunal Supremo español en el año 2006. Henri Parot era un terrorista de la ETA, condenado por 82 cargos de asesinato a través de 26 sentencias que acumularon un total de 4,800 años de prisión. En España las penas se podían acumular, pero el cumplimiento en prisión no podía exceder de 30 años (lo que ya ha sido modificado).

En 1994 el Tribunal Supremo había interpretado que la pena máxima de 30 años servía de “condena nueva y autónoma a la que era aplicable el beneficio penitenciario” que permitía la reducción del tiempo en prisión por buena conducta, estudios y otras actividades, es decir, que la reducción se aplicaba sobre la base de los 30 años de cumplimiento máximo y no sobre el total de la condena, lo que beneficiaba a Henri Parot, que entonces podía salir de prisión antes de cumplir los 30 años de prisión.

Ante un recurso de Parot, el Tribunal Supremo  cambió la forma de contabilizar los beneficios penitenciarios de reducción del tiempo en prisión, y declaró que debían computarse no sobre los 30 años (tiempo máximo de cumplimiento) sino sobre el total de la condena, es decir los 4,800 años, lo que garantizaba que Parot tuviera que cumplir obligatoriamente los 30 años completos.

Otra terrorista cumpliendo condena, Inés Del Rio, condenada a 3,828 años por 24 asesinatos, solicitó su libertad antes de cumplir el máximo de 30 años, aprovechando la reducción del tiempo de acuerdo a los beneficios penitenciarios. Se le aplicó la Doctrina Parot en los tribunales judiciales, lo que fue confirmado por el Tribunal Constitucional, y ella llevó el caso al TEDH  bajo el argumento de que se le pretendía imponer retroactivamente un nuevo método de cálculo de reducción de la pena que no estaba vigente cuando fue condenada.

En el año 2012 la Sala Pequeña del TEDH decidió que la doctrina Parot violaba la disposición del Convenio Europeo de los Derechos Humanos que prohíbe la aplicación retroactiva de cualquier disposición que fuera desfavorable, lo que también estaba prohibido por la Constitución española. Sin embargo el gobierno de Rajoy decidió impugnar esta decisión ante la Gran Sala del TEDH y no ejecutarla hasta que no se produjera una decisión sobre su recurso, que llegó el 21 de octubre de 2013 en una sentencia en la que se expresó lo siguiente:

“ El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible.”

Los diez y siete miembros de la Gran Sala, incluyendo al magistrado español Luis López Guerra, consideraron a unanimidad que España había vulnerado el derecho a la libertad y a la seguridad consagrado en el artículo 5.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, y con dos votos disidentes, que también vulneró el artículo 7 que dispone que no hay pena sin ley.

Estamos hablando de un precedente que abrirá las puertas de la cárcel a decenas de terroristas de ETA que guardan prisión. Por esa razón el pueblo español se ha lanzado a las calles a apoyar las decisiones de sus tribunales judiciales y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el TEDH se ha impuesto y rápidamente su sentencia ha sido cumplida poniendo en libertad a la señora Del Río y señalándose que el precedente tiene un alcance general que obliga a aplicarlo a todos los demás casos en las mismas condiciones. Más de doscientos jueces, fiscales y catedráticos que conforman el Grupo de Estudios de Política Criminal en España ha respaldado el fallo señalando que “no hay democracia sin sometimiento a la ley” y que separarse del Convenio Europeo de Derechos Humanos “es un regreso directo a la dictadura.”

Lo que ha ocurrido en Europa con la doctrina Parot es lo que ocurrirá en América con la sentencia 168 dictada por el TC. No niego que una mayoría de los dominicanos pudiera estar apoyando al TC y que así lo reflejen las encuestas que lee el presidente Medina, pero en España no fue suficiente el apoyo del pueblo a su Tribunal Constitucional para evitar que el TEDH lo desautorizara porque se supone que los jueces no fallan en base a encuestas.

Ambos casos guardan relación debido a que  en ambos se ha pretendido aplicar retroactivamente una disposición jurisprudencial (ni siquiera una ley). En el caso dominicano se trata de una nueva interpretación del concepto de tránsito que estableció la Suprema Corte de Justicia en el año 2005 y que ahora es ratificada por el TC.

El argumento expuesto por el presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, en el sentido de que no existe aplicación retroactiva en la 168 no se sostiene en razón de que la forma en que por decenas de años fue aplicado el concepto de tránsito establecido en todas las constituciones desde 1929, en materia migratoria, fue la de considerar que un extranjero residiendo ilegalmente en nuestro territorio no se encontraba en tránsito y podía declarar como dominicanos a sus hijos nacidos en nuestro suelo en virtud del jus soli. Así se estuvo ejecutando por decenas de años, probablemente hasta hace poco tiempo, y por eso existen miles de cédulas expedidas a favor de estas personas en las que se consigna su nacionalidad dominicana, sin que hubiese habido necesidad de hacer declaraciones falsas a los Oficiales del Estado Civil que registraban los nacimientos de padres ilegales.

Si tomamos el caso que dio lugar a la 168 podremos comprobar que no existe falsedad alguna en la declaración de nacimiento de la señora Juliana Deguis, pues en la 168 se lee: “…según el acta de nacimiento de la señora Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, sus padres, Blanco Dequis (o Deguis)  y Marie Pierre, son nacionales haitianos; el primero, identificado mediante la ´ficha´o ´documento´núm. 24253, y la segunda, mediante la ´ficha´o ´documento´núm. 14828. De ellos se infiere, en consecuencia, que el padre de la recurrente y declarante de su nacimiento era un trabajador extranjero de nacionalidad haitiana, cuya presencia obedecía al propósito de de realizar labores industriales o agrícolas, y que no se había provisto de su cédula de identificación personal cuando efectuó la indicada declaración  del nacimiento de su hija…”

No hay falsedad alguna en la declaración de nacimiento que fue acogida por el Oficial del Estado Civil basado en una costumbre o práctica inveterada, pacífica, continua que perduró desde 1929 hasta las resoluciones de la Junta Central Electoral del año 2007 que pretendieron poner en ejecución el cambio de interpretación del concepto “en tránsito” que en materia migratoria había producido una sentencia de la Suprema Corte de Justicia en el año 2005.

Pero ocurre que la costumbre o la práctica, como también se le llama, es fuente de derecho, y había consolidado una interpretación absolutamente racional del concepto “en tránsito” que fue cambiado por la Suprema Corte de Justicia en el 2005, y que ahora el TC pretende aplicar retroactivamente a todos los nacidos antes del cambio y retrotrayéndolo nada menos y nada más que 76 años.

El efecto retroactivo no solo está prohibido para las leyes sino también para la jurisprudencia, como señaló el TEDH, y agrego que la prohibición alcanza toda fuente de derecho y debe incluir también la costumbre. ¿Alguien puede negar la existencia de esa práctica de nuestras autoridades que permitió el registro civil de decenas de miles de personas en esas condiciones en los últimos ochenta años?

Así como el TEDH desautorizó la doctrina Parot, la CorteIDH desautorizará la 168. No se trata solamente del precedente sentado por el TEDH en el caso de la doctrina Parot, sino de aplicar la propia jurisprudencia de la CorteIDH que ya ha decidido el tema del concepto de “en tránsito” en una forma contraria a como lo ha aplicado el TC. Tampoco se podrá utilizar el argumento de que una ilegalidad (la irregularidad migratoria de los padres) no puede generar derecho a favor de los hijos, pues, tal como ya lo señaló expresamente la CorteIDH, la ilegalidad cometida por los padres no puede ser transmitida a sus hijos. Es una cuestión solamente de tiempo. Y mientras ese momento llega, nuestro país sufrirá el descredito internacional de una sentencia no solo antijurídica, que viola principios cardinales como el de favorabilidad, sino también contraria a los valores humanos que deberían guiarnos.

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