En la República Dominicana la deuda pública es producto del patrocinio de intereses particulares, la misma se estima que asciende a casi el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando integramos la deuda del sector público no financiero y la del sector público financiero.

La deuda pública ha sido generada por una irresponsabilidad fiscal, por la ausencia de control y es utilizada como un mecanismo para financiar el propio déficit generado por el fraude, el dolo y la ilegalidad.

Por estas razones la ilegitimidad de la misma, además de ser definitivamente incompatible con la democracia, esa deuda pública que financia la corrupción compromete el patrimonio de las futuras generaciones.

La ausencia de dispositivos normativos y un robusto sistema de consecuencia para el control del endeudamiento público ilegítimo, generado por el desorden institucionalizado, promovido por una clase política que se apropia del patrimonio público, administrando el erario público con imprudencia, irresponsabilidad y con fines particulares o grupales, por encima el bien común.

El aumento de la deuda pública interna y externa convertido en un medio para financiar la acumulación de capitales de actores políticos y grupos económicos, sobre la base del empobrecimiento de la población, llegó a cifras alarmantes, preocupantes e insostenibles en el corto plazo.

El fraude fiscal del año 2012 y el progresivo endeudamiento público, ponen en evidencia la urgencia de la adopción de mecanismos de controles claros, precisos, que permitan establecer medidas para garantizar la responsabilidad fiscal, aumentar la transparencia, transformando la gestión del gasto del Estado y reducir la corrupción.

En este contexto, para instituir mecanismos de control efectivo, será necesario diseñar un estricto sistema de vigilancia, revisión y registro, seguido de un sistema de consecuencia efectivo e inquebrantable, que permita castigar la infracción, desobediencia, violación o inaplicación de los principios rectores de un sistema de transparencia y responsabilidad fiscal.

En ese sentido, la Ley No 1-12 que instituye la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, señala en el marco de la adopción del Pacto Fiscal, para la reestructuración integral del sistema, considerar la promulgación de una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que establezca políticas, normas y sobre todo penalidades que sancionen su incumplimiento.

El déficit fiscal y el endeudamiento público producto de la corrupción, ha generado un empobrecimiento creciente de la población y una disminución de la calidad de vida, al tiempo que nos conducimos a la insostenibilidad fiscal y no avanzamos en la implementación de mecanismos que permitan el saneamiento de las finanzas públicas.

De esta reflexión, se desprende la necesidad de que el Congreso Nacional conozca y apruebe el Proyecto de Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que tiene por objeto “establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la Nación”.

Además la referida normativa establece: “la estructura institucional encargada de la aplicación y supervisión del régimen de responsabilidad y transparencia fiscal, así como el sistema de consecuencia que se deriva de su inobservancia violación o inaplicación”.

Este proyecto de Ley en su contenido podemos destacar distintos aspectos novedosos, de manera particular, me parece apropiado el sistema de consecuencia previsto en caso de violación de las disposiciones e indica la responsabilidad personal de los funcionarios y servidores públicos, quienes serán patrimonialmente responsables por sus acciones u omisiones que impliquen infracción a la misma.

En otro orden, la adopción de normas que se apliquen, respeten y cumplan, permitirían el desmonte de la deuda pública, en el caso de nuestro país superamos los límites mínimos prudente de endeudamiento, es necesario, una intervención política de reducción, control y transparencia fiscal.

La sociedad debe impedir que la deuda pública se convierta en unos de los mecanismos de la  acumulación originaria, del hurto, del robo, el fraude y el enriquecimiento sin causa, detener el incremento de la deuda pública utilizada para financiar los grupos  enquistados en la dirección del Estado se convierte en una tarea urgente e imperiosa.