El pasado lunes 3 de junio unos 67 Estados firmaron el Tratado Mundial de Comercio de Armas (TCA), incluyendo República Dominicana, a pesar de la información que se tenía de que no asistiría delegación oficial por el incumplimiento de pago por parte del Estado de la cuota financiera que se destina para sustentar los gastos de las Naciones Unidas.

El Tratado de Comercio de Armas es el primer acuerdo vinculante a escala mundial que regula un comercio que genera aproximadamente unos 85 mil millones de dólares anuales, uno de los más lucrativos del mundo, por no decir el más. Sorpresivamente, han firmado muchos de los mayores exportadores de armas del mundo, incluyendo el Reino Unido, Alemania y Francia. Estados Unidos ha dicho que también firmará, no obstante la NRA, en el curso de este año. Por supuesto, se sabe de otros países que nunca lo harán.

Su entrada en vigor ocurrirá a los 90 días luego de que el quincuagésimo Estado signatario haya completado el proceso de ratificación. Este proceso a favor de un TCA, liderado por la sociedad civil latinoamericana, tomó unos dos largos lustros de intensas discusiones, campañas, cabildeos, investigaciones y negociaciones, para por fin convencer a los grandes productores y ver los frutos deseados. La región más violenta del mundo, producto en parte a la gran disponibilidad de armas importadas desde los países ‘desarrollados’, ha ganado esta batalla.

Con la firma del tratado, los Estados se comprometen de buena fe a:

Regular adecuadamente todas las transferencias de armas convencionales, municiones o piezas y componentes.

Prohibir la exportación de armas convencionales, municiones o piezas y componentes cuando se sepa que se utilizarán para perpetrar crímenes de guerra, cometer actos de genocidio, ataques contra civiles y otras violaciones graves a los Convenios de Ginebra.

Evaluar de manera integral el riesgo de que las transferencias de armas contribuyan a socavar, o en efecto socaven, la paz y la seguridad o faciliten las violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, el terrorismo, el crimen organizado, y la violencia de género.

Ponderar el riesgo de que las armas sean redirigidas desde el destinatario original a otro usuario, en lo que se conoce como "desviación".

Presentar informes anuales sobre sus transferencias internacionales y actividades de aplicación a nivel nacional a los demás Estados Partes, para así mejorar la transparencia respecto del comercio mundial de armas.

Para República Dominicana, como para los demás Estados, la adhesión al Tratado supone en primer lugar una reforma integral de todas aquellas leyes que se relacionen al control de armas y a la prevención del tráfico ilícito; pero por otro lado también supone el compromiso de evaluar a partir de su ratificación de forma rigurosa los riesgos posibles de cada transferencia de armas y municiones que se vaya a realizar (compras, exportaciones) en procura de que no caigan en las manos equivocadas o de que sean utilizadas para cometer violaciones graves de derechos humanos.

A modo de ejemplo, hace solo unas semanas la prensa se hacía eco de un caso de posible tráfico de armas por compra que asciende a RD$28 millones de pesos en la pasada gestión de las FFAA, la cual corresponde a 200 fusiles M-16.

Este compromiso internacional- ya asumido- definitivamente nos debe llevar a crear las capacidades institucionales necesarias para poder hacer frente a las responsabilidades que de él se derivan. Por lo pronto, abogamos por su inmediata ratificación.