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Falso debate

Por Antonio Almonte

El discurso que propone que el Estado se abstenga de hacer inversiones en nuevas plantas de generación tiene tan débil asidero como su contrario, aquel que plantea la re-estatización pura y simple de todo el sistema eléctrico nacional.

El Estado dominicano, a través de las tres empresas distribuidoras, compró energía a las generadoras privadas y a las hidroeléctricas por un monto aproximado de 2,000 millones de dólares en el 2012.

Es lógico, pues, que frente a una factura de tal envergadura, el comprador (Gobierno) procure abaratar el precio medio de la energía que compra,  mediante la instalación de plantas capaces de producir a mas bajo costo.

Además, desde la instalación en el 2003 de la planta de gas natural de AES en  Boca Chica, hasta la inauguración este ano de las plantas Quisqueya 1 y Quisqueya 2, en San Pedro de Macorís, como parte de  un arreglo empresarial entre la Barrick Gold y Egehaina, el sector privado no había hecho otras inversiones de gran escala en nuevas plantas.

Esa escasez tan prolongada de inversión en generación - diez anos - ha provocado que la oferta de electricidad sea casi inflexible, rígida, en tecnología y costos, acarreando grandes sacrificios financieros al Estado vía un enorme subsidio a las distribuidoras para que estas paguen a los dueños de las plantas la energía que le compran, distribuyen entre la población y  no la cobran.

Mientras tanto, el incremento de la demanda de electricidad por parte de la población no se detiene, la búsqueda de soluciones individuales, ineficientes y contaminantes continúa, y la presión social  sobre el Gobierno también.

De su lado, los generadores privados parecen estar esperando a que llegue el 2016 cuando vencerán los contratos de largo plazo (derivados del Acuerdo de Madrid)  y el Gobierno a través de las distribuidoras se verá obligado a renegociar  y recontratar en términos y circunstancias favorables para ellos.

El vencimiento de dichos contratos podría ser una oportunidad para que el Gobierno, que basado en el Artículo 110 de la Ley General de Electricidad , a través de las distribuidoras llame a una licitación de gran escala para sustituir toda la energía "vieja" basada en combustibles derivados del petróleo por energía nueva generada por plantas de gas natural y carbón.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que debido los grandes riesgos regulatorios, el manejo político y oportunista de la tarifa y la quiebra de las distribuidoras, los generadores privados adoptan estrategias conservadoras y se niegan a invertir salvo que les concedan contratos de largo plazo suficientemente blindados.

En ese contexto, la instalación de plantas eléctricas que usan carbón o gas natural como combustibles podría (y debería) ser asumida por el Estado en su condición de responsable principal en garantizarle a la sociedad  electricidad suficiente y a precio razonable.

Frente a la realidad actual del sector el Estado puede y debe participar solo o asociado en proyectos de inversión en plantas de mínimo costo de generación.

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