Hace menos de un mes que el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), junto a otros importantes funcionarios del sector, en el marco del almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, plantearon el inicio de un supuesto pacto eléctrico, con miras a lograr la sostenibilidad del sistema, y aunque no ha llegado la temporada calurosa, donde naturalmente aumentará la demanda, ya los dominicanos empezamos a padecer largas tandas de apagones, que parecen interminables, sin mencionar que pronto veremos reintroducirse el tema de los aumentos de la tarifa.
La triste realidad detrás de los apagones de hoy y de todos los que quedan por venir, radica en que el sistema eléctrico nacional se ha tornado en completamente inviable; la gestión reguladora del estado ha fracasado y no importa cuántos pactos se prometan y suscriban, de no avocarnos a una reingeniería integral del sistema, con la participación de todos los dominicanos, sólo estaremos agudizando el mal, producto de persistir en la vieja práctica de adoptar medidas coyunturales, eludiendo las responsabilidades que plantea el decidir a largo plazo.
Para ilustrar lo referido, solo se requiere observar que no es posible pretender que todo el problema eléctrico nacional se solucionará con la inclusión de nuevas unidades generadoras, con la instalación de medidores o con mejorar la gestión comercial, acciones que ya se han tomado en el pasado, cuando se tiene por delante un déficit que mensualmente supera los 100 millones de dólares, que se mantiene en aumento y cuando se desconoce cuál será el mecanismo que se pondrá en práctica para saldar las deudas millonarias generadas en el sector.
La intervención reguladora del estado sólo se justifica como forma de corregir fallas inherentes al mercado, consecuentemente, el uso de medidas regulatorias equivocadas invariablemente resulta en el empeoramiento de la economía. La aplicación de las medidas erróneas, que evidentemente ha sido el caso de la República Dominicana, sólo contribuye a convertir la intervención gubernamental en más costosa e injusta para los actores que intervienen en el proceso.
Esas medidas erróneas son precisamente, las que han desnaturalizado por completo la labor reguladora del estado dominicano, propiciando un evidente vacío de liderazgo, donde los costos de la regulación no sólo sobrepasan los beneficios de la misma, sino que además le han convertido en una retranca para el desarrollo, desincentivando la inversión y multiplicando toda suerte de vicios y distorsiones en el sistema.
En las actuales circunstancias es radicalmente equivocado salir a negociar nuevas obligaciones y contraer nuevos compromisos a largo plazo, que afectan a todos los dominicanos. Es necesario actuar con cautela, respetando la aspiración de todos, que no es otra que lograr un sistema eléctrico eficiente y en el cual sus actores reciban beneficios equitativos; lo que a fin de cuentas, justifica la participación política en el sistema de regulación gubernamental.
Reiteramos que el rol del gobierno, como ente regulador, no es otro que el de corregir las fallas que se presentan en un mercado que no siempre anda sobre ruedas; sin embargo, si los líderes del sector persisten en la toma de decisiones erróneas, aventureras y carentes de consenso, sería mucho más conveniente para todos, enviar a esos inoperantes funcionarios a sus casas, ahorrarnos los altos costos de una regulación tan especializada como ésta y optar por la completa desregulación.