Desde el mes de abril del año dos mil, cuando el Estado Dominicano otorgó la concesión de los principales aeropuertos internacionales de la República Dominicana, o sea el Aeropuerto Internacional de Las Américas, el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata, el Arroyo Barril de Samaná y el María Montés de Barahona, el sector aeroportuario ha perdido la noción y el rumbo, ya que cada una de las instituciones gubernamentales que interactúan a diario en estos y los demás aeropuertos internacionales, actúan con visiones individualistas, cuando realmente deberían accionar en una misma dirección, con una clara visión de una política de Estado en materia aeroportuaria e aeronáutica, que nos permita cada día ser más competitivos, en este mercado que es muy complejo.
Luego de los adendum que se le han hecho al contrato original y que por las motivaciones expuestas para lograrlos, se incluyó la concesión del Aeropuerto Internacional Doctor Joaquín Balaguer o El Higüero, así como la construcción de un nueva terminal en la comunidad de El Catey en Samaná, con inversiones millonarias, que son compensadas de manera holgada, con la extensiones en el periodo de tiempo de duración del contrato de concesión, que originalmente era de 20 años, con varios adendum que se han hecho, a la fecha va en 30 años y según una nueva propuesta que los actuales ejecutivos de la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, le presentaron al Excelentísimo Señor Presidente Constitucional de la República, el Licenciado Danilo Medina, pretenden lograr un nuevo adendum, para seguir expandiendo y mejorando las infraestructura aeroportuaria y que la misma sea extendida por ocho años más, o sea hasta el año 2038.
Independientemente de las diferentes administraciones que ha tenido la empresa concesionaria Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI, no podemos dejar de reconocer los grandes avances y transformaciones a que han sido sometidos los Aeropuertos Internacionales de Las Américas, doctor José Francisco Pena Gómez y el Gregorio Luperón de Puerto Plata, a pesar del bajo flujo de pasajeros debido a los inconvenientes que presenta actualmente el sector turístico en la zona norte del país.
Ahora bien, tenemos una ley 8, que crea la Comisión Aeroportuaria y por ende al Departamento Aeroportuario que es el órgano ejecutor de las decisiones o políticas evacuadas a través de resoluciones, que tiene que ver con todo lo relativo al sector aeroportuario en la República Dominicana y el propio contrato de concesión, sin embargo esta ley está desde el año 2000 en un limbo, pues muchas de las funciones según esta ley eran facultad de estas instituciones gubernamentales, les fueron transferidas a la concesionaria, como la administración y operación, quedando bajo la responsabilidad del Estado Dominicano según en anexo 9 de dicho contrato, todos los organismos civiles y militares que interactúan en los aeropuertos internacionales, para velar y cumplir con todas las normas que rigen la aviación civil y que están plasmadas en la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), en la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y en los propios programas de Seguridad de la Aviación Civil, que elaboran técnicos especializados del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC).
Quien suscribe este artículo, ha tenido el honor de formar parte del sector aeroportuario del país desde el 1999, cuando se inició el proceso de licitación pública nacional e internacional para el Estado Dominicano otorgar en concesión la administración y operación de los principales aeropuertos internacionales del país y trabajamos arduamente en la entrega del Aeropuerto Internacional de Las Américas a la empresa ganadora de dicha licitación que fue AERODOM, ya que en ese entonces fungíamos como Vicegobernador Administrativo de dicha terminal en la gestión del Licenciado Arístides Fernández Zucco, quien era el Gobernador.
Desde esa fecha para acá han sido creadas algunas instituciones, por recomendaciones de los organismos internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria, para tratar de ser más eficientes los servicios aeroportuarios y velar para se mantengan dentro de los parámetros establecidos en los estándares de calidad, así como variar la idea de ver a los pasajeros como usuarios, sino que deben de ser tratados como clientes que es lo que realmente son, ya que un pasaje aéreo es un contrato de un servicio que deben brindar al que lo adquiere, debiendo ambas partes cumplir con lo establecido en el mismo, so pena de poder ser penalizado y hasta demandado. La institución que me refiero es la Junta de Aviación Civil, dentro de la cual se encuentra el Comité de Facilitación, que precisamente se encarga de velar por esta parte, entre muchas otras funciones más.
Como Subdirector Ejecutivo del Departamento Aeroportuario y Director de las Delegaciones Aeroportuarias, considero que se hace necesaria la readecuación de la Ley 8, para dinamizar y dejar claramente establecida las funciones reales de la Comisión Aeroportuaria y del Departamento Aeroportuario, que en estos momentos es mas de fiscalización, supervisión y hacer cumplir en el tiempo establecido las inversiones contempladas contractualmente, así como las demás que en cierta medida están plasmada en la ley obsoleta.
Pero además de esto considero que todos los organismos que tienen que ver con el sistema aeroportuario de la República Dominicana y Aeronáutico, deben cumplir con la obligatoriedad de reunirse periódicamente a trazar las pautas como política de estado y revisar constantemente las iniciativas aprobadas, cada entidad asumiendo su rol y responsabilidad, sin recelos, sin considerarse unos más jefes que otros, sin tratar de perjudicarse los unos a los otros por razones meramente peculiares o de intereses grupales, el país debe de estar por encima de todo siempre y más el nuestro cuya economía está sustentada esencialmente por el turismo, por lo que reiteramos una vez más que el Estado Dominicano, encabezado por su Excelencia el Presidente Danilo Medina, debe conminar a todos los funcionarios vinculados al Sector Aeroportuario y Aeronáutico, a establecer una política única, transparente, bien clara y definida, para que cada quien juegue su rol y nos permita ser cada vez más competitivos, en precio, calidad y servicios, que es lo que realmente atrae al turista.
La Comisión Aeroportuaria, el Departamento Aeroportuario como su órgano ejecutor, el Comité Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (CONASAC), el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), la Junta de Aviación Civil, el Cuerpo Especializado en Seguridad de la Aviación Civil (CESAC), El Ministerio de Turismo, la Dirección General de Aduanas, la Dirección General de Migración, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), la Policía Nacional, el Ministerio de Agricultura a través de los departamento de Sanidad Animal y Vegetal, el J2, la Dirección de Control de Drogas, entre otras instituciones gubernamentales que prestan sus servicios en los aeropuertos internacionales, estamos conminados a trabajar unidos, para garantizar el incremento del turismo en la República Dominicana, hasta logra la meta trazada por el presidente Danilo Medina, de lograr que unos 10 millones de turistas visiten anualmente nuestro país.
¡MANOS A LA OBRA!