Bateando a la izquierda

El presidente Abinader: PRM, sector privado y aliados

El régimen de consecuencia debe ser apegado a la Constitución de la República y otras leyes sustanciales que guían a los ciudadanos por el camino sujeto a la Ley. No es justo que al dominicano común y corriente se le aplique todo el peso de la ley, por pendejadas; mientras los funcionarios gozan de impunidad al malversar cuantiosos recursos, y, violan lo que llaman conflicto de intereses.

Por Fortune Modeste Valerio

El presidente Luis Abinader Corona prefirió conformar su gobierno, en su línea central, con reconocidos cuadros técnicos del empresariado dominicano. Obviando, por supuesto, su ascenso al poder como resultado de una amplia Coalición de partidos políticos, sociedad civil y personalidades independientes.

Sin esa Coalición se hubiese producido una segunda vuelta. Y sabrá Dios lo que hubiera ocurrido. El tablero electoral tenía sus fichas en posiciones de ataque y casi todos se daban como ganadores. El cambio de escenario y la inyección de nuevas fuerzas políticas inclinó la balanza en favor del actual presidente Abinader. En consecuencia, es un error ignorarlo en función de ocupar funciones públicas de envergadura para aplicar el programa de gobierno y cumplir con las promesas electorales.

Entregarle el gobierno a algunos sectores privilegiados del PRM, sector privado y participación ciudadana, aleja todas las posibilidades de encausar el nuevo gobierno por senderos de una verdadera democracia que garanticen las libertades democráticas y el bienestar de la población. Mientras, el primero le interesa escalar social y económicamente; el segundo, anda detrás de los bienes del Estado, y, por último, están los que luchan contra la corrupción y la impunidad bajo la sombra del poder de los Estados Unidos de Norteamérica.

Conformar un gobierno depende de la voluntad del presidente de la República y de la visión que tenga del presente y futuro de la sociedad. Sin duda, necesitamos profundizar el proceso democrático que garanticen las reformas constitucionales pendientes y que detenga, régimen de consecuencia, la galopante corrupción que desde el poder manifiestan todo el que llega.

El régimen de consecuencia debe ser apegado a la Constitución de la República y otras leyes sustanciales que guían a los ciudadanos por el camino sujeto a la Ley. No es justo que al dominicano común y corriente se le aplique todo el peso de la ley, por pendejadas; mientras los funcionarios gozan de impunidad al malversar cuantiosos recursos, y, violan lo que llaman conflicto de intereses.

La conducción con firmeza, del presidente Abinader, del aparato estatal debe estar en consonancia con el programa de gobierno, es la garantía de evitar las distorsiones que se exhiben en la opinión pública, a manera de ensayo, para su ejecución. No hay vuelta atrás, fracasar de nuevo, en las modificación y profundización de las reformas, políticas, económicas y sociales, esperadas por décadas.

La malsana práctica, muy usada, de llegar al poder para enriquecerse utilizando recursos públicos, debe ser erradicada, si se quiere profundizar el proceso democrático. Es la mayor y delicada prueba de fuego que tiene el actual gobierno. Con la experiencia de los anteriores gobiernos, no le queda de otra que predicar con el ejemplo, y evitar sucumbir ante la corrupción y la impunidad.

Los hombres y mujeres calificados que en sus hojas de servicios se destaquen la honestidad, patriotismo y el don de servil, deben de ser considerado para ocupar cargos públicos, incluyendo a los revolucionarios y comunistas. Solo con la participación de todos los sectores nacionales se puede emprender el camino hacia la profundización de la democracia y cambiar el rumbo en la conducción de los asuntos estatales..

Los funcionarios deben administrar en forma correcta, sin politiquería ni corrupción, la institución pública que se le entrega; conducirla por los senderos de la eficiencia, productividad y conservar la misma. Los bienes del Estado están para servil, garantizando rentabilidad, sin caer en la presión brutal del mercado. Muchas veces sirven de equilibrio; por eso el sector privado quiere sacarla, adquiriéndola, del negocio.

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