Opinión

Ciudadanía y litigio de alto impacto ante el Tribunal Constitucional

De esta forma, el Tribunal Constitucional frenó al populismo penal que se pretendía instaurar contra la libertad de expresión al exacerbar la sensibilidad punitiva del Estado con la aprobación de leyes que criminalizaban expresiones calificadas como difamatorias e injuriosas, difundidas por las redes sociales o por los medios de comunicación convencionales.

Por Namphi Rodríguez

Tras la proclamación del Estado Social en la Constitución del 2010, en República Dominicana se abrió un capítulo sin precedentes en la historia del país para la participación de la ciudadanía en la justicia constitucional.

El catálogo de derechos y garantías fundamentales fue ampliado para incluir derechos económicos y sociales de segunda y tercera generación, así como acciones procesales como el amparo y el hábeas data.

Sin embargo, esta protección se ha visto ralentizada por la falta de armonización legislativa, por lo que ha correspondido a la jurisdicción constitucional asumir la tarea de garantizar la efectividad de estos derechos, en consonancia con el mandato del artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).   

Garantías constitucionales como la acción directa de inconstitucionalidad han sido puestas por el constituyente a disposición de la ciudadanía para la construcción del nuevo paradigma del Estado Social bajo la sombrilla del principio de soberanía popular (artículo 2 de la Constitución).

Dicho camino quedó consolidado con la sentencia TC/0345/19, en la que el Tribunal Constitucional consideró que, “es imperativo reconocer que la acción directa de inconstitucionalidad supone un proceso constitucional instituido para que la ciudadanía, profesando su derecho a participar de la democracia de acuerdo con las previsiones de las cláusulas de soberanía popular y Estado Social y Democrático de Derecho preceptuadas en los artículos 2 y 7 de la Constitución dominicana, tenga la oportunidad, real y efectiva, de controlar la constitucionalidad de aquellas leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y otros actos que contravengan el contenido de nuestra Carta Política; esto, ante este Tribunal Constitucional, a fin de preservar la supremacía constitucional, el orden constitucional y garantizar el respeto a los derechos fundamentales”.

Con este precedente, el Constitucional consolidó su criterio sobre la legitimación procesal ciudadana para la acción directa de inconstitucionalidad, aproximándola más a una especie de acción popular.

Este ha sido un terreno que han abonado las acciones procesales ante el Tribunal Constitucional de una entidad como la Fundación Prensa y Derecho, organización de la sociedad civil que trabaja en la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos.

En tal sentido, en noviembre del año 2013, el Constitucional emitió la sentencia TC/0200/13, producto de una acción directa de inconstitucionalidad de la Fundación Prensa y Derecho contra el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), por el derecho a la intimidad de los usuarios de las telecomunicaciones, con lo cual se impidió que los organismos represivos del Estado tuvieran acceso directo y sin orden judicial a los archivos de las comunicaciones telefónicas e Internet de los ciudadanos.

A esto siguió la sentencia TSA/442/13, de noviembre del 2013, que decidió un amparo del Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante la cual se le ordena al Indotel y al Instituto de Defensa de los Derechos del Consumidor o Usuario (Pro Consumidor) revisar las cláusulas abusivas de los contratos de adhesión de las empresas telefónicas con los usuarios y ciudadanos.

En abril del 2016, tocó el turno a la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento, luego que dicha entidad impugnara por su incompatibilidad con la Constitución varios artículos que imponían penas de privación de libertad por los delitos de difamación e injuria y que establecían un régimen procesal en cascada de responsabilidad contra los directores de medios de comunicación en violación del principio de personalidad de la persecución penal.

Para octubre del 2016, el Tribunal Constitucional pronunció el fallo TC/0484/16, sobre la inconstitucionalidad de la Ley 172-13, de Protección de Datos de Carácter Personal, a fin de vencer los obstáculos para que los ciudadanos pudieran acceder a los “archivos delictivos” de los organismos represivos del Estado y hacer corregir informaciones arbitrariamente almacenadas que les pudieran afectar. En dicha oportunidad, el Constitucional dictó una sentencia interpretativa y ordenó la redacción de varios artículos de la referida norma.

A raíz de la promulgación a finales del 2018 de la Ley33-18, de Partidos Políticos, la Fundación Prensa y Derecho interpuso otra acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de esa norma, el cual disponía penas de hasta un año de prisión contra quienes difundieran en las redes sociales “mensajes negativos” que pudieran afectar a los candidatos y a las organizaciones políticas.

El Tribunal Constitucional declaró no compatible con la Carta Sustantiva el señalado artículo en su numeral 6 y, en su sentencia TC/0092/19, sostuvo que “las redes sociales se han convertido en los únicos espacios accesibles para que una masa significativa de ciudadanos pueda exteriorizar su pensamiento y recibir opiniones e informaciones, lo cual ha motivado que el discurso político deje de ser dirigido por el Estado o por los profesionales de la comunicación a través de los medios tradicionales, provocando una deliberación verdaderamente pública, plural y abierta sobre los asuntos de interés general”.

De esta forma, el Tribunal Constitucional frenó al populismo penal que se pretendía instaurar contra la libertad de expresión al exacerbar la sensibilidad punitiva del Estado con la aprobación de leyes que criminalizaban expresiones calificadas como difamatorias e injuriosas, difundidas por las redes sociales o por los medios de comunicación convencionales.

La misma posición mantuvo el Constitucional en la controversia que le planteó la Fundación en ocasión de la promulgación de la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, cuyo artículo 284, numeral 18, disponía penas de 3 a 10 años a las personas que violaren “las normas constitucionales, éticas y legales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales”.

Esas penas alcanzaban no sólo a quienes proferían los delitos contra el honor de candidatos y partidos políticos, sino también a aquellas personas que presumiblemente elaboraban, financiaban o compartían “campañas denigrantes con piezas propagandísticas difamantes o injuriosas”.

Se trataba de una desnaturalización de la tipificación penal de los delitos contra el honor que afectan a los particulares, que actualmente son sancionados con penas de 15 días a seis meses de prisión por la Ley 6132, de Expresión y Difusión del Pensamiento.

Esa tendencia del legislador resultaba contraproducente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que en su sentencia TC/0075/16 instituyó el precedente de que las penas privativas de libertad por delitos contra el honor sólo son aplicables en aquellos infracciones que afecten a los particulares, con lo que quedaron derogadas las disposiciones de Ley 6132 que contemplaban penas de prisión cuando los delitos lesionaban el honor o la dignidad de funcionarios públicos.

En ese orden, el Tribunal Constitucional estableció en su sentencia TC/0348/19 que, “la circunstancia de que la conducta tipificada como ilícita en el referido numeral 18 del artículo 284 de la Ley Núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, resulta nula por establecer una sanción penal desproporcionada que limita indebidamente el núcleo esencial del derecho a la libertad de expresión conforme al sentido de los precedentes de las sentencias TC/0075 y TC/0092/19, en aquellos casos en los cuales se difundan expresiones alusivas a funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones de Estado, o igualmente en el ámbito de un debate electoral que involucre candidatura a cargos electivos (cuestión que por su naturaleza tiene una relevancia pública), no significa en modo alguno que los daños o perjuicios que puedan derivarse de un uso abusivo del derecho a la libertad de expresión no sean susceptibles de ser indemnizados mediante la correspondiente demanda en daños y perjuicios ante los tribunales…”.

Así, pues, para quien calza este artículo, ha sido de enorme satisfacción social haber dirigido estos procesos durante una década al frente de la Fundación Prensa y Derecho, cuya presidencia he dejado recientemente con un legado tangible al constitucionalismo dominicano y a las libertades públicas.

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