Hoy proponemos una salida al impasse entre el gobierno y la Barrick. No sería aceptable que esa empresa niegue todo al gobierno, pues nuestro presidente pasaría una gran vergüenza.

Tampoco sería aceptable que el gobierno imponga la ley tope (la cual afectaría a la Falconbridge y a Cormidom) y la Barrick consecuentemente nos lleve a un arbitraje internacional donde es casi seguro que perderíamos. Hay que encontrar una solución fuera de esos extremos.

El presidente Medina no quiere avances contra las utilidades de futuros ejercicios sino ingresos provenientes de las utilidades de los próximos cuatro años. En la segunda edición de esta revista, en agosto del año pasado, nuestro titular fue: “Los millones de la Barrick que Danilo no verá” y es que sólo después de que la empresa recupere su inversión y gane un 10% sería cuando el Estado reciba una proporción aceptable de las utilidades, algo menos de un 50%, alrededor de un 46%. El problema pues tan sólo radica en los primeros años, los cuales, precisamente, coinciden con el período gubernamental de Medina. El próximo gobierno recibirá ese 46%. La Barrick, de su lado, no quiere que el contrato sea modificado o que afecte el flujo de efectivo que se utilizará para pagar la deuda a los bancos que financiaron el proyecto.

Hay una fórmula que complace al presidente en cuanto a recibir dinero de esos primeros ejercicios y que también complace a la Barrick, pues no requiere modificaciones al contrato, no afecta el pago a los bancos y mantiene la seguridad jurídica. Barrick y Gold Quest venderían cada una al Estado, digamos un 10% de su capital en la empresa, por lo que éste recibiría en total un 20%, pagando esas acciones a valor par. Eso le permitiría al Estado recibir un 20% de los dividendos desde este mismo 2013. Sería un acuerdo entre las partes que no afectaría al contrato original. Establecería que dentro de tres o cuatro años las dos empresas le recomprarían al Estado esas acciones, también a la par, porque ya en ese momento éste estaría recibiendo su 46%. Para mejor seguridad las acciones estarían en Plica, en manos de un banco cuyo mandato sería entregar los dividendos al Estado y entregar, contra pago, las acciones a las dos empresas una vez vencido el período, el cual podría coincidir con el momento en que la empresa estuviese ganando un 10% y hubiese recuperado la inversión.

Para las dos empresas el único perjuicio sería que durante tres o cuatro años recibiría un 20% menos de dividendos. El Estado, por su lado, recibiría ingresos desde el primer año (por encima del pago de la regalía) que ojalá especializara en un fondo para fines exclusivamente sociales. La seguridad jurídica y el contrato no sufrirían y Medina no afectaría los ingresos de futuros gobiernos.