El general Rolando Rosado Mateo, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), merece todo nuestro respeto.
El general también merece el respeto de la ciudadanía. Rosado Mateo realiza una gran labor en beneficio del país. Ha expuesto su propia seguridad y continuamente está expuesto a la crítica pública, a las presiones y hasta las desconsideraciones.
Pero el general Rosado Mateo ha asumido funciones que no le corresponden.
Es el jefe de la policía antidrogas de la República Dominicana, y como policía su labor es la interdicción.
En el reciente caso de tráfico de drogas y de dinero procedente del narcotráfico, en La Romana, el general Rosado Mateo hizo las veces de policía, que le toca, y se tomó las atribuciones de la Procuraduría General de la República, que no le toca, y como juez, que tampoco le toca.
Dijo que penalmente los empresarios Rogelio Oruña y Alberto de la Cruz no tenían responsabilidad en el tráfico de drogas. Eso es probable, pero tiene que determinarlo una investigación, no la intuición del general Rosado Mateo. Le quitó las funciones al Ministerio Público y a los tribunales, y de paso expresó que esos empresarios son constructores de la República Dominicana.
Estas cosas no ayudan a la DNCD, y es probable que el general lo sepa. Si hubo presiones para que él tomara una decisión favorable a estos señores deberá hacerse una investigación. Y le toca al Ministerio Público intervenir, y determinar quién está involucrado y quién no. Le toca analizar las pruebas en manos de la DNCD. No es la DNCD quien tiene posibilidad de decidir quién es narcotraficante y quién un ciudadano ejemplar.
Eso rompe con el establecimiento jurídico de la República Dominicana.