La conversación sostenida en Nicaragua, la pasada semana, por el presidente Danilo Medina con el presidente de Haití y el primer ministro, deja claro que hay un problema de fondo al que debe dársele el frente, de ambos lados de la isla.

La informalidad del mercado binacional es lo que el gobierno haitiano está tratando de evitar. Por lo menos es lo que han dicho Michel Martelly y Laurent Lamothe, quienes revelaron al presidente Danilo Medina que el gobierno haitiano deja de recibir por lo menos 300 millones de dólares anuales por impuestos no pagados debido a la informalidad.

Si esa es la verdad, era otra la forma de tratar el tema, no suspender abruptamente el mercado y acusar a los productores dominicanos de venderlos productos afectados por la gripe aviar o acusarles de que esos productos eran de inferior calidad a la prometida.

Si es como dicen los dos principales dirigentes de Haití, ese tema debió ser parte del diálogo de Martelly con Danilo Medina la misma semana en que se produjo la veda. Y no ocurrió. Y por otro lado, el gobierno dominicano también es víctima de la informalidad, porque estaría dejando de cobrar impuestos.

Las autoridades haitianas quedan mal con esta revelación. El problema afecta a los dos gobiernos y la mejor forma de hacerle frente era coordinando acuerdos de comercio a través de la Comisión Binacional que trabaja en estos asuntos. Haití sigue postrado por los efectos del terremoto y de la crisis política e institucional.

Haití no produce suficiente para sostener a su población, pero tampoco genera suficientes divisas para comprar en el exterior lo que necesita. Es una nación sostenida por los aportes de la comunidad internacional. Carece de Fuerzas Armadas, y está sustentada en su seguridad por una fuerza de paz de las Naciones Unidas.

Las autoridades haitianas debieron considerar que la República Dominicana se encuentra entre las naciones que le han aportado apoyo para su restablecimiento. Y que una parte significativa de su migración se encuentra de este lado de la isla. Si como dice el refrán, que amor con amor se paga, la interrupción violenta de las importaciones dominicanas no era un camino seguro ni diplomático.

Es cierto que quien compra decide a quién comprar y puede discutir los precios, la calidad y muchos otros elementos. Pero inventarse una enfermedad y atribuirla al suplidor no es una decisión amistosa.

Pero eso debe ser considerado cosa del pasado. Ya las autoridades haitianas han dicho que se trata de formalizar el negocio de la frontera. Si es eso lo que desean, que se haga, y que el gobierno dominicano también regule las importaciones haitianas, y mejore la calidad del cuidado migratorio en la frontera.

Es necesario que el gobierno dominicano reflexione sobre el tema de los impuestos y el marcado binacional. Un estudio de un centro de investigación hace poco determinó que la mano de obra haitiana, y otras actividades informales, son responsables del 13 o el 14 por ciento del Producto Interno Bruto.

En caso de que esta mano de obra se formalizara el Estado estadía en condiciones de recibir por lo menos 7 mil millones de pesos cada año. Esto también es importante, porque es un dinero que sirve de apoyo para los servicios sociales de salud, educación y alimentación que se brinda a la comunidad haitiana que vive y trabaja en la República Dominicana.

De modo, que tanto lo dicho por Michel Martelly como por Laurent Lamothe al presidente Medina, tiene repercusiones importantes en la economía dominicana, y tal vez ha llegado el momento de que se plantee la posibilidad de la forma de acuerdos comerciales que regulen el mercado de la frontera más de o que ha sido en los últimos años.

Para bien de ambos países.