No hay, en la historia de la lucha contra la corrupción, un solo caso en que el Ministerio Público de la República Dominicana se haya constituido en acto civil para reclamar la indemnización de los corruptos por daños ocasionados a la sociedad dominicana.
La totalidad de los casos en que ha habido demanda del Ministerio Público contra defraudadores de los bienes públicos, la acción penal ha sido lo que ha primado. Los miembros del Ministerio Público sólo piden cárcel para los corruptos.
Casi nunca tienen éxito en sus demandas penales. Y los corruptos, con argumentos y justificaciones baladíes salen de las acciones penales fácilmente. Observe lo que ha ocurrido con casos como los fraudes bancarios, o como los casos OISOE, Tucanos, Odebrecht.
Participación Ciudadana publicó un estudio de 227 casos de corrupción entre 1982 y 2003, que título “20 años de impunidad”, y determinó algo que resulta vergonzoso:
“En esta investigación se han identificado, y se ha tratado de seguirle el rastro, en las diferentes instancias judiciales, a los casos de corrupción administrativa pública o con incidencia en los fondos públicos, denunciados ante los diferentes organismos de la justicia, durante los últimos dos decenios (1983-2003). Vale decir, que la misma abarca seis (6) periodos gubernamentales diferentes: la administración presidida por el Dr. Salvador Jorge Blanco (1982-86); tres administraciones presididas por el Dr. Joaquín Balaguer (1986-90; 1990-94 y 1994-96); la administración presidida por el Dr. Leonel Fernández (1996-2000) y la …administración presidida por el Ing. Agrónomo Hipólito Mejía.
Desafortunadamente, lejos de invitar al optimismo, los resultados de este trabajo parecen servir de sustento a la opinión generalizada en la población dominicana, de que la lucha contra la corrupción parece una causa perdida.
El total de casos localizados en las diferentes instancias judiciales alcanzó a 227. De los cuales 185 casos (81.5%) se encontraron en el Departamento de Prevención contra la Corrupción (DEPRECO). Mientras que 22 casos (9.7%) fueron localizados en juzgados de instrucción, Cámara de calificación y Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia. En la Suprema Corte de Justicia reposan dos (2) casos; en la Corte de Apelación uno (1) y en la Procuraduría General de la República otro”.
No hay que argumentar mucho. La actual Procuraduría General de la República ha sido la más comprometida con la impunidad. La que mayores acciones deliberadas de protección de los corruptos ha ejecutado, y la que más documentos de fraudes ha archivado.
“Durante los 20 años considerados, sólo en seis (6) casos, que representan apenas el 2.6% del total localizado, la justicia dominicana ha logrado llegar a decisiones definitivas.
Cuando se analiza de forma particular la situación del DEPRECO, encontramos que de los 185 casos o denuncias localizados en ese Departamento, más de la mitad (93 denuncias) siguen clasificadas como “en proceso de investigación”. Pero más asombra conocer que la mayoría de ellas tienen dos, tres y cuatro años que fueron depositadas en el DEPRECO.
En efecto, 17 denuncias datan del año 2000, 22 denuncias datan del año 2001 y 23 denuncias datan del año 2002. Eso significa que el 67% de tales casos tienen entre dos y cuatro años, esperando por una decisión de sometimiento o desestimación por parte del DEPRECO”.
En ningún caso el Ministerio Público se ha constituido en actor civil para reclamar los daños y perjuicios a la sociedad, y recuperar los bienes dañados o robados por los denunciados. Hace falta que comencemos a reclamar, oficialmente, en los Procesos judiciales que el Estado se constituya en actor civil y reclame recuperación de los bienes atribuidos a los corruptos. Algunos países lo están haciendo, con éxito. Ojalá que nosotros lo consideremos en los casos que pudieran llegar a los tribunales en los próximos meses y años.