El gobierno emprendió el 27 de febrero, con el discurso de Danilo Medina, el camino de la confrontación con la empresa minera Barrick Pueblo Viejo, en procura de generar ingresos superiores a los que estipula el contrato renegociado y reconfirmado en el 2009 por el Congreso Nacional y por el gobierno del presidente Leonel Fernández.

Tan pronto asumió el cargo, en agosto del 2012, Danilo Medina designó una comisión de diálogo con la empresa minera, encabezada por el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo, e integrada por el ministro de Economía, Temístocles Montás, el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, y un economista asesor del presidente. Posteriormente esa comisión fue renovada con la presencia del director de Aduanas, Fernando Fernández.

La negociación no avanzó. El diálogo fue corto y lleno de dificultades, con mucho nacionalismo y alejado del tecnicismo jurídico que estos casos amerita. El gobierno no recibirá prácticamente nada de dinero hasta el 2015, de acuerdo con el contrato. Ese período de tiempo es para que la empresa recupere su inversión de 3,800 millones de dólares. Lo único que el Estado recibirá es lo que por ley le toca de impuestos sobre la renta y pago de la seguridad social.

La fórmula que se empleó en el contrato la propuso el gobierno dominicano, asesorado por técnicos locales y extranjeros, y fue confirmada por el Congreso Nacional. Era posible, por ejemplo, que la inversión se recuperara en un período más largo -10 años por ejemplo- y que el Estado dominicano comenzase a recibir más rápidamente los beneficios de las exportaciones. Pero los negociadores dominicanos lo prefirieron como quedó finalmente el contrato, que Leonel Fernández definió como un modelo para la comunidad internacional.

Le toca a Danilo Medina y a su administración sufrir la sequía de recursos de la explotación de la mina de oro de Cotuí, como dijo Danilo Medina. Si aceptara la propuesta de vender los beneficios futuros del Estado, estaría haciendo un mal negocio. Y el presidente Danilo Medina lo rechazó de plano. Lo extraño es que quien negoció el contrato, Leonel Fernández, felicitara a Danilo Medina por su discurso sobre la Barrick Pueblo Viejo, elogiando la "dignidad" del discurso del 27 de febrero.

El país está siendo observado detenidamente por la forma en que el gobierno está manejando el conflicto. El gobierno debe objetar el contrato, que tiene vicios o que fue mal negociado por la parte dominicana. Si el Gobierno quisiera cambiar el contrato, ya habría enviado al Congreso una propuesta de modificación, pero ese no es el procedimiento que establece el contrato cuando hay diferencias. La vía elegida por las partes es una corte de arbitraje que tiene su sede en París, y el contrato es lo que rige como norma, de acuerdo a lo publicado este fin de semana por Juan Bolívar Díaz.

¿Qué quiere el gobierno? Como no se trata de modificar el contrato, lo que el gobierno quiere es recibir ingresos entre el 2013 y el 2016. Recibirá dinero en ese período, pero unos escasos cientos de millones de dólares, que no pasarían de 250 millones. El gobierno desea recibir un mínimo de 3,200 millones de dólares.

Eso que quiere el gobierno es menos de lo que ya la Barrick Corp ha perdido en las operaciones en bolsa de valores desde que se inició el conflicto público el 27 de febrero. La empresa ha perdido alrededor de 4 mil millones de dólares por la baja en el valor de sus acciones. Detener los envíos de minerales, supervisarlos como si se trata de piratas en el Caribe y colocar las trabas que ya han colocado, aleja la posibilidad de un acuerdo. Esa empresa tiene operaciones en otros 25 países, y no se dejará conducir a una situación jurídica que siente precedentes negativos por ella. Preferirá seguir perdiendo en operaciones en bolsa de valores a ceder ante los procedimientos poco inteligentes del gobierno dominicano.

Hay quienes piden que el gobierno proceda judicialmente contra los que firmaron el acuerdo con Barrick en el 2009. Esto es, contra Leonel Fernández, contra Reinaldo Pared y contra Julio César Valentín, que eran el presidente de la República y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. Eso no será posible. Danilo dijo claramente que los dominicanos no debían tirar piedras al pasado, en materia de corrupción, y este caso no será una excepción.

La soberanía nacional debe ser entendida en un contexto más amplio y globalizante. El gobierno ha desatado una campaña que ha prendido fuertemente en la población. Hoy día todo el mundo odia la minería, y si es extranjera peor. Cuando se nacionalizó la Rosario Dominicano hubo una fiesta, que luego, con su quiebra, pasó a ser una tragedia para el país. ¡Una mina de oro que quebró en manos del Estado!

El brote de rechazo contra la Barrick que existe hoy día nadie sabe cómo podría terminar, ni siquiera quienes lo pusieron en marcha.

Danilo Medina sabe, porque así se lo habrá hecho saber el doctor Leonel Fernández, que el contrato no podrá ser modificado ni por la Barrick ni por el Estado, y tampoco podrá cambiarse como consecuencia de un arbitraje internacional. El amarre que tiene ese contrato lo convierte en lo que los abogados llaman “la cosa irrevocablemente juzgada”. Esa es la realidad.

Por tanto, si no puede someter a la justicia a los que hicieron y firmaron el contrato, y si no puede hacerlo cambiar en forma unilateral, el gobierno del presidente Medina debe hacer un esfuerzo para que estas diferencias no vayan a una corte de arbitraje internacional. Allí quedaríamos mal y seríamos sometidos a un juicio por incumplimiento de contrato. El gobierno debe recuperar la racionalidad y buscar un entendimiento amigable, que intente subir lo que le sea posible el monto a recibir por el gobierno en los próximos tres años, y que aproveche al máximo la subida en los precios internacionales del oro.

Todo lo demás es cháchara lamentable, que está perjudicando seriamente al país, más allá de la minería, porque poco a poco nos vamos convirtiendo en poco creíbles en inversiones importantes como la de Barrick, que es la mayor en toda la historia de la República Dominicana.

Lo otro es discurso. Que son expoliadores, que buscan ganancias por encima de todo, que se llevan el oro, que imponen sus condiciones, que compran a todo el mundo, son solo formas de elaborar discursos nacionalistas y bonitos, pero que a nada contribuye en la realidad del país que ahora administra Danilo Medina, y que tiene un déficit fiscal superior a los 5 mil millones de dólares.