SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales ejecutó una sentencia que ordena a la empresa Agregados Consolidados y a su representante legal Miguel Nadal González  poner fin a la extracción ilegal de arena, grava y piedras, en el río Nizao, San Cristóbal,

El procurador de la corte de alpelación, Andrés Chalas Velázquez, encargado de esta procuraduría especializada explicó que la condena establece el pago de unos 3 millones 514 mil pesos, por el hecho de extraer de manera ilegal de las márgenes del Rio Nizao, así como el uso indebido e indiscriminado de agregados de la presa de Valdesia, sin los permisos  o concesiones requeridos.

El proceso se originó con una querella con constitución en parte civil interpuesta por la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), Fundación Unidos por la Vida, Fundación Pro-desarrollo Forestal y Plan Mucha Agua Inc.

Según la condena, la empresa y su representante resultaron condenados por violación de los artículos 64, 83, 86-87, 89, 91, 124-125, 127, 129, 131, 138, 162, 164 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, y los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 del Reglamento 1315 de aplicación de la Ley núm. 123-71, en perjuicio de la Comunidad de Nizao, provincia de San Cristóbal y el Estado Dominicano.

Según explicó el procurador de Medio Ambiente, el dictamen acogió la constitución en parte civil y condenó también a Agregados Consolidados y Miguel Nadal González, al pago de una indemnización de cinco millones de pesos a favor y provecho de la comunidad de Nizao monto fijado como justa indemnización para la reparación de los daños ecológicos y ambientales causados a esa comunidad.

El seguimiento del caso estuvo a cargo de la Procuradora General de Medio Ambiente del Departamento Judicial de San Cristóbal, a cargo de Francia Calderón Collado, y en la fase de  ejecución de la sentencia llevada por ante el Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional.

Para la ejecución de la sentencia trabajaron conjuntamente el titular de la Procuraduría de Medio Ambiente y los Recursos Naturales, Chalas Velázquez, y el procurador general de Medio Ambiente del Distrito Nacional, José Espinal Beato.