El presidente Danilo Medina emitió un decreto con carácter de urgencia para rehabilitar 56 hospitales de distintas provincias de República Dominicana, como parte de su plan de gobierno. Eso fue en 2013. Tres años después, en cinco de ellos se dieron cambios extraordinarios de profesionales asignados, enormes aumentos presupuestales que rebasan el 2,000 %, así como serias violaciones a leyes y reglamentos. Hoy, las obras están sin concluir.
Por: Kharla Pimentel, para Acento, en alianza con CONNECTAS e International Center for Journalists (ICFJ).
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El polvillo hacía toser aún más al niño de Cándida cuando, sentados en los fríos asientos del hospital, esperaban al médico de turno. Ese polvo era porque el suelo del segundo piso se caía a pedazos. Circular por aquel nivel de la maternidad ubicada en Santo Domingo, la ciudad capital de República Dominicana, era una travesía para los empleados de la salud y los pacientes que buscaban asistencia.
Evadiendo el groso boquete del suelo, que cada vez se agrandaba más, Cándida se dirigía hacia el consultorio del doctor Rodríguez de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que ha recibido al menos el 10 % de la población dominicana en los últimos 70 años. Unos de ellos son Cándida y su hijo Rodrigo, quien llegó al mundo cerca de ese gran agujero en ese 2013.
Las malas condiciones no eran exclusivas de la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. El panorama en los hospitales de República Dominicana era desolador en aquel entonces. Más del 80 % yacía en estado físico deplorable, con mínima capacidad de atención médica y falta de equipos necesarios para estudios especializados. Era un verdadero estado de emergencia.
Por ello, la mañana del miércoles 27 de febrero de 2013, el presidente Danilo Medina expresó que la reestructuración de la atención primaria y especializada de Salud Pública y Asistencia Social, en los grandes hospitales del país, sería parte esencial de su trabajo junto al Ministerio. “La salud pública es otro buen ejemplo de esa mejora en los servicios que hemos comenzado y que vamos a seguir profundizando”, dijo en el Congreso Nacional.
Cinco meses después, Medina emitió el decreto MISPAS-CCC-PU-2013-08 para la reparación y mantenimiento general de centros hospitalarios e intervención de otras áreas de salud en el país. Ello daba paso a una declaración de urgencias para la remodelación y reconstrucción de 56 hospitales que estarían bajo el amparo de Salud Pública.
De acuerdo con la convocatoria, arquitectos e ingenieros tenían nueve días para presentar las documentaciones necesarias y participar del concurso. Pero ésa era una condición poco habitual en el gobierno dominicano, porque, por ejemplo, el Ministerio de Educación había dado hasta 20 días en sus convocatorias para la construcción de nuevos centros educativos y estancias infantiles.
La situación provocó que los profesionales de la construcción –encabezados por miembros del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Obras del Estado (CODIA)– se manifestaran frente al Ministerio de Salud, con pancartas y pronunciamientos contra las instituciones estatales. Reclamaban una extensión de la fecha para poder participar en el sorteo.
Gracias a las protestas, los constructores lograron que el tiempo para entregar sus documentaciones y participar en la obtención de las obras se extendiera seis días más. Sin embargo, el gobierno no les hizo fácil el camino. “Tuvimos que luchar contra una serie de requisitos y exigencias que se pusieron en el pliego”, critica la expresidenta del CODIA, Esther Minyeti.
Al final, el 26 de agosto de 2013, a las 10 de la mañana, en la sede central del Ministerio de Salud Pública, se adjudicaron las obras de los 56 hospitales a 56 ganadores, como lo establecía el decreto para la reparación y mantenimiento general de centros hospitalarios e intervención de otras áreas de salud. Pero algo no estaba bien: “Fue un traje hecho a la medida de determinadas personas de las empresas o profesionales que querían que se ganara”, afirma Minyeti.
Hubo otro detalle más. Esta investigación periodística documenta cómo, en cinco de estos 56 hospitales, ocurrió algo inédito tres años después: sin justificación alguna, el gobierno quitó el proyecto a las empresas que habían ganado originalmente la licitación, lo reasignó a empresas que no concursaron y aumentó los montos económicos hasta 2,000%, en algunos casos.
Manejos ilegales
El 28 de marzo de 2016, el Ministerio de Salud y Asistencia Social, el Servicio Nacional de Salud y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) firmaron un acuerdo que dio un giro inesperado a lo indicado en los contratos de ejecución de cinco de las 56 obras que había convocado el Ministerio de Salud en 2013.
El documento autorizaba a la OISOE “a rescindir, renegociar, añadir adendas, enmendar, solicitar documentos cualesquiera que considere, tramitar actuaciones administrativas y judiciales” en esos hospitales. Señalaba también que la supervisión de las obras quedaría bajo la responsabilidad de la OISOE; empero, los pagos y cubicaciones de cada una de las obras continuaría bajo el presupuesto general del Ministerio de Salud.
La justificación, según el texto, era “mejorar las condiciones de infraestructura de los centros hospitalarios de servicios de salud, para impulsar un proceso de desarrollo dinámico y sustentable que ajuste a los cambios y exigencias de los nuevos tiempos”. No obstante, tuvo como consecuencia cinco rescisiones de contratos, los cuales fueron reasignados a participantes que no resultaron ganadores en 2013, además de que ya se habían realizado inversiones por más de 375,490 dólares (20 millones de pesos).
Lo anterior contraviene la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, la cual indica que “segundos y terceros ganadores del sorteo deben ser las opciones siguientes para la obtención de las obras”. Además, en el Artículo 48, señala que cuando el ganador no se presente dentro del plazo otorgado, “el órgano encargado de las contrataciones llamará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente. Si este postor no suscribe el contrato, dicho órgano declarará desierto el proceso de selección, sin perjuicio de la sanción administrativa aplicable”.
“No he visto ningún artículo que permita reasignar obras”, manifiesta el abogado Luis Soto, especialista en compras y contrataciones públicas. “En mi opinión, si desapareció el objeto del contrato, porque la obra no se va a ejecutar, lo que debe hacerse es licitar”, continúa y detalla que ante cualquier modificación de una obra ya asignada se debe hacer, de nueva vez, una licitación pública para reasignarla a otra empresa o profesional.
Ramón Rodríguez, ganador original de una obra hospitalaria en la provincia Monseñor Nouel, que es una de las cinco cuestionadas por el despojo tras el acuerdo, protesta: “Es ilegal. Cuando una empresa no ha participado en un proceso no tiene que ser beneficiada”. Sustenta sus acusaciones en la Ley de Compras y Contrataciones Públicas que establece, en el Artículo 11, como cláusula para la derogación de un contrato, “prácticas fraudulentas comprendidas en el Código Penal o dentro de la Convención Interamericana contra la Corrupción, o cualquier acuerdo entre proponentes o con terceros que establecieren prácticas restrictivas de la libre competencia”.
Para esta investigación periodística, se solicitaron por varios medios, entrevistas a los directivos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), para que se pronunciaran sobre dichos cambios y retrasos en las obras. No hubo respuesta de su parte, así como tampoco del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
¿Qué pasó en estos cinco hospitales?
Intereses políticos
En la mañana del 20 de junio de 2018, Santa Durán recibió una llamada inesperada. La voz al teléfono le explicaba que, mientras conducía por una de las principales avenidas de Santo Domingo, su esposo tuvo un paro cardiaco que le causó la muerte instantánea. Su automóvil colisionó contra la pared de una de las más grandes empresas de telecomunicaciones de la región latinoamericana.
Él era Ernesto Féliz, ingeniero dominicano oriundo de la provincia Barahona. Había resultado ganador en el concurso de emergencia hospitalaria del presidente Danilo Medina, en 2013, para la remodelación del hospital San Bartolomé de Neiba, en la provincia Bahoruco en la región Sur.
“Ganó esa obra y luego se la quitaron, porque supuestamente la iban a construir de nuevo sin ofrecerle más información causándole mayores problemas de salud”, dice Santa. Está convencida de que la diabetes, que Féliz padecía desde hacía tiempo, se había agudizado los últimos tres años, debido a la gran cantidad de complicaciones que tuvo con la obra del hospital San Bartolomé.
El hospital San Bartolomé fue construido durante la gestión del presidente Hipólito Mejía, en el periodo 2000-2004, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego, fue reconstruido durante la gestión de Leonel Fernández en 2010, con un costo aproximado de unos 938,400 dólares (50 millones de pesos), pero esa obra “no resultó para nada” y el edificio siguió presentando inconvenientes, afirma el pastor Luis Matos.
El religioso, acompañado de comunitarios de la zona, ha realizado manifestaciones pacíficas frente a las oficinas de la institución estatal. Considera que el edificio se encontraba en tan malas condiciones que era necesario que el hospital fuera demolido, no que se remodelara. Luchó junto con los comunitarios para que el gobierno realizara una nueva edificación. “Se necesitaba una demolición, pero le asignan (a Féliz) esta otra sin analizar”, expresa Matos.
En 2016, Féliz fue contratado para remodelar el hospital, con un presupuesto de 37,918,178.48 pesos (717,991.74 dólares). Sin embargo, ese mismo año, tras una evaluación, el gobierno pareció escuchar al padre Matos y a los comunitarios e hizo efectiva la demolición de la edificación. De esta manera, le quitó la obra a Féliz y, sin ningún tipo de licitación, asignó un nuevo presupuesto de 8,249,180.53 dólares (435,651,109.48 pesos) a la construcción de un nuevo edificio en el mismo terreno, a las afueras de Neiba.
La decisión de parar la remodelación ocurrió tras el acuerdo con la OISOE y se le reasignó la obra a la empresa García Smester. Soluciones para la construcción, que no había participado en el sorteo inicial. Esta compañía posee varios contratos vigentes para el sistema de revestimiento centros de salud como el Darío Contreras, el Luis Morillo King, en La Vega; el Leopoldo Pou, en Samaná; en San Francisco de Macorís, Río San Juan; en el bloque quirúrgico del hospital de Hato Mayor y en el Centro de Atención Primaria de La Romana. También le fue asignado el equipamiento del hospital Cabral y Báez de Santiago, por un monto de 9,240,814.80 dólares (488,020,744 pesos).
En el hospital San Bartolomé, Féliz apenas pudo construir las rejas que protegían la vieja edificación, según Santa. El ingeniero le invirtió a la obra. “Reconstruyó parte de la verja y la emergencia se llegó a iniciar, pero nosotros no podíamos dejar que se continuara una remodelación que iba a ser en vano”, señala el pastor Matos y argumenta que, tras sus exigencias y estudios, escucharon sus peticiones.
A Féliz “lo mandaron a llamar y le dijeron pues que tenía que cederla”, cuenta Santa y asegura que el ingeniero quedó endeudado por la falta de pago de las cubicaciones ejecutadas en el frente del hospital, de unos 281,500 dólares (15 millones de pesos). “Se le fueron dando de cinco en cinco millones y todavía me deben eso, pero no le volvieron a dar más nada e iba todo los días donde Víctor que mañana y que mañana”, explica Santa, quien acusa que ese hospital tenía muchos conflictos. “Había intereses políticos y esas cosas”, acusa.
En la actualidad, el viejo hospital San Bartolomé ha sido demolido y el nuevo se encuentra en construcción. Mientras se concluyen las obras, la situación en atención a la salud de la población en esta zona es peor que antes. “No tenemos hospital ahora y los servicios de salud que se están brindando los están realizando en Galván que es una comunidad de la provincia que queda a unos siete kilómetros al Este”, se queja el pastor Matos.
Aumentos millonarios
El Hospital Pedro Emilio de Marchena en el municipio de Bonao, en Monseñor Nouel, es conocido como “El Marchena”. Fue el primer centro general inaugurado en Bonao, el 25 de febrero de 1952. Desde sus orígenes, ofrece servicios de medicina general, cirugía, maternidad, oftalmología, radiología, ortopedia, pediatría, ginecología y odontología, aunque, en la actualidad, algunos de estos servicios han dejado de ofrecerse por las malas condiciones de la infraestructura física del nosocomio.
En ese hospital, Yokasta Nuñez sufrió por la falta de servicios. Su hija, Bertha, recuerda que tuvo que ir de emergencia a media noche, luego de haber adquirido una bacteria durante una intervención en otro centro de salud. Sin embargo, su mal no fue observado con diligencia por los médicos de “El Marchena” y fue enviada a su casa en avanzada putrefacción. “Lo que hicieron fue limpiarla y la despacharon disque porque no tenía nada. Antes, hasta nos solicitaron gasas para trabajarla ahí en emergencia”, dice.
En 2013, como parte de la emergencia anunciada por Danilo Medina, el ingeniero Ramón Rodríguez de INGDECON SRL fue “agraciado” para realizar las obras de reconstrucción de “El Marchena”, según sus propias palabras. Le asignaron un presupuesto de 1,096,022.42 dólares (57,882,522.93 pesos).
Al realizar los primeros diagnósticos de “El Marchena”, el ingeniero Rodríguez y su equipo notaron que el hospital tenía fallas por antigüedad y por malos procedimientos en las cuatro intervenciones que se se habían realizado en el pasado. Por ello, solicitaron a Salud Pública que realizara un estudio de vulnerabilidad para saber realmente en qué condiciones estaba la estructura. “Ese estudio arrojó que el hospital no estaba apto para ser remodelado y los costos para una remodelación eran sumamente altos”, explica.
Así, tomando como pretexto el estudio, el gobierno solicitó a Ramón Rodríguez la recisión del contrato. “En varias reuniones nosotros entendíamos que teníamos que formar parte del hospital, pero, quizás, el monto hizo que nos movieran para otro hospital para ejecutar nuestro contrato”, añade. El ingeniero pidió que su contrato se respetará en cualquier hospital que le fuera reasignado, “porque no estaba buscando más, no estaba buscando obtener un contrato de 400 millones de pesos”, recalca.
En 2016, el gobierno reasignó las obras de “El Marchena” a Terminaciones y Construcciones GP, que no había participado en la licitación de 2013. El presupuesto también cambió. A la nueva empresa se le asignó un monto de 25,845,375.56 dólares (1,364,931,521.55 pesos), un aumento del 2,258.11 %.
“Es un aumento ilegal, ya que según la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 31 relata que podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un 25 % del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público”, señala el abogado Luis Soto.
Terminaciones y Construcciones GP ya había tenido otros contratos con el gobierno. Por ejemplo, en 2013 trabajó en la fachada, luces y pisos del edificio en que se encuentra el Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) de la Presidencia de la República. Tambien colocó los plafones modulares, esquineros y bumpers médicos para paredes en el hospital Docente Padre Billini, en Santo Domingo.
Además, Terminaciones y Construcciones GP ya poseía un contrato de 25,619,095 dólares (1,364,931,521.55 pesos) para el equipamiento y construcción del Hospital Valverde, en el año 2012, en otra provincia, que no se ejecutó. El mismo presupuesto pasó a “El Marchena” tras la resolución administrativa No.0019/2015 del Ministerio de Salud.
Luego de muchas protestas y visitas a la OISOE, el ingeniero Ramón Rodríguez fue trasladado al hospital Morillo King, en la provincia La Vega, mediante una sesión de crédito para construir un ala del centro de salud. Mientras la antigua edificación se mantiene intacta y funciona con deficiencias, en las afueras de Bonao se erige un nuevo hospital, a la espera de ser terminado a tres años de su asignación.
Aumento de más de 400 %
En el hospital La Esperanza, de la provincia Valverde, los escombros de las obras de remodelación aún se encuentran tirados en los alrededores del hospital. La lentitud de los trabajos perturba a la población. “Tenemos más de cinco años esperando el arreglo de este hospital y no terminan. Lo han dejado varado en un par de ocasiones, afectando a la comunidad que se tiene que trasladar a Mao para atenderse”, se queja Juan Rodríguez, comunitario de Esperanza.
En el concurso del 26 de agosto de 2013, la obra fue adjudicada a una empresa ganadora que presentó inconsistencias en sus documentaciones. Por ello, como indica la ley, la obra fue asignada al ganador del segundo sitio, el ingeniero Osvaldo Muñoz Morel, a quien se le concedió un presupuesto de 884,146.20 dólares (45,458,379.14 pesos).
Sin embargo, años después, las obras del hospital fueron reasignadas al ingeniero Nilson Jimmy Marichal, de 48 años de edad, quien no había participado en el concurso del 2013. Marichal firmó un contrato, con un presupuesto de 4,734,980.59 dólares (243,449,039.34 pesos), un aumento del 435.54 % del prespuesto original.
Por otro lado, la compañía Excellent Desing Construction ganó, en 2013, la remodelación del hospital Santiago Rodríguez en la provincia del mismo nombre. Le fue asignado un presupuesto de 1,494,089 dólares (76,818,589.88 pesos), de los cuales invirtió un 30 % en las obras.
No obstante, tres años después, el contrato fue rescindido y la obra fue asignada a Alconia IT SRL, que no participó en la licitación pública de 2013. Además, se le asignó un presupuesto de 2,893,012 dólares (154,306,752.09 pesos) es decir más de 100 % de aumento en comparación con el inicial, que fue de 1,433,182. dólares.
El ingeniero Rafael Núñez Matos, representante de Excellent Desing, explica que se le pidió cediera el contrato a Alconia para la construcción del hospital; sin embargo, las autoridades, al ver su indignación, le reasignaron la reparación de un ala del hospital Regional Pediátrico Dr. Arturo Grullón en Santiago de los Caballeros, el cual antes había sido asignado al ingeniero Pedro Ariel Ureña, tras cedérsele un crédito por la OISOE.
Maternidad, remodelación sin fin
El hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de Altagracia recibe más de un 50 % de los partos del Gran Santo Domingo. Fue inaugurado el 24 de octubre de 1949 y, para 2013, mostraba un notable deterioro en su infraestructura física que lo hacía inhabitable. Además, tenía alas completas inhabilitadas, lo que aumentaba el hacinamiento en las zonas donde sí se podían recibir pacientes.
Tras tres años de espera de su avance con huecos en sus pisos y paredes, en 2016 fue reasignado a un tercero que no participó en el concurso original –la compañía Madison Construcciones SRL– y sufrió un aumento de 317.3 % en su presupuesto original. Pasó de 1,621,714.16 dólares (83,380,437.91 pesos) a 6,767,960.78 dólares (347,974,721.06 pesos).
“Dí a luz a mi segundo hijo en la maternidad y fue terrible. El ruido. El polvo que se generaba de los espacios que se estaban construyendo cuando yo estuve allí. Pero, imagínate, es el (hospital) público a donde vamos todas las parturientas pobres”, manifiesta Yessenia Henriquez, paciente de la maternidad durante 2017.
Madison Construcciones SRL fue escogida mediante el método de comparación de precios el 10 de diciembre de 2013, para remodelar el 1er. Nivel Oficina Nacional, la cafetería y el taller de Artes Gráficas. La obra también contemplaba la remodelación de la Oficina Gerencia Regional Este, la construcción de Aula, el diseño e instalación de Sistema contra Incendios GRC, además de suministro e instalación de ductos del 2do. y 3er. Nivel Oficina Nacional.
En el año 2014, Madison Construcciones SRL firmó un contrato con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), organismo autónomo del Estado, por 121,091.83 dólares (6,393,587.05 pesos).
El hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de Altagracia aún se encuentran en proceso de remodelación y fue anunciada para ser entregada en el año en curso por el presidente de la República, Danilo Medina, en su discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de febrero, fecha en que se conmemora la independencia dominicana. No obstante, en el transcurso de lo que va del 2020, aun no se ha hecho efectiva su terminación.
También en la lista de los que se entregarían en 2019, se encuentran el Pedro Emilio Marchena y el San Bartolomé de Neiba, ambas aun a la espera de que culminen.
Promesas a la espera
Tras seis años y en el mismo estrado, frente a casi los mismos congresistas, el presidente Medina señaló entre su lista de promesas de culminación a estos cincos hospitales. En 2019, dijo que para ese año seguirían “entregando más hospitales por todo el territorio nacional, entre los cuales se encuentran: el hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, en el Distrito Nacional; el hospital Municipal Pedro E. Marchena, en Bonao; el hospital San Bartolomé, en Neiba; el hospital Regional San Vicente de Paul, en San Francisco de Macorís; el hospital Municipal de Esperanza, Valverde…”, como otros 15.
La culminación de las obras, en los cinco hospitales señalados en este trabajo periodístico, aún está a la espera, a pesar de haber sido declarados en estado de urgencia. La República Dominicana aún espera el cumplimiento de la promesa del presidente Danilo Medina.
Kharla Pimentel- Periodista
Joan Rosa - Editor
Edgar Hernández - Multimedia
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