“Había una orden de no atender a las víctimas de la protesta”, violaciones a derechos humanos en un mes mortal en Nicaragua
Por Samuel Tapia | SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El decreto del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el que se autorizaba cambios en la Ley del Seguro Social, para amortiguar la crisis que venía arrastrando el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) desde el 2013, fue el detonante de una ola de protestas que, a su vez, abrieron las puertas a numerosas violaciones a los derechos humanos, según organismos en el país.
Cuando el Fondo Monetario Internacional recomendó aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años entre otras medidas, con la finalidad de amortiguar el creciente déficit que alcanzó los 2,371.8 millones de córdobas en 2017 (US$ 75,817,392,02), equivalentes al 0.6% del PIB del país centroaméricano, la respuesta del Gobierno de Ortega fue anunciar el pasado 16 de abril que aumentaría la taza de cotizaciones al INSS.
La decisión del Ejecutivo obliga a los empleados pagarían al seguro un 7 % de su salario – anteriormente era del 6.25 % –, mientras que los empleadores pagarán un 22,5% de los salarios de sus trabajadores – antes un 19 % –. Los jubilados pagarán el 5 % de lo que reciben por su pensión de retiro.
“Fue una decisión unilateral”, explica Violeta Delgado, miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres. “El gobierno la tomó sin el consenso de la ciudadanía y de la empresa privada”, agrega.
Ante la “solución” del gobierno de Ortega, el miércoles 18 de abril, representantes de la empresa privada decidieron presentar un recurso de amparo para tratar de revertir los cambios, y la población estudiantil salió a protestar de forma pacífica. La réplica fue violenta, dejando un saldo de por lo menos 45 muertos y 400 heridos.
Según un informe del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) sobre violaciones sistémicas a los derechos humanos, publicado en Managua el 4 de mayo, jóvenes autoconvocados, en su mayoría estudiantes universitarios que se reunieron en la Universidad Centroamericana UCA, fueron reprimidas, lo que provocó que la manifestación se extendiera a otras universidades.
La fiebre se extendió por el resto del país con resultados fatales. Colectivos a favor del Gobierno de Daniel Ortega, la Juventud Sandinista y grupos paraestatales conocidos como los “motorizados” agredieron a manifestantes y periodistas, a los cuales les sustrajeron equipos.
La señal de cinco canales de televisión fue bloqueada por orden del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo (Telcor), en momentos en que transmitían las protestas. También fueron bloqueados de la web dos medios digitales.
El documento señala que defensores y defensoras de derechos humanos han recibido amenazas, agresiones físicas y alteraciones como el corte del suministro de internet.
Sobre la represión a las protestas por seguidores del Gobierno, la vicepresidenta de la República – y esposa del mandatario – Rosario Murillo la calificó de “legítima defensa”, y afirmó que se trata de una “manipulación política” de grupos minúsculos que azuzan y desestabilizan.
A eso se le sumó la atribución de la responsabilidad a saqueos ocurridos en diversos negocios a los movimientos juveniles.
Ante la violencia suscitada en Nicaragua, la resolución sobre INSS, ante el rechazo ciudadano, quedó derogada por el Gobierno de Ortega el 22 de abril, pero los fallecidos, heridos y detenidos siguieron acumulándose.
EL INFORME DE LA CENIDH
Recoge violaciones a derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual y a la libertad de expresión.
También se habla de desaparecidos y de estudiantes y jóvenes muertos cuya epicrisis fue trastocada por las autoridades de salud”
Violeta delgado
45 CASOS DOCUMENTADOS
Richard Bermúdez Pavón, de 17 años, es el primer caso de los 45 que recoge el informe de la Cenidh sobre las muertes de jóvenes durante las protestas hasta el 2 de mayo.
Bermúdez Pavón murió la noche del jueves 19 de abril, frente a la Alcaldía de Tipitapa. Según la Policía, los responsables fueron " vándalos" que intentaban asaltar la sede de la alcaldía.
Darwin Manuel Urbina, de 29 años, falleció el mismo día, desangrado, luego de recibir un disparo en el cuello en el sector de la Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI), cuando regresaba a su casa después de salir del trabajo.
A ellos les siguieron cuatro personas más, incluyendo al agente policial Hilton Rafael Manzanares, de 33 años, sub inspector de la Dirección de Operaciones Especiales.
El día 20 de abril fue el día más sangriento, con 18 casos. El más joven fue el estudiante del Colegio Loyola, Álvaro Manuel Conrado Dávila, de 15 años, muerto de un disparo cuando trasladaba víveres cerca de la Catedral en Managua.
Otros tres adolescentes perdieron la vida durante los enfrentamientos con policías en diferentes sectores.
Violeta Delgado denuncia que la cantidad de muertos aumentó debido a una disposición gubernamental de no atender a los heridos.
“También se habla de desaparecidos y de estudiantes y jóvenes muertos cuya epicrisis fue trastocada por las autoridades de salud”, indica la miembro del Movimiento Autónomo de Mujeres, por lo que se habla de una cifra incierta.
Además de los números compartidos por la Cenidh, Delgado explica que la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos habla de 56, y los estudiantes hablan hasta de 63 muertos.
Los cadáveres en centros médicos, según la activista de derechos humanos, fueron entregados a sus familiares con la condición de que aceptaran no poner ningún tipo de denuncias y enterrar a sus víctimas en silencio.
COMISIÓN DE LA VERDAD
El sacerdote franciscano Uriel Molina Oliú; la líder miskita nicaragüense Mirna Cunningham; el vicerrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN Managua), Jaime López Lowery; el subprocurador de derechos humanos, Adolfo José Jarquín; y el académico e intelectual Cairo Amador fueron juramentados el pasado domingo 6 como miembros de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, a cargo de investigar la muerte de las 45 personas durante las protestas.
Mas el gobierno no aceptó la entrada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicitó el pasado 24 de abril al Gobierno de Daniel Ortega permitirle el ingreso al país para evaluar lo sucedido desde el 18 de ese mes.
El 1 de mayo, la Comisión recibió como respuesta del Ejecutivo que aguardarían los avances de los procesos internos de investigación.
Pese a esto, diez días después de dicha negativa, la Comisión de la Verdad informó que invitó a la CIDH para que les fuera dada asesoría técnica y legal, aunque se desconoce si se tratará de una investigación independiente, como lo han requerido estudiantes, empresarios y representantes de Iglesias.
Sin embargo hasta la fecha no se ha emitido una respuesta oficial, más allá de las comunicaciones de la vicepresidenta Rosario Murillo.
“No existe una vocería donde el Estado responda por ningún tipo de demanda de información, mas que la que ejerce la esposa de Ortega todos los medio día cuando habla sobre los avances del gobierno, pero sin ninguna posibilidad de que conteste preguntas”, sostiene Delgado.
En todo momento, esos, los que están ahí diciendo cualquier cosa, manipulando a las Personas, se han lanzado contra las Iglesias, se lanzan contra las Iglesias, contra los Pastores, contra los Sacerdotes, contra la Familia, son los que en todo momento han querido convertir Nicaragua en un campo ajeno a nuestra manera de ser; promotores del aborto, promotores de formas de Vida que no corresponden con nuestra Cultura, con nuestra manera de sentir, de pensar, de actuar"
La vicepresidenta de Nicaragua Rosario Murillo sobre las protestas. Comunicación del 19 de abril del 2018
