El 22 de abril el chavismo podría no sólo ver confirmado a Nicolás Maduro como presidente seis años más, sino también recuperar el Parlamento.
El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, anunció este martes que propondrá a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que haga coincidir las presidenciales con el adelanto de las legislativas.
El adelanto electoral supondría la disolución del Parlamento, que se convirtió en el único poder controlado por la oposición en los comicios legislativos de diciembre de 2015.
"El día de las elecciones presidenciales que se llame también a las elecciones de la Asamblea Nacional de Venezuela. En cualquier parte del mundo se adelantan elecciones legislativas", dijo Cabello durante una entrevista en Radio Nacional de Venezuela (RNV).
"Tenemos el Poder Ejecutivo, Judicial, Electoral y moral trabajando todos los días, pero el Poder Legislativo no hace nada", agregó.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considera a la Asamblea Nacional (Parlamento) en desacato, por lo que ha anulado todas sus decisiones.
Nadie duda de que la Constituyente aceptará la petición de Cabello.
A los pocos minutos de conocerse sus palabras, la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, aseguró que el equipo jurídico del órgano, en el que no hay participación de la oposición, está trabajando en una "propuesta de ley para cada rama del poder público nacional, incluida la legislativa".
Boicot de la oposición
El anuncio del posible adelanto llega un día en el que se espera que la mayoría de la oposición anuncie que no acude a las presidenciales del 22 de abril por no haber condiciones para un proceso justo, en su opinión.
De confirmarse el boicot, el chavismo tendría vía libre para que Maduro fuera reelegido y para recuperar el Parlamento.
Gran parte de la comunidad internacional ya ha anunciado que no reconocerá la elección del 22 de abril y la situación podría tensarse aún más con el adelanto de legislativas.
El gobierno de Venezuela está siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que consideran que se está violando el orden constitucional en el país sudamericano.
Mientras el conflicto político continúa tras el fracaso del último intento de diálogo, la situación económica se agrava con la mayor inflación del mundo y escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos.