SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) rechazó la solicitud de medida cautelar que interpuso la Dirección General de Aduanas (DGA) contra la instalación de sistemas de rayos X en los puertos a cargo de la empresa ICSSID.
“Rechaza la solicitud de adopción de medida cautelar impuesta por el Estado dominicano actuando vía Dirección general de Aduanas, fecha de 7 de noviembre del 2008, mediante la cual solicita autorización para convocar a concurso público”, explica el dictamen del tribunal.
La medida cautelar fue solicitada por el entonces director de la DGA, Miguel Cocco, para que se deje sin efecto el contrato suscrito con el Estado dominicano en fecha 18 de julio del 2002, y sus addendums, para la instalación y operación de equipos de digitalización de imágenes por rayos X, destinados a la inspección de cargos en los recintos portuarios.
En su decisión la jueza Sara Henríquez Marín consideró que echar atrás el contrato que fue aprobado por el Congreso Nacional y que se estableció por decreto del Poder Ejecutivo sería violentar el principio de la separación de podere.
Recurso de nulidad
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) tiene cuatro años sin fallar el fondo del recurso que interpuso la Dirección General de Aduanas (DGA) contra la instalación de sistemas de rayos X en los puertos a cargo de la empresa ICSSID.
El recurso de nulidad contra el contrato del Estado dominicano con la empresa International Center for Settelement of Investment Disputes (IDSSID) fue depositado en octubre del año 2008 ante el TSA por la DGA y hasta la fecha no ha sido fallado el fondo, según se informó a los reporteros de Acento.com.do en la recepción del tribunal.
El contrato de los rayos X, autorizado por el gobierno dominicano en por lo menos cinco ocasiones, es uno de los más oscuros negocios realizados por el Estado, tomando en cuenta que desde su origen estuvo claro que no beneficiaría al Estado ni a la sociedad, y que fue concebido para enriquecer a los concesionarios.
Además de la DGA, durante el conocimiento del recurso se opuso a este contrato el Procurador General Adjunto de lo Contencioso, Tributario y Administrativo.
En principio se produjeron las autorizaciones para la instalación de sistemas de rayos X en los puertos, bajo el entendido de que beneficiaría en la lucha contra el tráfico de drogas. Sectores empresariales rechazaron la concesión alegando que la misma encarecería los costos de sus operaciones.
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