SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Junta Central Electora (JCE), Roberto Rosario Marquéz, manifestó este viernes que el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) no debe interferir en decisiones del país debido a que “en República Dominicana no existen refugiados ni apátridas”.

Tras el comunicado del ACNUR que insta al país a restituir la nacionalidad a los afectados por la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que niega la nacionalidad a los dominicanos hijos de extranjeros, con estatus irregular,  específicamente de haitianos, Rosario resaltó que el mismo se ha dedicado a un tema que no tiene que ver con el puesto que le corresponde, porque es de otro organismo de las Naciones Unidas.

“En la República Dominicana en el momento actual no hay refugiados y si hay no creo que lleguen a 100 y son refugiados de otras épocas, y tampoco hay apátridas por tanto el trabajo del ACNUR es un poco reducido y no es el caso de Yugoslavia ni del Sureste Asiático, por eso he visto que se ha dedicado a un tema que no tiene que ver con el puesto que le corresponde”, resaltó.

Señaló que a nadie se le ha despojado de la nacionalidad  y que si se destaca el caso de Juliana Deguis lo que decidió el Tribunal Constitucional es que la junta apodere a un tribunal de primera instancia para que conozca la validez o no de su acta y al día de hoy ese tribunal no se ha pronunciado, “por tanto creo que se está refiriendo un tema que no ha ocurrido aun porque no se puede predecir cómo va a fallar”.

Aunque negó que a través de la Sentencia se desnacionalice a dominicanos, destacó que a través del proyecto de Ley sobre naturalización todo el que se vea afectado y demuestre que nació en el país, hijo de nacionales extranjeros no residentes, se le dará la "oportunidad" de optar por la naturalización y en consecuencia por la nacionalidad dominicana, algo contradictorio.

“En mi condición de miembro del Consejo Nacional de Migración fui consultado para someter un proyecto de ley sobre naturalización exclusivamente para aquellas personas que fueron inscritas de manera irregular en el registro civil, que fueron inscritos no cumpliendo con la normativa vigente”, dijo.

Indicó que desde ese punto de vista nadie podrá decir que se le está violando sus derechos porque se les está negando absolutamente nada.

El ACNUR manifestó en un comunicado su profunda preocupación por el hecho de que dos meses después de la emisión de la Sentencia del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a generaciones completas de dominicanos, desde el 1929 hasta la fecha, la situación de la población concernida todavía no ha sido adecuadamente atendida por las autoridades.