SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El diputado de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrin Castillo acusó este martes a organismos internacionales de mantener una campaña en contra de la regularización de extranjeros en República Dominicana desde 1999.

Pelegrin Castillo afirmó durante una rueda de prensa que la Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH), solicitó formalmente en 1999 a la Corte de San José, prohibir al Estado Dominicano ejercer cualquier medida de control migratorio sobre nacionales haitianos, independientemente de su estatus legal.

El diputado, explicó que el requerimiento de la CIDH se sustentó en el argumento de que el Estado Dominicano no tenía capacidad de ejercer controles migratorios, fronterizos y de nacionalidad, respetando los estándares mínimos de derechos humanos.

Enfatizó que se ha enfocado en presentar el drama migratorio, pero no el problema geopolítico que ha provocado dicho problema, y reiteró que las presiones ejercidas contra la decisión del Constitucional responden a intereses extranjeros, concentrados en mantener una apariencia de que hay gobierno en Haití, a pesar de que el gobierno en ese país fronterizo “ha colapsado”.

Asimismo, aseguró que la campaña mediática contra el país por parte de las ONG, sectores internacionales y nacionales que luchan contra la sentencia del Tribunal Constitucional, continuará debido a la alianza de la diáspora haitiana y sectores foráneos, como el del Partido Demócrata estadounidense.

Castillo exhortó a las autoridades dominicanas a actuar con firmeza, para no prestarse al juego de fuerzas que tienen una decisión predeterminada contra República Dominicana, y mucho menos permitir que se cree la expectativa de que la sentencia del TC puede ser revertida.

La regularización de extranjeros.

Sobre la violación a los derechos humanos y a la constitución, el diputado de la FNP dijo que es incierto que se estén violando las leyes y la constitución a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional.

“Lo que se ha visto es una capacidad de falsificar las realidades. No hay apatridia, no hay irretroactividad, no hay ánimos de perjudicar a nadie”, declaró Castillo.

Asimismo, defendió la sentencia alegando que la misma protege a los participantes en el plan de regularización de extranjeros, dispuesto en el 2004.

En ese sentido, Castillo dijo que la disposición no se ha cumplido debido a la resistencia ejercida por estamentos internacionales e intereses de empleadores que contratan trabajadores que no poseen un estatus legal en el país y que es más barata.

“Si en vez de criticar y resistir, hubieran decidido colaborar para que cientos de miles de trabajadores extranjeros apliquen a un plan de regularización, la situación sería otra”, expresó el diputado, quien agregó que lo que se busca demostrar es la incapacidad de controlar la migración.

Indicó que como nación, crece la necesidad de poner orden en materia migratoria y aseguró que el estado no tomará acciones contra las personas registradas de manera irregular, aunque admitió que los gobiernos tienen la obligación de suministrar explicaciones al adoptar medidas como la ley 168-13, cuando surgen inquietudes con la misma.

“Si no mandamos las señales correctas entenderán que la solución está aquí”, dijo e informó que República Dominicana es la nación a la cual le conviene más la solución de los problemas del vecino país.