SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El director de nacional de Investigaciones, Sigfrido Pared Pérez, aseguró este miércoles que Koji Maruyama, el coronel del Ejército de República Dominicana, era la “única persona que tenía autoridad” para estar en la central de Herrera de la empresa telefónica Claro, el pasado sábado 15 de febrero.

Pared Pérez, en declaraciones a diversos medios de comunicación, afirmó que Maruyama era el representante de la Junta Central Electoral y de la Policía Militar Electoral, en el control de acceso a la puerta, por lo que no era desconocida para el técnico Manuel Regalado la presencia del oficial en ese lugar.

“El coronel Maruyama era la única persona que tenía autorización de estar ahí, porque pertenecía a la policía militar electoral y era el jefe de la entrada y salida de diferentes personas en diferentes lugares de la Junta Central Electoral", indicó.

Adelantó que una vez que la Policía presente su informe, saldrá a relucir una fotografía que el técnico le hizo al oficial, en la que aparece el coronel del Ejército de República Dominicana con la insignia de la JCE.

“Él no estaba ajeno a su responsabilidad. Era su responsabilidad estar ahí”, adujo.

El empleado de Claro habría suministrado datos sobre un intento de ingreso irregular de Maruyama a la sede de la compañía de telecomunicaciones al coronel de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, quien al momento se desempeñada como miembro de la seguridad del candidato a la Presidencia, Luis Abinader.

Sin embargo, poco o nada se sabe del paradero del también oficial militar, quien habría entrado en contacto con el técnico de la empresa telefónica.

“No se le puso la mano”

En lo que se refiere a la integridad física del técnico y las denuncias de supuestos actos de tortura que habría recibido el perito, el exministro de Defensa aseguró que a Regalado “no se le puso la mano”.

“Hablé con la Policía – sin explicar con quién o cuando –. A ese señor no se le puso la mano. Lo que él tiene es dislocamiento del hombro, que eso es viejo”, aseguró el exministro de Defensa.

Sigfrido Pared Pérez sobre el técnico Manuel Regalado: "Lo que él tiene es dislocamiento del hombro, que eso es viejo”

El titular de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI), sostuvo además que la entidad que dirige no participó en el allanamiento en la vivienda en la que residía el coronel de la Policía Nacional, Guzmán Peralta y confirmó que tanto el allanamiento como el arresto de Regalado fueron ejecutados por la Policía Nacional.

“De hecho, anoche se le dio libertad – a Manuel Regalado – porque el Ministerio Público entendió que había llegado a las 48 horas de su apresamiento”.

El almirante retirado de la Armada de la República Dominicana también explicó que la participación del DNI en arrestos o allanamientos, únicamente ocurre si es bajo requerimiento del Ministerio Público como apoyo al órgano rector.

Pared Pérez pidió esperar los resultados de la investigación interna que realiza la Junta Central Electoral para determinar las causas de la falla técnica que desencadenó en la suspensión de los comicios del pasado 16 de febrero.

"No se hace nada desde fuera con un técnico – Regalado –, o con dos coroneles – Guzmán Peralta y Maruyama – cuando la Junta no ha dicho qué fue lo que pasó. El origen de la investigación debe partir de ahí".

Reiteró que la investigación externa que realiza la Policía Nacional y el Ministerio Público, que involucra a Regalado y a Guzmán Peralta, serán dados a conocer a la prensa una vez concluya el proceso.

El pasado lunes 17, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) reveló que oficiales de los organismos de seguridad del Estado maniobraron para vulnerar a través de puertos del servidor de la JCE, a fin de dañar el proceso electoral del pasado domingo 16 de febrero.

El caso

A través de un comunicado, la entidad política indicó que recibieron la información de parte del coronel Guzmán Peralta, adscrito hace mes y medio a la seguridad de Luis Abinader.

Ney Aldrin Bautista Almonte informó que Guzmán Peralta había quedado en condición de detenido, confirmando a su vez, el arresto de Regalado, siendo ambos objeto de una investigación porque se establecieron vínculos – que no aclaró –, pero que supuestamente están tipificados en la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

El miembro de la Policía Nacional habría recibido información procedente del técnico Manuel Regalado, quien indicó mediante intercambios de mensajes de WhatsApp que oficiales le pidieron que les fuera facilitado un vehículo y uniformes de la empresa de telecomunicaciones Claro, para la cual labora, con el fin de retirar de la JCE un equipo que ellos previamente habían introducido.

Al momento de la denuncia, el partido opositor aseveró que se comunicó con el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista Almonte, quien les aseguró que desconocía la situación.

Ese lunes, el oficial fue trasladado al Palacio de la Policía Nacional por el abogado del PRM Antoliano Peralta, quien dijo que contra éste se había formulado un expediente que incluía acusaciones de terrorismo, tráfico de armas, lavado de activos y otros delitos.

Posteriormente, el martes 18, en rueda de prensa, Bautista Almonte informó que Guzmán Peralta había quedado en condición de detenido, confirmando a su vez, el arresto de Regalado, siendo ambos objeto de una investigación porque se establecieron vínculos – que no aclaró –, pero que supuestamente están tipificados en la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

El director de la Policía tampoco especificó cómo, cuándo o dónde fue detenido el técnico de la empresa Claro Dominicana, ni otorgó detalles de la orden de arresto o del allanamiento realizado en la vivienda en la que residía el agente de la entidad que dirige.

El Ministerio Público, a su vez, ha estado ausente de la vista pública en lo referente a los debates, acusaciones, investigaciones y aclaraciones realizadas sobre el caso, a pesar de que los directores del DNI y de la Policía Nacional han apuntado en su dirección al referirse a la titularidad de las indagaciones de la presunta manipulación de los equipos usados en las elecciones del pasado 16 de febrero.

Esto ha desatado interrogantes sobre la actuación del Ministerio Público, especialmente porque días previos a la celebración de las elecciones, el procurador general de la República Jean Alain Rodríguez, afirmó que los fiscales y procuradores están debidamente preparados para enfrentar eventuales delitos electorales, en lugar de designar los fiscales que tendrían a su cargo dicha tarea, como lo ordena la Ley de Régimen Electoral. De manera especial, ha llamado la atención que no se eligiera al procurador adjunto para asuntos electorales.