SAN SALVADOR, El Salvador.- La organización humanitaria Cristosal presentó una demanda ante el Supremo de El Salvador en la que solicita que se declaré la nulidad de una ley que decreta la inmunidad penal y administrativa de funcionarios gubernamentales y particulares ante cualquier acusación de corrupción en la gestión de la pandemia.
Zaira Navas explicó a Efe que la demanda fue interpuesta el 7 de mayo por la organización ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que declare la nulidad de la dispensa de trámite con la que fue aprobada la ley con 64 votos de los diputados del Congreso.
Con dispensa de trámite las leyes no son discutidas y analizadas de la manera correspondiente y son votadas.
"Recordemos que (la ley) se aprobó con dispensa de trámite sin discusión, sin debate y sin motivación (…) es una ley que busca frenar cualquier investigación y dejar en la impunidad los actos de corrupción cometidos en la adquisición de productos médicos para atender la pandemia del incluyendo aquellos que se cometieron antes de la vigencia de dicha ley", apuntó.
La ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionada por la pandemia covid-19, presentada a petición del presidente Nayib Bukele y aprobada el miércoles en la segunda sesión plenaria, establece que la inmunidad se aplicará "ante cualquier reclamo" vinculado con la compra de tratamientos médicos para atender la covid-19.
Además, incluye un amplio listado de actividades relacionadas con el desarrollo, administración, uso de un producto o servicio para tratamientos médicos.
La ley establece que los beneficiarios son los "proveedores de servicios en salud tales como médicos, farmacéuticos, enfermeras, organizaciones hospitalarias, y los que trabajan en el sector de la salud", según el artículo 4.
El Gobierno salvadoreño enfrentaba diversas investigaciones por el supuesto uso irregular de fondos estatales destinados a la atención de la covid-19, al menos hasta antes del 1 de mayo, cuando en un proceso polémico, la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal Raúl Melara y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Salud de El Salvador, Francisco Alabí, defendió el jueves la ley que y señaló que la normativa "no se trata de una ley de inmunidad para ningún funcionario" y enfatizó que "no se trata de una ley para evitar o disimular cosas incorrectas".
"Es una ley que nos permitirá tener todo lo necesario para enfrentar la pandemia", dijo. EFE