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Ex Juez considera que falta de presupuesto atrasa el desarrollo del Poder Judicial


SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ex juez de la Corte de Apelación, Manuel Ulises Bonnelly Vega, declaró que el bajo presupuesto asignado al Poder Judicial anualmente ha afectado el desarrollo de este estamento en su conjunto.

El factor económico afecta a empleados, jueces y los servicios a la ciudadanía desde que al Poder Judicial sólo se le asigna el 30 por ciento de la partida presupuestaria desde el año 2007, indicó Bonnelly Vega, quien renunció para dedicarse al ejercicio privadodde su profesión. Otros 5 jueces también han renunciado, lo que ha generado preocupación entre profesionales del derecho y organizaciones relacionadas.

“Si el Poder Judicial fuera una familia que tuviera que hacer la cena con 100 pesos, va a tener que conformarse con 30, eso significa una reducción drástica”, afirmó el ex magistrado.

A juicio del juez, la falta de presupuesto no permite poner en funcionamiento una serie de importantes tribunales que están creados por ley en San Cristóbal, el Seibo, Puerto Plata, Santiago,  entre otras provincias y distritos judiciales.

El magistrado Bonnelly Vega se desempeñó como juez durante quince años y su último cargo fue como juez de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional cuando presentó su renuncia el pasado 15 de agosto.

Al conversar con los reporteros de Acento.com.do, el ex magistrado dijo que su decisión, de abandonar la magistratura, se debió a la convicción de que “como humano había agotado un ciclo a nivel profesional”.

La renuncia del juez Bonnelly fue la última de 6 casos de jueces que han abandonado voluntariamente el ejercicio judicial por razones similares y que prefirieron pasar al ejercicio de la profesión.

En ese sentido se recuerda el caso de los ex jueces  Juan Manuel Guerrero y Erick Hernández de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional,  así como Frinette Padilla del Tribunal Contencioso Administrativo, Pedro Vásquez Lora de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Distrito Nacional, Pedro Balbuena de la Corte de Puerto Plata y José Ignacio Medrano Quéliz de San Cristóbal.


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