Santo Domingo, República Dominicana (EFE).- Las altas tasas de mortalidad materna e infantil constituyen uno de los principales problemas de salud de la República Dominicana, según expresaron tres especialistas al debatir el tema durante un panel organizado por la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa).
Rosa Elcarte, representante de UNICEF en el país; Edgar Allan Vargas, presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, y Cristian Francisco, catedrático universitario y dirigente del Colegio Médico Dominicano, afirmaron que más del 80 por ciento de la mortalidad materna e infantil se puede evitar con medidas preventivas y con calidad en los servicios sanitarios.
Reconocieron que existen protocolos para el tratamiento adecuado de los embarazos pero estos no se cumplen.
De acuerdo a un comunicado, en 2017 murieron 2.835 niños menores de un año, el 83 % de ellos neonatales, para un incremento de un 9 % con relación al año anterior. En el mismo período la tasa de mortalidad materna se elevó un 11 %, al perecer 188 parturientas.
Adesa calificó de valiente la resolución del Ministerio de Salud mediante la cual presentó un reglamento para reducir las muertes de parturientas y recién nacidos en los hospitales públicos y en clínicas privadas
Esas cifras colocan al país, junto a Haití y Bolivia, en el liderazgo de las peores tasas de mortalidad de América Latina y el Caribe, afirmaron los especialistas.
Alba Reyes, coordinadora de Adesa, aseguró que estas muertes evitables son una de las peores consecuencias de la crisis que sufre el sistema nacional de salud debido a la baja inversión que hace el Estado en el sector y el desorden administrativo y gerencial que hay en los hospitales.
"Los hospitales de maternidad parecen chiqueros, donde pululan bacterias y faltan medicamentos, equipos y otros insumos básicos", afirmó al hablar en la apertura del panel, que congregó a dirigentes de organizaciones sociales, médicos y representantes de organizaciones no gubernamentales.
Adesa calificó de valiente la resolución del Ministerio de Salud mediante la cual presentó un reglamento para reducir las muertes de parturientas y recién nacidos en los hospitales públicos y en clínicas privadas. Ese reglamento establece una escala de sanciones para quienes actúen con negligencia frente a casos de mujeres embarazadas.
Reyes reclamó que "las redes de maternidades y de hospitales infantiles del país sean equipadas con todo lo necesario, adecuadas y dignificadas, y que sus directivos y profesionales accedan a las posiciones mediante concurso de oposición (méritos) y sean sometidos a permanente fiscalización".
Agregó que todos los centros en construcción y remodelación destinados a prestar servicios a las madres embarazadas y de pediatría deben estar terminados en un plazo no mayor de seis meses.
Exigió a la Sisalril y a la Cámara de Cuentas una fiscalización exhaustiva del manejo administrativo y financiero, tanto en funcionamiento como en construcción, para evitar el desvió de recursos por la corrupción gubernamental.EFE