SANTO DOMINGO-. Parecía evidente que la renovación del Congreso de la República en agosto pasado, con 29 nuevos senadores (90%) y 121 diputados (64%) despertaría también a lo interno de esta institución una discusión seria sobre los cuestionables “fondos de ayuda” de los legisladores. Nada más lejos de la verdad: ni discusiones, ni propuestas.

Este 2020, el Senado de la República presupuestó RD$449.8 millones de pesos en “ayudas y donaciones a personas”, que corresponde al 17% de los 2,635 millones de presupuesto aprobado este año. En la Cámara de Diputados, el monto de “ayudas y donaciones” ascendía a RD$778.9 millones. Sumados ambas cifras, dan 1,228 millones que se siguen repartiendo.

Ahora que el nuevo Gobierno de Luis Abinader ha reconocido en el proyecto de Presupuesto Nacional la necesidad de identificar fondos para hacerle frente al 2021, revive con fuerza los cuestionamientos a estos millones de pesos que destinan los legisladores en “ayudas”, porque no es su función repartir en sus provincias. En medio de la situación sanitaria, social y económica que ha dejado la pandemia en el país, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (FINJUS), volvió a recordar lo “contraproducente” que es un Congreso que siga destinando recursos del estado “para acciones que desnaturalizan sus funciones esenciales de representación, legislación y fiscalización”.

Pero las acciones indican que el Congreso no está en tomar medidas alineadas a esta petición. Y  es que de los tres senadores que prometieron en campaña renunciar a estos fondos y solo dos, Eduardo Estrella (Santiago) y Antonio Taveras Guzmán (Santo Domingo), lo han cumplido -falta Faride Raful, del Distrito Nacional, que aunque informó que no había cobrado esos fondos, sino que dispuso su traspasado para formación profesional de los recursos humanos del Senado, no ha formalizado su renuncia a la asignación de los recursos-. En conjunto, estos tres senadores representan el 44% de los electores de las demarcaciones más grandes del país.

Contrario a lo esperado, tienen la voz quienes defienden los fondos de ayuda. Este miercoles, el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, de Fuerza del Pueblo, justificó el uso de estos fondos.

“Le han llamado ‘barrilito’ a un fondo social que tenemos básicamente por las carencias que tiene el Estado Dominicano”, arrancó y a seguidas puso ejemplo de que, cuando una persona de Pedernales muere en Santo Domingo y se necesita enterrarlo en su provincia, acuden al legislador para costear este traslado.  “Me dirás que el legislador no está para eso. Yo quisiera que no esté para eso, pero el legislador es el funcionario con mayor contacto con la población”, respondió este miércoles Sánchez al programa El Despertador.

En esa misma línea se refirió este martes la senadora del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ginnette Bournigal, de Puerto Plata, en el programa radial El Patrón de la Tarde: “Nosotros auxiliamos a las familias en donde el Estado aún no llega, les tendemos la mano con temas de salud, educación y tecnología”.

Los montos

Los senadores reciben de “barrilito” (no de forma directa en sus cuentas) un monto base fijo de RD$400,000 mensual para esas ayudas, más 1 peso por cada elector registrado en su provincia. El senador que menos recibe, de Pedernales, maneja unos 600,000 pesos de estos fondos, porque de ahí salen también los gastos de alquiler y mantenimiento de las oficinas provinciales que tiene cada senador.

En el caso de los diputados, estos “fondos de ayuda”, conocidos popularmente como “cofrecito”, son solicitados por el diputado mediante carta a la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso, Alfredo Pacheco y tienen derecho a solicitar hasta RD$100 mil pesos mensuales. Los diputados de Alianza País, José Horacio Rodríguez y Pedro Martínez, no han hecho la solicitud de estos fondos, como prometieron en campaña, además de que es una línea partidaria. De la misma manera procedió el diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo.

Estos fondos son parte de la tradición asistencialista que ha prevalecido en la política dominicana, por la naturaleza clientelar del quehacer de los partidos y sus dirigentes