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Ante insultos de nacionalistas, policías protegen a miembros de la CIDH

Por Gustavo Olivo Peña


SANTO DOMINGO, República Dominicana (EFE y otros servicios de Acento.com.do).-Un grupo de nacionalistas dominicanos increpó e insultó este lunes a miembros de la delegación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que visita la República Dominicana para investigar denuncias de violación de derechos cívicos y humanos con motivo de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que niega la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados desde 1929 hasta la fecha.

Los miembros del organismo continental tuvieron que ser protegidos por agentes de la Policía Nacional, para evitar que fueran agredidos.

Los nacionalistas, provenientes de pequeños partidos de la extrema derecha, se acercaron hasta el Club de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en la capital del país, donde la CIDH montó un centro de recepción de denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.

Agentes de la Policía Nacional tuvieron que reforzar la seguridad del lugar para garantizar la integridad física de los miembros de la citada delegación, que permanecerán en la nación hasta el viernes.

El grupo calificó de "ilegal" la presencia de la delegación tanto en la capital dominicana como en el  club de la UASD.

Un hombre identificado como Juan Ureña, y quien habló en representación del grupo, dijo que la UASD "no se puede prestar a un mamotreto en contra de nuestro país", al tiempo que señaló que la visita de la CIDH a la República Dominicana forma parte de un plan para "desacreditar" la nación caribeña.

La agenda de la delegación empezó hoy oficialmente con un encuentro en el Palacio Nacional, sede del Ejecutivo local, con representantes gubernamentales, entre ellos, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el vicecanciller dominicano, José Manuel Trullols.

Las actividades incluyeron una reunión con los funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE), encargada del Registro Civil en República Dominicana.

La misión de la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) con sede en Washington, ha pedido a las autoridades locales no hablar públicamente sobre los asuntos tratados entre las partes, ya que el próximo viernes, al término de la visita, harán una declaración conjunta.

Emilo Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDHLa delegación está integrada por el presidente de la Comisión, José de Jesús Orozco Henríquez; la primera vicepresidenta, Tracy Robinson; la segunda vicepresidenta, Rosa María Ortiz, y los Comisionados Felipe González, Dinah Shelton y Rose Marie Antoine.

También integran la delegación el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza; la secretaria ejecutiva adjunta, Elizabeth Abi-Mershed; la Relatora Especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, y funcionarios de la Secretaría Ejecutiva.

La misión recibirá denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, desde este lunes hasta el próximo jueves, se informó.

Adicionalmente, el miércoles se recibirán denuncias en las provincias de Dajabón, Valverde, San Pedro de Macorís y La Romana, anunció el organismo. El TC resolvió el pasado 23 de septiembre que los hijos de inmigrantes indocumentados que nacieron en República Dominicana a partir de 1929 y, por tanto, estén registrados como ciudadanos dominicanos, perderán ese estatus al considerarse que sus padres estaban en el país "en tránsito".

La medida afecta principalmente a personas de origen haitiano.

El fallo, inapelable, fue emitido a raíz de un recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la JCE por una sentencia de primera instancia que le negó la cédula de identidad y electoral.

Las autoridades dominicanas, sin embargo, aseguran que la sentencia abre la vía para regularizar el estatus de los inmigrantes indocumentados y su descendencia.

De hecho, el Gobierno aprobó el 22 de noviembre el Plan Nacional de Regularización de los extranjeros indocumentados, el cual beneficiará especialmente a los de origen haitiano, que representan casi el 90 % de la población foránea residente en el país.

De los 9,5 millones de habitantes que tiene el país caribeño, se verían afectados unos 240.000 según cálculos de la organización Human Rights Watch (HRW).

 

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