Expediente contra Leonel nunca fue investigado, insiste Guerrero

Foto: Acento.com.do/Archivo. El autor y su libro, que ya tiene una sexta edición ampliada en circulación.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La sexta edición ampliada del libro “El rugido del león”, del periodista y escritor Miguel Guerrero, puesta a circular la semana pasada, sale al paso de los argumentos de la Fiscalía que desestimó un caso de supuesta corrupción que se le atribuye al precandidato y expresidente Leonel Fernández.

“Cinco meses después de haber entregado la Presidencia, el doctor Leonel Fernández fue acusado en enero del 2013 “de haberse valido de su posición” para cometer actos de corrupción en beneficio propio y de su Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), pero el expediente fue desestimado y archivado por la Fiscalía del Distrito Nacional sin que mediara investigación alguna”, dice una nota de prensa sobre el asunto.

Este tema es tratado en la sexta edición ampliada del libro “El rugido del león”, donde se expresa que “el voluminoso y documentado expediente” fue archivado por la fiscal Yeni Berenice Reynoso, “quien había sido designada en el cargo” por el propio presidente Fernández.

“A pesar de su gravedad, los cargos nunca se investigaron”, señala Guerrero y afirma que “los argumentos de la Fiscalía no dejaban dudas de su poco interés de considerar seriamente las bases de la acusación”.

En la obra se destaca que la explicación que entonces ofreció la fiscal Reynoso para desestimar el expediente “fue un asombroso ejemplo de galimatía jurídica, basada en el supuesto de la inexistencia de una ley que tipificara los delitos por los que se acusaba al exmandatario”.

La decisión que derivó en el archivo de la causa dice textualmente: “La falta de tipificación de las acciones impide que el Ministerio Público pueda actuar”.

“Más aún –prosigue-, hace de las diligencias de investigación propuesta por el querellante un proyecto de caso fracasado ya que estando la Fiscalía del Distrito convencida, en base a los criterios jurídicos expresados, que por la deficiencia del sistema legislativo dominicano en lo que respecta al tema en cuestión, no es posible imputar determinadas conductas, embarcarse en la empresa de una investigación en esas circunstancias es violatorio a los principios de razonabilidad, lógica y jurídica”.

Además, añadió la fiscal, proseguir el caso “contraviene la disposición del principio dos del Código Procesal Penal que le reconoce al proceso penal la característica de medida extrema de la política criminal”.

“En ese orden –argumentó- mal haría la Fiscalía con iniciar una investigación para probar hechos que en cierto modo han sido admitidos por los querellados, pero que la legislación dominicana no tipifica y en consecuencia no sanciona”.

El expediente presentado por el doctor Guillermo Moreno, presidente del partido Alianza País, y otros tres abogados, Cristóbal Rodríguez, Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco, señalaba una variada modalidad de captación de recursos por parte del acusado, como son:

  • El fomento de compañías e interpósitas personas que como “empresarios” realizaban obras públicas, aportando parte de los beneficios obtenidos por esa vía al patrimonio de FUNGLODE.
  • Captación de importantes sumas de dinero de contribuciones o aportes a favor de la fundación que les eran exigidos a prestadores de servicios del Estado dominicano, especialmente constructores de obras públicas.
  • Aportes directos de ministerios del Estado a favor de actividades privadas realizadas por la Fundación.
  • Hacer de personal de muchas instituciones del Estado, clientes y copatrocinadores de actividades promovidas por FUNGLODE, obteniendo por esa vía recursos del patrimonio público.

El expediente archivado por decisión del Ministerio Público señalaba que las actuaciones del doctor Fernández eran “violatorias de la Constitución y de la ley penal, y tipifica, entre otros, los crímenes y delitos de prevaricación, concusión, el delito de funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles con su calidad, perjurio, lavado de activos y el incremento patrimonial derivado de actividades delictivas”.

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