En espera de una decisión valiente del gobierno

El gobierno del presidente Danilo Medina corre el riesgo de ser hundido por el caso Odebrecht. El conocimiento del fenómeno de corrupción Odebrecht, en diciembre del 2016, dejó a las autoridades preparadas para hacer frente, sin grandes riesgos, a las presiones de la oposición y la sociedad civil.

El gobierno nunca respondió a los reclamos de Marcha Verde, y la Procuraduría General presentó un expediente selectivo de imputados, y con muy escasa investigación nacional e internacional, pese a que tenía la posibilidad de obtener toda la información.

Llegados a este momento, corresponde al gobierno auspiciar la más transparente y exhaustiva investigación, y que los responsables paguen las consecuencias de sus actuaciones. Quienes hayan tomado dinero de las cuentas de Odebrecht, como asesores o como decisores, tienen que dar la cara, y el Ministerio Público está en la obligación de mostrar todos los documentos entregados por Odebrecht o descubiertos por los investigadores.

El gran error del Procurador General de la República, Jean Alaín Rodríguez, fue excluir la planta de Punta Catalina como proyecto a cargo de Odebrecht, bajo el alegato de que en esa empresa no hubo sobornos ni sobrevaluaciones, y tampoco hubo corrupcción. La empresa brasileña desarrolló un modelo de negocios en nuestro país y en una gran parte de los países donde se estableció, que incluía pagar por los proyectos obtenidos y sobrevalorar el costo de los proyectos.

Los datos de Odebrecht seguirán bajo la lupa de todos los que tengan dudas y recursos tecnológicos para analizarlos, y cada centavo que de sus cuentas salió será investigado y se conseguirá el destino que tuvo. Esa es la maldición de todos aquellos que decidieron conceder favores a la empresa por los desembolsos realizados.

Como hay seis imputados que van a juicio de fondo por los sobornos de Odebrecht, y el Ministerio Público tendrá que abrir un nuevo proceso a las personas que recibieron fondos por Punta Catalina, las comparaciones serán parte de nuestro quehacer cotidiano. ¿En los casos de Conrad Pittaluga y Andy Dauhajre, si eran asesores ambos, por qué uno está sin investigar y el otro procesado penalmente? ¿Cuáles son los datos que sustentan la acusación contra el ingeniero Roberto Rodríguez, exdirector de INAPA, y que liberan al señor José Gregorio Salcedo Llibre?

¿Cómo es posible que Jean Alain Rodríguez diera cabida a una carta anónima para descalificar a la magistrada Miriam Germán Brito y ahora califique los datos de los desembolsos de 39.5 millones de dólares a varias personas con pseudónimos como “una hija de Excel” no oficial?

El Ministerio Público de nuestro país deberá asumir la responsabilidad que le corresponde, por no haber indagado con profesionalidad los datos entregados por Odebrecht para cumplir con el acuerdo de lenidad que firmó con la Procuraduría General de la República, y que le garantizó la exclusión de cualquier proceso penal en la República Dominicana. Si los datos les fueron entregados, y los fiscales los echaron a un lado, habrá que decir por qué razones esto ocurrió, y en base a cuáles argumentos jurídicos los escondieron.

El gobierno está desafiado a salir con dignidad de este estercolero. Y no se trata de quitar al Procurador General de la República, o de seguir administrando una lista de receptores de fondos de Odebrecht. Se trata de poner todas las cartas sobre la mesa. Nadie podrá Imaginar que todo este proceso quien lo comanda es la empresa brasileña. En Brasil hubo una experiencia que puede servir a la República Dominicana. Los fiscales fueron los que tomaron decisiones el curso de las investigaciones. Tal vez queda tiempo para que la dignidad oficial se conserve, pero debe ser sobre la base de decir todo cuanto está documentado. YT todos los pseudónimos tendrán que conocerse con las personas físicas o jurídicas que los representan, y que recibieron fondos en cada una de las obras realizadas y sobrevaluadas.

Es lo mejor. Si aún es posible.

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