La responsabilidad del Ministerio Público en el caso Odebrecht (y Punta Catalina)

Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, al que está adherida Alicia Ortega, representan un desmonte de la validez y globalidad de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público dominicano sobre el caso Odebrecht, y ahora le obligan a rectificar y reemprender el camino más digno en unas indagatorias que a todas luces fueron parciales, y no estaban todos los que son responsables de la recepción de sobornos.

Odebrecht emitió una declaración diciendo que había entregado toda la información a las autoridades de Brasil, Estados Unidos y a la República Dominicana, incluyendo los datos aparecidos ahora como resultado del trabajo de los periodistas. Nueva evidencia que señala al Ministerio Público de la República Dominicana como un vigilante e investigador de vista corta en un caso complejo y con ramificaciones en muchos ámbitos.

El hecho de que el magistrado Francisco Ortega Polanco haya decidido enviar a juicio de fondo a seis personas imputadas no es evidencia de que el Ministerio Público haya actuado correctamente. Con mucha antelación los fiscales dominicanos, y en particular el Procurador General de la República, recibieron informaciones y documentos, sobre los elementos que afectaban la trama y que debían ser investigados, pero no hicieron caso. Varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una instancia a la Procuraduría, que nunca fue respondida (y fue archivada), sobre la necesidad de investigar las sobrevaluaciones de las obras contratadas por Odebrecht, además de investigar los financiamientos de campañas electorales y ampliar su investigación sobre Punta Catalina.

El descubrimiento de los pagos ocultos a personas con pseudónimos, dominicanas, es una evidencia de la intención de mantener el secreto en esos pagos. Nadie que vaya a recibir un pago lícito tiene razones para esconderlo, o para colocar un pseudónimo. Ninguna empresa que paga servicios lícitos se encarga de tener un programa invisible para pagos de coimas, administrado para que ni siquiera sus propios empleados pudieran identificar los nombres que recibían dinero.

Es bueno que el procurador general diga que tiene la disposición de buscar informaciones y en caso de comprobar que estos pagos se hicieron, sometería a la justicia a las personas que recibieron los fondos. Sería muy saludable que lo haga, y que investigue los nombres de los pseudónimos “tigre”, “León árabe”, “comisión” y algunos otros como “casa1” y “casa2”, que aparecen relacionados con Punta Catalina.

Ya se ha conocido la compra de un apartamento en Nueva York, más ya se conoce quiénes son los propietarios y representantes de las empresas receptoras de fondos del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (Departamento de sobornos). Así como el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, y el Procurador Adjunto Bolívar Sánchez fueron tan diligentes para intervenir los teléfonos e investigar a Miriam Germán Brito por una casita en San José de Ocoa, se entiende que ahora harán lo propio, relacionado con la dimensión de este soborno, para investigar a los «propietarios» de los bienes adquiridos con fondos entregados por Odebrecht. Claro, que las personas señaladas ahora no reciban las torturas a las que fue sometida la magistrada Miriam Germán Brito, y que no los relacionen con narcotraficantes. ¡Eso sería muy denigrante!

El interés del gobierno dominicano debe expresarse a través de la Procuraduría General de la República. No actuar es reincidir en la impunidad y esto podría ser muy riesgoso políticamente. Ya el gobierno, a través de una comisión de notables dijo que no hubo ilícitos en la contratación de Punta Catalina, y así lo reiteró el Procurador. Ahora las evidencias dicen otra cosa, y las autoridades están obligadas a demostrar que desean cumplir con su trabajo y hacer justicia en un caso podría seguir creciendo.

Francisco Ortega Polanco en su sentencia sobre el caso preliminar Odebrecht, decidió que los casos de corrupción no prescriben. Ahora y en los años por venir es probable que haya un Ministerio Público que esté decidido a investigar y juzgar estos negocios. Corresponde que se haga ahora, en beneficio de las actuales generaciones. Es mucho dinero, y hay personajes que de verdad asombran por su voracidad y gula. No hay que esperar el juicio divino.

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