La imagen de la actual JCE

Foto: Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE

La Junta Central Electoral tiene que reflexionar sobre el significado de algunas de sus decisiones recientes. Y la más relevante es la vinculada con su resolución manteniendo el arrastre de los senadores en seis provincias, que representan el 59 por ciento de los votos de todo el sistema electoral dominicano.

Con la decisión de la Junta Central Electoral se eliminó el arrastre en 25 provincias, y sin que se conozcan las razones jurídicas, estamos dividiendo a los ciudadanos en categorías sociales por el voto emitido para los senadores y diputados. Los que votan por diputados y no arrastran a los senadores son diferentes de los que votan por los diputados y sí arrastran a los senadores.

Por tanto, habrá dos tipos de senadores: Los arrastrados por los diputados y los no arrastrados. Y no sabemos cómo la Junta Central Electoral va a justificar jurídicamente esa irracionalidad, que no forma parte del sistema electoral dominicano, hasta este momento.

La encuesta Gallup publicada la pasada semana por el diario Hoy dio cuenta de la baja credibilidad de la Junta Central Electoral. Por lo menos el 55 por ciento de los ciudadanos dijo no tener confianza en la JCE. Se podría decir que esa falta de credibilidad es una consecuencia de las irracionalidades de la pasada Junta Central Electoral, y de las arbitrariedades que entonces se cometieron para el proceso electoral del 2016.

La JCE que preside el doctor Castaños Guzmán ya ha dicho que no hay marcha atrás en la decisión sobre el arrastre. Ahora le surge el cuestionamiento a la empresa seleccionada para suplir los nuevos equipos tecnológicos que se utilizarán para las elecciones del 2020. Digiwold es la empresa agraciada. Este nuevo elemento trae otros cuestionamientos, incluso éticos, y eso hace más difícil el trabajo de la nueva Junta Central Electoral.

Una de las tareas más urgentes del organismo electoral, desde su designación, era producir y poner en marcha un gran esfuerzo para reforzar su credibilidad. No ha sido así, y parece que las tensiones y la naturaleza de las decisiones que se han tomado no han ayudado a la JCE a mejorar su imagen, sino a empeorarla.

Nos preguntamos, y nos preocupamos seriamente por esta cuestión: ¿Ha pensado la JCE en el camino al que la han conducido sus últimas decisiones? ¿Los miembros de la JCE no se dan cuenta que trillan el camino de la ilegitimidad y la insolvencia? ¿Hay tiempo todavía para que la JCE pueda transformarse en una entidad creible para el conjunto de actores del proceso electoral? Solo de los miembros del pleno de ese organismo depende salvar su responsabilidad como profesionales reconocidos que son, y mejorar la percepción de que no están cumpliendo con su responsabilidad.

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