La Iglesia contra el Gobierno

Foto: Trujillo y el papa Pío XII, al momento de la firma del Concordato, aún vigente entre el Estado Dominicano y el Vaticano

Interesante el debate que ha suscitado el sermón de las siete palabras del pasado Viernes Santos. Los obispos y sacerdotes de la Iglesia Católica han tomado como discurso el rechazo de la reforma de la Constitución, como desean los simpatizantes del presidente Danilo Medina.

Y el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Ozoria, ha sido la voz cantante en señalar que estamos en camino de una dictadura política, encabezada por las huestes del Partido de la Liberación Dominicana, y en particular los simpatizantes del presidente Medina.

A decir verdad, la Iglesia Católica ha sido coherente en resaltar los peligros del continuismo, en reseñar los daños de la corrupción, además de lo corrosivo del apego al poder, a los cargos, a las posiciones públicas de los políticos oficialistas. Las siete palabras han sido el punto culminante de un concierto crítico que ya se veía venir de parte de los obispos y los sacerdotes. Las cartas pastorales emitidas en los últimos años han sido un clarísimo indicio de las desavenencias entre la Iglesia y el gobierno.

No es la primera vez que en el gobierno dominicano hay serias diferencias con los obispos. Los temas, además de la democracia, son de naturaleza ideológica y es positivo que estos asuntos se diriman abiertamente. Aparte está, por supuesto, el asunto presupuestario y el sostenimiento de las obras eclesiales por parte del gobierno. Igualmente, aparte se encuentra el concordado firmado por la dictadura de Trujillo con el Estado, y que sigue vigente desde 1954, sin que haya encontrado el pueblo un gobierno valiente que denuncie ese instrumento y le ponga fin, como han hecho tantos gobiernos de la región, incluyendo gobiernos conservadores, como el de Colombia. Renunciar al Concordato es y debe entenderse como una liberación de las trabas del pasado, firmado por el más sanguinario de los dictadores de América Latina, y especialmente con fines personales (su propio divorcio), admitido por la Iglesia Católica.

Las respuestas del gobierno a las críticas de los obispos y sacerdotes ha sido inmediata: Descalificar a la Iglesia para hacer críticas sobre la reforma de la Constitución, restarle calidad a una institución que de por sí es autócrata y contraria a todo régimen democrático, anotar el menguado prestigio de los eclesiásticos, en asuntos relacionados con la pederastia, o poner de relieve la reducción de militantes católicos en las iglesias de todo el continente. Todo ello es cierto, pero esquiva un asunto fundamental, que es al que se están refiriendo en las siete palabras los obispos y sacerdotes que han puesto voz a los reclamos de la mayor parte de la población dominicana.

Perpetuarse en el poder con medios no democráticos, como la compra de votos de los legisladores de la oposición, para conseguir legitimar una reforma de la Constitución de la República, no le da legitimidad a los cambios que se quieren hacer al artículo 124 ni al transitorio que impide a Danilo Medina volver a ser candidato presidencial en el 2020.

La Iglesia Católica tiene su agenda y la está siguiendo. El gobierno tiene la suya y la está siguiendo. Una dice que defiende la democracia y el derecho del pueblo a la libertad y a rechazar la dictadura. Y de paso rechaza la reelección de Danilo Medina. Los funcionarios del gobierno rechazan la acusación de la dictadura y dicen que Danilo ha sido el más democrático de los presidentes dominicanos, y que él tiene derecho a postularse nuevamente. Tal vez Danilo está tomando el camino de Nicolás Maduro, y de Daniel Ortega y de Evo Morales, que han desvirtuado una concepción política de la reelección, como opción Constitucional, para establecer la reelección como un derecho humano, que no se debe negar a ningún ciudadano. La Comisión Jurídica de Venecia, consultada por la OEA, ha dicho que no hay tal derecho humano a la reelección, que ese es un asunto constitucional de cada país.

Lo que corresponde ahora es que el gobierno de un paso al frente y denuncie el concordado firmado por el Estado con el Vaticano en 1954. El papa Francisco acaba de decir que quien ataca a la Iglesia es pariente del diablo. Claro, el papa negó en marzo del 2018 que existiera el infierno. Corresponde ahora que el gobierno de Danilo Medina de el primer paso para que salgamos del acuerdo entre el Estado y el Vaticano, que de nada ha servido a la sociedad dominicana, solo para divorciar a Trujillo de la mujer que había abandonado muchos años antes, y ratificar su matrimonio con María Martínez.

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