La débil institucionalidad

El principal problema de la democracia dominicana es la débil institucionalidad. Resulta paradójico que luego de 20 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, fundado por Juan Bosch, ese problema tenga la dimensión que hoy tiene.

Juan Bosch fue siempre muy claro sobre el respeto de la ley y su importancia para un sistema democrático. Una consigna de siempre del profesor Juan Bosch fue llevar a las autoridades a la legalidad. Es decir, hay que pelear políticamente para que los funcionarios cumplan con la ley, y para que el presidente respete la Constitución de la República.

El presidente de la República no puede estar en campaña electoral, sea ésta simulada o real, porque la Constitución de la República le prohibe ser candidato nuevamente. Asumir eso como una obligación es lo que corresponde a la autoridad máxima del país, y prohibir a los funcionarios que están dedicados a realizar campaña proselitista que sigan violando la Constitución. Claro, en estas condiciones, proponer eso es risible. Pero esa era la lógica con que actuaba el profesor Juan Bosch.

El fundador y líder del PLD se enfrentó a muchas campañas reeleccionistas del doctor Joaquín Balaguer, y tuvo que sufrir en carne propia el abuso del poder cuando la reelección se imponía, con los recursos públicos, a los candidatos de los partidos de oposición. Era claro que el Estado vencía con frecuencia al profesor Juan Bosch, incluyendo fraudes como los de 1990 y 1994. Podría parecer increíble que los discípulos del profesor Juan Bosch sean hoy los protagonistas de estos golpes a la institucionalidad democrática.

Y mencionamos hasta aquí la parte relacionada con la reelección, dejando de lado las manipulaciones a los organismos electorales, la recaudación de fondos públicos para la reelección utilizando la presión estatal o las obras públicas en proceso de construcción. O el uso que se hizo de los mecanismos del poder judicial en los tiempos del doctor Balaguer para doblegar a los opositores: Cuando a Juan Bosch o a José Francisco Peña Gómez se les prohibía hablar por la radio, o cuando se les perseguía y apresaba acusándoles de la muerte de periodistas e izquierdistas a manos de bandeleros paragubernametales, y se les achacaba a la oposición. Un caso patético fue el crimen contra Orlando Martínez, que se le quiso atribuir al entorno del profesor Juan Bosch.

Ahora ocurre con Miriam Germán Brito, una jueza con probidad e independencia, que se le quiere atribuir enriquecimiento ilícito, utilizar a un hijo como testaferro, ser amiga de un dirigente del PLD acusado de recibir sobornos como ministro de Obras Públicas, y hasta se le espía ilegalmente, con autorización del Procurador General de la República.

Todos los jueces deben estar atemorizados en el día de hoy si una persona de la dimensión de Miriam Germán Brito puede ser sometida y vapuleada como ha hecho Jean Alain Rodríguez, sin que pase nada, qué no le ocurriría a cualquier otro magistrado que no tenga la dimensión pública ni los 40 años en el poder judicial que tiene Miriam Germán, por el simple hecho de que el Procurador General de la República esté prejuiciado por una decisión o una crítica formulada por ese juez.

Estamos ante un serio problema de legalidad y de legitimidad. No hay nadie que pueda perseguir las ilegalidades del Procurador General de la República, y el presidente de la República, quien lo designó, no parece dimensionar el problema político e institucional que tenemos de fondo.

Y no se trata de achicar la dimensión de temas como la educación, la salud, el empleo, la inseguridad ciudadana. Son grandes problemas que esperan respuestas. Problemas que dependen de dinero del presupuesto para hacerles frente, como el del sector eléctrico.

Estamos ante problemas institucionales, de legalidad, que no requieren de dinero del Estado, sino de voluntad política para hacer lo correcto, para cumplir con la Constitución y las leyes. Claro, que esto está en manos de la calidad democrática de nuestros gobernantes y de su talante para respetar la Constitución, y su convencimiento de que la democracia es una construcción colectiva, no de un político apegado como una lapa al poder del Estado y al Palacio Presidencial.

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