El costo de las primarias abiertas y la violación de la ley de partidos

Es probable que pase desapercibido, y pocas instituciones y personas les llame la atención. Se dirá que estamos pagando el precio de disfrutar de una democracia, y que no debemos quejarnos ni presentar objeciones a que sobre la espalda de los ciudadanos se carga el costo de las elecciones primarias de los partidos políticos.

La Junta Central Electoral decidió cubrir la mayor parte de los 1,449 millones de pesos que costará la selección interna de los candidatos de los cinco partidos que decidieron realizar primarias abiertas.

La JCE aportará 1,249 millones de pesos. Ese dinero se lo solicitará al gobierno, que lo entregará para que los partidos puedan escoger a sus candidatos. Recordemos que el 80 por ciento de los fondos que reciben los partidos va a parar a manos de los que tienen más del cinco por ciento de los votos en la última elección.

Cuatro de las organizaciones políticas aceptaron que les descuenten 200 millones de pesos del financiamiento estatal, de manera proporcional, para cubrir la diferencia. Aparte de ello, la JCE tendrá que aportar la logística del proceso y algunos fondos adicionales que aún no han sido calculados.

Por suerte que el costo de las primarias internas se redujo a 1,449 millones para cinco partidos que decidieron realizar su selección de candidatos con el padrón abierto. La JCE había dicho que el costo estimado era de aproximadamente 5 mil millones de pesos.

¿Y por qué nos quejamos? ¿No es ese un monto razonable para ser pagado por la sociedad para resolver el problema de los partidos políticos?

Porque esa disposición de la JCE, aún con el consenso de los partidos políticos es contraria al artículo 47 de la ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, aprobada y promulgada el año pasado con el número 33-18, que dice claramente lo siguiente:

Artículo 47.- Apropiación de fondos para las primarias. Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.

La ley 33-18 acaba de ser aprobada y apenas se está poniendo en práctica por primera vez. Por esa razón no se entiende que la JCE haya manejado este tema con tanto desdén y favoreciendo el despilfarro de los partidos políticos que optaron por primarias abiertas. La indicación de la ley 33-18 es muy clara. Las interpretaciones que pudieran hacerse para justificar la decisión de la JCE resultan esperpénticas y para nada abrirían esa posibilidad. Pero los partidos políticos son los que deciden en esta materia y la JCE pareciera ser solo un convidado de piedra. Que pena. ¿Si se pidiera una rectificación sería mucho pedir?

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