Opinión

Nuestra América. La democracia problemática (2)

II. El quid de la democracia contemporánea

El pasado es prólogo del porvenir. Por eso retengo del recorrido precedente que la democracia es mucho más que constituciones políticas y elecciones más o menos libres. De ahí el aporte que Gerardo Munck (2007 y 2016), argentino y profesor de Yale tributa a sus coetáneos -fundamentalmente- en nuestra América latina.

Para Munck, democracia es más que celebración periódica y ordenada de procesos electorales en función de los cuales se traspasa ordenadamente el poder del Estado de unas manos a otras. La democracia no está circunscrita a los torneos electorales y a la participación en ellos. Tampoco es una concepción nominalista -además de minimalista- al estilo de lo que proponen Schumpeter (1942) o Dahl (1989; 1991) cuando hablan de método democrático con fines electorales.

En efecto, en adición a ser un sistema que cuenta con una justificación constitucional, así como elecciones inclusivas, limpias y competitivas para los puestos y dependencias estatales claves, la democracia según Munck se extiende a dos esferas adicionales del ordenamiento político característico del Estado de derecho:

(1ª) El entorno sociocultural de la política, es decir, los valores asumidos por la población y gracias a los cuales principios tales como por ejemplo libertad, igualdad, justicia y solidaridad, prevalecen en todo momento. Esos valores y sus principios no se desvirtúan ni se convierten en meras formalidades carentes de efectos prácticos y de consecuencias correctivas en medio de la rutina de cualquier grupo o sociedad que diga o pretenda vivir en democracia;

(2ª) El proceso de toma de decisiones del gobierno, integrado por el duplo participación ciudadana + instituciones públicas, que, para ser democrático, requiere el marco de referencia normativo en el que ambos lados de ese binomio se refuerzan positivamente entre sí.

De acuerdo a esa noción de democracia ampliada, el valor útil de un Estado, de un partido de gobierno o de un gobernante en específico no se mide tan solo por el número de obras materiales que realiza, las reformas que acomete, las piezas legislativas que aprueba, los favores, canonjías y privilegios que reparte o los lujos que ostenta cada funcionario; sino por la rectitud y el acatamiento al derecho con el que procede, el respeto a la dignidad de cada quien y el apoyo que merecen sus respectivas acciones públicas de parte del ciudadano que les otorga -o deniega- su debida legitimación.

Carentes de legitimidad, ni utilizando la fuerza física se querrá otorgar voluntaria y conscientemente el indispensable acuerdo -siempre momentáneo y circunstancial- al orden instituído y a su proceso de transformación en función de los derechos propios de la ciudadanía y los valores ciudadanos. De hecho, cuantas veces se registra el divorcio de la institucionalidad y el respaldo del buen ciudadano queda en evidencia la cruenta división de endebles regímenes democráticos desprovistos o en busca de su razón de ser constitutiva.

Es en ese contexto crucial que se requiere apostar a la prevalencia de la democracia ante las mañas y fuerza del más poderoso, tal y como ejemplifico a partir del caso dominicano.

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