Urgente

Dealers y chapuceros, ferias y bancos

El frenético tránsito de República Dominicana, siempre incontrolado por la autoridad y agitado por un enjambre de quejosos sobre el mismo caos que provoca, tiene de fondo un negocio gigante a menudo opaco: la venta de vehículos.

Setenta de cada cien dealers se mueven en el terreno cenagoso de la informalidad, sin certificación de calidad oficial que proteja al consumidor. Solo hay 1,100 vendedores formales, según registros de las asociaciones Nacional de Importadores de Vehículos (Anadive), Dealers del Cibao (Adeci) e Importadores de Vehículos Usados (Asocivu). Informales, se estima, hay al menos 500.

El stock de unidades registradas, a diciembre de 2018, ascendió a 4,350,8842 unidades (55% de motocicletas), 253,546 vehículos de nuevo ingreso más que en el 2017. De tal cantidad, 44,234 fueron automóviles, 30,476, jeeps, para un total de 74,710, de acuerdo al informe de la Dirección de  Impuestos Internos, publicado en mayo de de 2019.

El único requisito para ser vendedor es importarlos, pagar los impuestos de ley y colocarlos en cualquier lugar, incluso en los espacios públicos, obligando a los peatones a tirarse a la calle.

La garantía de calidad de los productos depende de la ética del vendedor, no de los celos del Gobierno por proteger al ciudadano. Y no todos creen en esa palabra que rige la conducta profesional aun en ausencia de vigilantes. Los honestos en sus negocios se pierden entre la intensa lluvia de trucos de mecánica y precios “atractivos” ofertados con discursos de ensueño que enajenan al comprador.

JUEGO SUCIO

Seleccione una muestra de esos establecimientos en diferentes ciudades (eso sí, sin prejuicio, ni manipulación), y haga una ronda de observación. Se asombrará del resultado.

Millajes alterados. Nada raro si un jeep registrado en Estados Unidos con 200,000 millas, aquí lo ofertan brilloso, con el odómetro en 20,000. O un automóvil traído de Korea, donde ha sido descartado por sobreuso y obsolescencia programada, con un registro de unas 700,000 millas, y aquí lo presentan con 150,000.   

Los remendados. Cada día crece más la práctica de comprar “a precios de vaca muerta”, vehículos chocados y liquidados en Estados Unidos y, aquí, en bancos y otras entidades similares, son tasados y asegurados full.

El Carfax. La exigencia del expediente de identidad del vehículo en EE.UU debería ser un primer paso, no el único, para la compra en RD. Pero hasta eso hay que verlo con ojeriza. Ya lo falsifican.

Talleres especializados. Por si no lo sabía, hay talleres para trucar esos medios de transporte, sin reparar en lo más mínimo en la seguridad del adquiriente. Por ejemplo, simulan que las bolsas de aire funcionan, si están dañadas; o, si no las tienen, hasta graban el letrerito “Airbag”. También pueden soldar la mitad salvada de un vehículo chocado con la mitad sana de otro colisionado, sin advertirle al comprador.

Precios abusivos. Comprados a centavos en subastas de chatarras, son importados y colocados a la venta por precios exorbitantes, no solo por los impuestos encarecedores, sino por especulación con bienes defectuosos.         

¿Y DESPUÉS?

Consumada la compra, la víctima queda sin amparo. La justicia casi siempre gira hacia el poderoso que le guiña un ojo. Hay que tener perseverancia de acero para revertir el engaño.

Algo debe hacer el Gobierno. La pasión por comprar vehículos se acentúa en República Dominicana. Indetenible, hasta ahora.

Los bancos, incluido el estatal Banreservas, se ufanan de las multimillonarias ganancias por las ventas en sus ferias. Pero cada día se hace más difícil distinguir entre dealer honesto y un delincuente del negocio. El que esté organizado en alguna institución no necesariamente garantiza calidad porque el malo carece de límite, se infiltra dondequiera. Peor si no está asociado.

Aunque el delincuente es como una hidra, ayudarían algunas estrategias de contención momentánea: colorear las matrículas de los vehículos de importación, según las condiciones. En las ferias, que todo medio de transporte exhibido tenga una certificación de calidad de Pro Consumidor u otra institución estatal, para garantizar la inversión del cliente (prevención, no quejas a posteriori). Regular el negocio, otorgar licencias de operación y arreciar las sanciones a los autores de los fraudes, comenzando por la devolución de cinco o seis veces el precio del vehículo involucrado. El negocio gana.

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