Opinión

Unificación de las elecciones: una trampa mortal

Nuestra corta memoria nos ha llevado a olvidar  que la razón de la división de las elecciones Presidenciales  de las Congresuales y Municipales fue el aplastante presidencialismo autoritario que históricamente ha castrado los liderazgos locales y ha vuelto decorativas las instituciones del Estado, colocándolas en función de los intereses de quien ocupa la Presidencia de la República.

En 1994 se realizó una reforma Constitucional que buscaba entre otras cosas, disminuir  poder de la Presidencia, el que le había garantizado al viejo caudillo, Dr. Joaquín Balaguer la instrumentalización de todas las instituciones del Estado. Fraudes electorales y  control del poder judicial son sólo dos de las tantas consecuencias del presidencialismo autoritario Balaguerista.  Más de 20 años después nos encontramos  nuevamente con el Poder Judicial secuestrado, y unos árbitros del certamen electoral por demás cuestionados.

La República Dominicana sufre de un Presidencialismo autoritario cuyas prácticas son sustentadas en una cultura autoritaria que se extiende a lo largo de todas las instituciones públicas y privadas. Por eso todos llegan a los puestos electivos para quedarse, Alcaldes, diputados, senadores y sobre todo Presidentes. Y es justo este presidencialismo autoritario que busca instalar la reelección presidencial indefinida que subyace detrás de la “rehabilitación de Danilo Medina”, el cual ha sido presidente de manera continua por dos periodos, justo el límite de su propia Constitución (2015), según lo establece el artículo 124.

Es así que la separación de las elecciones Presidenciales de las Congresuales y Municipales buscan disminuir la influencia y por tanto el arrastre de la candidatura Presidencial, sobre las demás candidaturas. De hecho, luego de la separación de las elecciones surgieron nuevos liderazgos tanto a nivel congresual como municipal, entre los que se pueden mencionar al Senador Julio César Valentín de Santiago, las diputadas Josefa Castillo, Faride Raful y Gloria Reyes,  entre otros liderazgos. 

Se argumenta lo costoso de los procesos electorales cuando lo que realmente le está resultando extremadamente caro a la sociedad dominicana,  es la impunidad de la que disfruta la corrupción pública, como resultado de la cooptación que del Poder Judicial y Congresual  que logró el Poder Ejecutivo como resultado de la reforma Constitucional del año 2010. Sólo recordar que el uso de los recursos públicos en la campaña electoral del año 2012 le costó al pueblo dominicano más de 150 mil millones de pesos, que el mismo pueblo pagó con una reforma tributaria disfrazada de pacto fiscal.

Si se observan las principales demandas de la sociedad dominicana para terminar con la impunidad, estas apuntan a independizar al Ministerio Público del Poder Ejecutivo; así como modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura.  Por tanto reducir el poder Presidencial y expulsar del sistema político dominicano la cultura presidencialista autoritaria resulta imprescindible para retomar  el camino hacia una sociedad democrática,  donde prime el Estado de Derecho.

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