Substratos

Insana e improductiva asociación capital-Estado

“A medida que se impone la revolución (tecnológica), los gobiernos deberían limitarse a lo básico: mejores escuelas para proveer una mano de obra preparada, reglas claras y un campo de juego para las empresas de todo tipo. Y que los revolucionarios hagan el resto”-The Economist (2012).

La realidad del desarrollo dominicano saca a flote dos fenómenos muy relacionados, aunque de poca visibilidad para la mayoría de la gente. El primero es que el sector empresarial local, cuyas principales familias representativas consolidaron sus grandes fortunas a las sombras y bajo la protección y los incentivos del Estado, han estado eligiendo sus modelos de relacionamientos con él en función de sus intereses de corto o mediano plazo, sin rumbo estratégico acordado seriamente con la llamada clase política de los últimos cinco decenios. Nos estamos refiriendo a los más ilustrados empresarios tradicionales y a sus herederos activos, no a la llamada “nueva clase empresarial” cuya génesis es de factura relativamente reciente y con frecuencia sombría.

Esto tipo de funcionalidad bidireccional pobremente beneficiosa para lo que denominaríamos “bien nacional”, curiosamente se vio reforzada por aquellas historias neoliberales y monetaristas que proclamaban que el Estado debería ser reducido en sus dimensiones fundamentales porque había evidenciado ser incapaz de impulsar el afianzamiento competitivo de determinadas empresas o sectores económicos en los mercados propios y globales. Es el dogma (The Economist) de que el Estado es incapaz de impulsar la preeminencia de la tecnología y el conocimiento como única garantía posible de persistencia en un sistema económico global. Una colosal mentira desmontada por los nuevos keynesianos y schumpeterianos, por lo menos en el ejemplo de las potencias industrializadas, nuestros referentes obligados.

En el caso de las grandes potencias, especialmente los Estados Unidos, resulta absolutamente falso que el Estado haya sido un actor lamentable en materia de innovación y apoyos financieros sustanciales a iniciativas de alto riesgo que hoy disfrutamos como impresionantes adelantos tecnológicos. Por el contrario, los hechos demuestran fehacientemente que en esas naciones la innovación y el espíritu emprendedor provienen precisamente del Estado, sin que tal constatación sugiera que en determinados compartimientos del sector privado exista en efecto una cierta propensión al capital riesgo (CR). 

En el caso dominicano, vemos cómo el Estado ha invertido miles de millones de pesos en áreas fundamentales en los que el sector privado ha sido un socio malo, un gran beneficiario o un simple espectador. Paralelamente, la Administración ha dedicado gran parte de sus energías vitales a paliar los males derivados de un modelo de crecimiento mal enfocado desde sus orígenes e inevitablemente atrapado en la telaraña de un clientelismo voraz e impenitente. Lo peor: el clientelismo ha sido abundantemente retroalimentado por una cultura empresarial rentista con clara vocación oligopólica y monopólica.

Al margen de la exigua existencia de ejemplos de empresas aisladas aleccionadores, tenemos un sector empresarial donde la constante han sido las quejas y la espera del apoyo estatal. Unos gimotean frente a las supuestas excesivas regulaciones y trabas burocráticas, calificadas como importantes estorbos a sus posicionamientos exitosos; otros, como las innumerables asociaciones de pequeñas empresas y sectores agropecuarios específicos (un buen ejemplo es el subsector ganadero), llevan decenios lamentándose del escaso financiamiento estatal a sus actividades y programas.

Estos, además, se aferran hoy aterrados al discurso inútil de la maldición de las importaciones, la competencia desleal y la necesidad de una más eficaz y transparente intervención de los reguladores para poner fin a las importaciones de productos “de mala calidad” o “dudosamente auténticos”. Otros más viven al acecho de las contratas públicas y hacen lo indecible para alzarse con ellas, bajo el predominio de un enfoque cortoplacista que infla precios y alienta la intermediación especulativa.

Unos y otros son perseverantes en la defensa de la “conveniencia” de los sobrecostos en la economía; la utilización de mano de obra barata, masivamente informal y de baja o ninguna calificación; la competencia en base a precios; el mantenimiento del gasto fiscal -sin evidencias de impactos en la productividad-, y la evasión fiscal rudimentaria, visible o sofisticada. En definitiva, ven al Estado como ente legitimador de sus privilegios y ganancias extraordinarias.

Es así como nuestro Estado deviene en una especie de vaca de ordeño tanto en los momentos difíciles como en las épocas de bonanza. Este lamentable rol hace cada vez menos efectiva su función rectora del desarrollo y aleja toda posibilidad de que, al decir de Mariana Mazzucato (2014), elija a los ganadores y asuma los riesgos de inversión que le corresponden, formule y respete las rutas estratégicas y fije los medios para hacerlas positivamente factibles.

Estamos arribando a un Estado que es incapaz de hacer cumplir su propia legalidad, con el agravante de que muchos malos ejemplos de la misma Administración garantizan la continuidad del aciago fenómeno.

El discurso de la competitividad deviene así en retórica de duración efímera sin resultados tangibles. Se impone cambiar el rumbo y hacerlo sin mea culpa, pero de manera responsable y sostenible. Debemos arribar de una vez por todas a la vinculación directa y convincente del gobierno con la tecnología, la innovación y el espíritu emprendedor. Pero otra calidad de sector privado debe coexistir con el Estado renovado para que ello se concrete en una revolución económica y social. Los empresarios deben hacer su parte de manera radicalmente diferente. El Estado debe cambiar y ser el benefactor del conocimiento, la tecnología y la productividad. ¿Es tarde?

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